La AN opta por encerrar a Iparragirre en un centro de Arrasate

El Juzgado de Vigilancia Penitenciaria ha determinado el traslado de Ibon Iparragirre a la Unidad Cerrada del centro Aita Menni de Arrasate, dirigido a enfermos crónicos, argumentando que «permitirá mejorar la calidad de vida» del preso gravemente enfermo. Etxerat y Sortu critican la decisión de la Audiencia Nacional y reclaman la puesta en libertad.

El Juzgado Central de Vigilancia Penitencia he hecho público hoy un auto en el que insta a las Administración Penitenciaria a acordar «a la mayor brevedad posible» el traslado de Ibon Iparragirre a la Unidad Cerrada del centro hospitalario Aita Menni de Arrasate. Es una medida planteada a última hora por la Fiscalía cuando lo que se esperaba era la excarcelación tras los informes médicos contundentes. Todavía cabe opción de recursos.

El tribunal de excepción reconoce que existe un «riesgo vital» para el represaliado vasco, enfermo de sida. Alude a la enorme disminución de las defensas, «lo que aumenta la posibilidad de enfermedades oportunistas como la neumonía –que ya padeció Iparragirre– y que pudieran, de no tratarse adecuadamente, producir la muerte del mismo».

«Si el estado de salud del penado se agravase por la presencia de enfermedades oportunistas que puedan conducir a la muerte de este, su ubicación en un centro hospitalario de de crónicos como el referido, permitirá controlar la enfermedad del interno y valorar en un tiempo prudencial la evolución de la misma a los efectos legales oportunos», recoge en consecuencia el auto, en el que se deja finalmente abierta la puerta a la aplicación del artículo 91 del Código Penal.

En el mismo, se establece que podrán obtener la suspensión de condena y la concesión de la libertad condicional los «enfermos muy graves con padecimientos incurables, y así quede acreditado tras la práctica de los informes médicos que, a criterio del juez de vigilancia penitenciaria, se estimen necesarios». Una circunstancia que se cumple en el caso de Iparragirre, ya que existen al menos cuatro informes en los que se da cuenta de la grave situación del preso. Sin embargo, de momento lo único cierto es la decisión de llevarlo a Arrasate.

Cabe señalar que el propio auto de la Audiencia Nacional señala que «ni el Centro Penitenciario –en este caso Alcala-Meco–, ni la propia Enfermería del mismo son los lugares más adecuados para atender a un interno en un estadio de VIH C3 en el que está expuesto a cualquier infección mortal por escasez de defensas. No debemos obviar que los Servicios Médicos de las prisiones tienen la consideración de Centro de Atención Primaria, de ahí que el penado haya sido trasladado nueve veces a un centro hospitalario externo ante la presencia de síntomas infecciosos».

«En consecuencia resulta razonable el traslado a un centro hospitalario a fin de controlar la situación actual de la enfermedad ante la posibilidad evidente de enfermedades oportunistas, dado el bajo número de defensas del interno», añade. Según los últimos informes médicos el recuento de células CD4 de Iparragirre es inferior a veinte, cuando una persona sana cuenta con entre 723 y 1.124.

Etxerat y Sortu

El auto de la Audiencia Nacional ha suscitado el malestar de Etxerat, que considera «insuficiente y cruel» el ingreso en Aita Menni. «Al objeto de poder estabilizar su enfermedad y respetar así su derecho a la salud y una asistencia médica digna, entendemos que la legislación penitenciaria dispone de suficientes mecanismos como para garantizar se cumplan las medidas de control, como son la pulsera telemática o la presentación periódica en el juzgado», ha señalado, y ha destacado que Iparragirre «debe estar junto a los suyos y debe recibir tratamiento dignamente en su casa»

En la misma línea se ha pronunciado Sortu, que ha querido dejar claro que «no es esta la decisión judicial que esperábamos, dado que se podían haber tomado otro tipo de decisiones que conciliasen las medidas de control con la necesidad de un tratamiento adecuado para su enfermedad, en su casa y con sus familiares».

«Ibon debería haber estado en la calle desde hace tiempo con solo habersele aplicado el 'principio de humanidad', un principio que esta vetado para los presos políticos vascos gravemente enfermos. La decisión que se le aplica ahora a Ibon entra dentro de la dinámica de la legislación de excepción, en la que sigue primando el castigo y la venganza y no la justicia», ha subrayado en un comunicado.