La Audiencia navarra confirma el archivo provisional del «caso UAGN»
La Sección Primera de la Audiencia mantiene que las irregularidades no pueden encuadrarse en un delito de fraude, por tratarse de subvenciones menores de 120.000 euros y desestima el recurso del Gobierno. Aun así, abre la puerta a que el Ejecutivo solicite el reembolso.
El «caso UAGN» ha quedado archivado provisionalmente y el auto es firme. El Gobierno navarro no ha conseguido con su recurso que la investigación de los cursos continuara, pese a que en él daba cuenta a los tribunales de nuevos escándalos de firmas falsificadas en proyectos que la UAGN o entidades vinculadas realizaban para el Servicio Navarro de Empleo.
Los jueces esgrimen varios motivos, entre los que destaca el hecho de que la mayoría de las subvenciones en las que aparecen firmas no reales tienen una cuantía inferior a los 120.000 euros, que es mínimo para que se considere delito. Asimismo, entienden que el plazo para la investigación se agotó sin que las partes o el fiscal solicitaran continuar con las pesquisas.
Según se detalla en el auto, todo comenzó por la denuncia de una extrabajadora del sindicato ante la Guardia Civil en el año 2014, después de que fracasara su intento de avisar directamente al Departamento de Medio Ambiente a través de una carta dirigida a Javier Esparza en la que se narraban una serie de irregularidades de las que las tres trabajadoras eran conocedoras y testigos. Un escrito al que el exconsejero respondió negando que hubiera irregularidad alguna. Por contra, la Guardia Civil sí que abrió una investigación en la que fue llamando a diversos de los presuntos asistentes, confirmando muchos de ellos que jamás tomaron parte en dichas actividades.
En su recurso, el Gobierno navarro subrayaba que solo se habían investigado nueve expedientes de un total de 26. Además, negaba la prescripción de un presunto delito de falsificación documental relativo a una factura de 2010.
El auto también asegura que no se puede concluir que Rural Imagen prestara servicios falsos a la UAGN. Sostiene que los pagos que esta empresa realizó a José Andrés Palacios y Jesús Recalde fueron en concepto de dietas y tributaron IRPF.
La Audiencia considera que los testimonios de las trabajadoras denunciantes han sido contradichos «por el resto de los testigos», por lo que no se puede probar que de forma voluntaria se haya defraudado.