Iparragirre espera al fiscal tras otra hospitalización

El caso de Ibon Iparragirre no puede esperar más. Su nuevo traslado al Hospital Principe de Asturias este lunes ha puesto de manifiesto que su situación es límite, tal como recoge el informe elaborado por un facultativo del Colegio de Abogados de Madrid. Sin embargo, el titular del Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria, José Luis Castro, continúa a la espera de que la Fiscalía de la Audiencia Nacional se pronuncie sobre la aplicación del artículo 104.4.

Ibon Iparragirre ha sido devuelto a la prisión de Alcalá Meco tras ser sometido a diversas pruebas en el Hospital Principe de Asturias anteayer. El preso vasco, enfermo de sida, comenzó a toser la semana pasada y su situación se agravó durante el fin de semana. Sin embargo, la ausencia de médicos demoró hasta el lunes su traslado al centro sanitario.

Con independencia de los resultados que arrojen los análisis, el nuevo traslado de Iparragirre pone de manifiesto la situación límite del represaliado, que apenas cuenta con defensas, tal como remarca el último informe elaborado por un profesional del Colegio de Médicos de Madrid a petición del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional.

El estudio no solo confirma el riesgo de fallecimiento del preso apuntado por otras instancias, sino que certifica que este cumple las condiciones para su excarcelación, recogidas en el artículo 92 del Código Penal y en el 104.4 del Reglamento Penitenciario. «Si persisten las actuales circunstancias de vida del paciente [en la cárcel], se mantendrá la situación de muy grave en el estado de su enfermedad», alerta el facultativo.

Una seria advertencia que debería abrir la puerta a la excarcelación de Iparragirre, toda vez que el propio juez Castro situó este dictamen como definitivo. Pero aún falta saber la posición de la Fiscalía, que deberá informar si está a favor o en contra de la aplicación del 104.4.

En declaraciones a GARA, el abogado del preso ondarroarra, Iñaki Goioaga, mostró ayer su confianza en que la Fiscalía se pronuncie en las próximas horas. «Es lo más lógico», destacó tras recordar que «normalmente» el Ministerio Público cuenta con dos días para responder a los requirimientos del juez. En el caso de Ibon Iparragirre ha pasado ya una semana desde que fue emplazado.

Tras analizar toda la documentación, Castro emitirá un fallo que podría ser recurrido por la Fiscalía en el plazo de cinco días. Esto demoraría la puesta en libertad del represaliado que, tal como indica el informe médico, se encuentra «muy grave». «Su especial vulnerabilidad hace más peligrosa su vida en colectividad, ya que agentes infecciosos que son inofensivos para una población normal son patógenos agresivos para una población con defensas disminuidas», señala el médico del Colegio de Madrid.

Cabe recordar que Iparragirre fue diagnosticado de VIH hace más de veinte años y su recuento de células CD4 está en cotas mínimas. En un informe fechado el día 11 de octubre, los médicos indicaron que la evolución de la enfermedad «rompe criterios estadísticos y clínicos de esperanza de vida». Y alertaron de que no puede «dictaminar con certeza un pronóstico vital a corto, medio o largo plazo».

El propio Goioaga subrayó hace un par de meses que «existe un peligro inminente» para la vida de Iparragirre. Y traslados como el de este lunes confirman que el preso no puede esperar más. En un escueto comunicado publicado el lunes en las redes sociales, Iparra Galdu Baik reclamó una vez más que la puesta en libertad es imprescindible.

En las últimas semanas han sido muchas las instituciones que se han sumado a esta petición, que también cuenta con el apoyo de colectivos sociales, políticos y sindicales. Basta con ver las manifestaciones y concentraciones celebradas estos últimos meses.

Su salud ha empeorado hasta «un punto de no retorno»

Jaiki Hadi recuerda en el informe de este año que «la cárcel, tanto por su estructura como por su normativa interna, es un medio que limita y condiciona de forma importante a las personas reclusas en ella. Ello conlleva que las personas que se hallan encarceladas que padecen algún tipo de enfermedad sufran de manera especial estas limitaciones y trabas».

En el caso de Iparragirre, «la naturaleza de su enfermedad precisa de un lugar y entorno adecuados, donde los efectos de la infección no empeoren su situación sanitaria, por lo que es evidente que la cárcel no es el lugar adecuado para ello». «La estancia en las diferentes cárceles, junto a las condiciones de vida que ha padecido en ellas, han provocado que tanto su estado anímico como físico hayan ido empeorando hasta un punto de no retorno. Y la no consecución de sus dietas y complejos vitamínicos no han ayudado ni a su nivel de defensas ni a la seguridad y energías necesarias en una situación de indefensión total», señala el colectivo. I.S.