Lakua censa finalmente 4.113 casos de torturas, el 73% después de la muerte de Franco

El informe del Gobierno de Lakua, primero oficial que se realiza sobre la tortura, ha sido cerrado con la confirmación de 4.113 casos desde 1960. Lo ha elaborado un equipo del Instituto Vasco de Criminología liderado por Paco Etxeberria, que ha admitido expresamente la dureza de la labor. Lakua emplaza al Estado, pero también abre la puerta a su autocrítica.

Hace año y medio el Gobierno de Lakua presentó el avance del primer estudio oficial sobre la tortura desde 1960 a la actualidad (restringido obviamente a ciudadanos de la CAV), y hoy ha anunciado que se cierra con un total de 4.113 casos confirmados. Una práctica masiva, por tanto, en la que pese a su gran volumen las cifras no reflejan el horror: «No existen palabras en los idiomas y en los diccionarios para describir el nivel de sufrimiento de una persona que está siendo torturada», ha manifestado Paco Etxeberria, director del trabajo.

De hecho, han sido muchos los que han acudido al Instituto, se han puesto el micrófono para grabar su testimonio y luego no se han sentido capaces de hacerlo. Por ello y por el tiempo pasado en tantos casos, se asume que la cifra no es completa ni mucho menos.

Con todo, supone un reconocimiento pionero de la tortura a nivel institucional («un paso» ha dicho Jonan Fernández en nombre de Lakua). Y también un caudal de información muy importante: además del censo de 4.113 casos (con 3.415 víctimas en total, dado que algunas lo sufrieron dos o más veces), se han grabado en audio o vídeo más de mil testimonios, se han sometido al Protocolo de Estambul 202 (mostrando alta credibilidad), se han analizado y archivado más de 26.000 documentos, y quedan todavía 454 expedientes pendientes de análisis. Etxeberria ha dicho que aunque el trabajo se dé por acabado, el Instituto Vasco de Criminología sigue teniendo abiertas sus oficinas para atender a quien quiera contarlo.

En el desglose sobresale el hecho de que el 73% de los casos recogidos sean del periodo de la autodenominada «democracia española», con una raya divisoria que se establece en 1978, aunque cabe matizar que lógicamente la parte del franquismo está infrarreflejada por el paso del tiempo y la desaparición de las víctimas. Por contra, no hay denuncias de torturas ya desde 2014 a la actualidad.

Como conclusiones, el secretario de Convivencia de Lakua Jonan Fernández ha destacado la «presencia importante» de esta lacra, la evidencia de que «no ha sido suficientemente investigada», la constatación paralela de que «no ha recibido la atención sociopolítica ni mediática» que debía, y finalmente la ausencia de reconocimiento y reparación a quienes la han padecido.

Tras ello, y teniendo en cuenta que la mayoría de los casos corresponden a Policía y Guardia Civil, ha manifestado Jonan Fernández que «los poderes del Estado deben sentirse concernidos», les ha instado a una «investigación independiente» y les ha planteado además medidas de prevención para que no vuelva a ocurrir. En cuanto a la Ertzaintza (336 casos recoge el informe), ha apuntado una realidad diferente por la existencia de «un modelo preventivo» y porque no existen condenas judiciales, pero ha matizado luego que ello «no debe servir para una lectura autocomplaciente».

Ha añadido que a las víctimas se les debe un reconocimiento del Gobierno de Lakua. Y entre los compromisos que se adoptan está canalizarlo a través de la Ley de Víctimas de 2016 (hoy bloqueada por el Constitucional español), la mejora del modelo de prevención, y el traslado del informe tanto al Instituto Gogora como a la Ponencia de Paz y Memoria en marcha en el Parlamento de Gasteiz.