Puigdemont y los consellers que están en Bruselas no irán a la Audiencia Nacional
El Govern catalán ha confirmado que el president, Carles Puigdemont, y los consellers que están con él en Bruselas no prevén ir a declarar a la Audiencia Nacional este jueves y viernes al considerar que se trata de un juicio político «efectuado al dictado del Gobierno del Estado español». Se quedarán en Bruselas para denunciar la situación ante la comunidad internacional pero no eludirán la justicia. Sí acudirán al tribunal especial el resto de consellers.
En un comunicado difundido por el Govern, explica que parte de los consellers comparecerán ante la jueza Carmen Lamela «como denuncia de la falta de garantías del sistema judicial español y de su voluntad de perseguir ideas políticas», mientras que el resto permanecerá en Bruselas para hacer llegar su queja a las instituciones europeas.
El texto aclara que Puigdemont y los consellers que se encuentran en Bélgica –Toni Comin, Meritxell Serret, Meritxell Borràs y Clara Ponsatí– no pretenden eludir la justicia, y afirma que responderán a las citaciones –que recuerda que han recibido en un breve plazo– según los mecanismos previstos por la Unión Europea.
«En ningún caso los consellers y el president que se quedan en Bruselas contemplan eludir la justicia, sino que justamente la reclaman, y responderán a las citaciones de acuerdo con los mecanismos que ya están previstos en la UE en estas circunstancias», aclara.
Aunque no entran en detalles sobre cómo responderán a las citaciones, su abogado, Paul Bekaert, ha precisado que solicitarán declarar desde la capital europea.
En la nota, el Govern señala que Puigdemont y los consellers que están con él «se quedarán en Bruselas para denunciar ante la comunidad internacional este juicio político y para emplazar muy especialmente a Europa a afrontar una solución dialogada al conflicto».
Denuncia que estas citaciones judiciales «se enmarcan en un sumario sin fundamento jurídico que solo busca castigar ideas. Estamos ante un juicio político». Asimismo, censura la «desproporción de las penas solicitadas por el fiscal, reprobado por el Congreso español, equivalentes a delitos como el asesinato o el terrorismo», y que demuestran que estamos «ante un juicio político efectuado al dictado del Gobierno del Estado español».
El Govern ha expresado su compromiso con la defensa de los derechos y libertades en Catalunya, y ha avisado de que afrontarán «las posibles penas de prisión que nos esperan como una denuncia de la situación que vive la democracia en el Estado español y como un grito a favor de la libertad de nuestro pueblo».
En el comunicado también se indica que los consellers que están en Catalunya sí acudirán a declara a la Audiencia Nacional «como denuncia de la falta de garantías del sistema judicial español y de su voluntad de perseguir ideas políticas».