Los demandados por «Ugarteko» explican que buscar la verdad es su derecho y deber

En el juicio contra Jone Goirizelaia, Iñaki Soto, Iñaki Iriondo, GARA y Naiz, la abogada y los periodistas explicaron que su actuación se ha ceñido al ejercicio de su profesión y al objetivo de desentrañar la verdad sobre la muerte de Iñigo Cabacas. La Fiscalía reconoce el derecho a informar sobre «Ugarteko» y sobre todo lo que ocurrió aquella noche.

Restan pocos meses para que se cumpla el sexto aniversario de la muerte de Iñigo Cabacas por un pelotazo de la Ertzaintza y ayer se celebró el primer juicio derivado de aquellos hechos. En el banquillo de los acusados, la abogada de su familia, Jone Goirizelaia, el director de GARA, Iñaki Soto, y el periodista de este diario Iñaki Iriondo. A su izquierda, como demandante, Iñaki Larrea, coordinador del operativo que convirtió aquella noche de fiesta en una tragedia, la persona que ordenó «entrar con todo», una expresión que fue sometida a análisis semántico durante la vista, pero cuyo significado todo el mundo ha entendido siempre en este país.

Unas filas detrás se sentaron Manu y Fina, padre y madre del joven basauriarra, que la víspera, en un comunicado, habían reprochado a “Ugarteko” que pretendiera pasar por víctima, cuando la única persona acreedora de tal condición en este caso es su hijo. No llegaron a oírle, pues abandonaron la sala al de un rato. Si se hubieran quedado habrían escuchado al suboficial decir que la muerte de Pitu le hizo sentir «triste» unos días, pero nada que ver con la «depresión» posterior a difundirse su identidad. O reconocer que en este tiempo de «estrés» sí ha podido practicar su afición, el buceo, pero sólo para evadirse.

Larrea, que demanda 250.000 euros por lo que considera una campaña en su contra, admitió que no ha causado baja por este asunto, e insistió tanto en que él no tenía «nada que ver con el homicidio» de Iñigo, que parecía estar buscando un fallo absolutorio sobre aquellos hechos más que ninguna otra cosa.

Llegar hasta el fondo

Será en otro juicio donde se diluciden esas graves responsabilidades, y aunque “Ugarteko” no esté imputado, su proceder aquella noche será sometido a escrutinio. Por esta razón, resulta llamativo que su abogado, esta vez como acusación, pudiera interrogar e interpelar a Goirizelaia por su estrategia y por los pasos acometidos durante la instrucción de ese sumario.

Con todo, la abogada situó sus actuaciones, tanto en el ámbito estrictamente judicial como de cara al público, en el objetivo de llegar al fondo de lo ocurrido. «Que se investigue, que se llegue hasta las últimas consecuencias, que se depuren todas las responsabilidades en el ámbito penal», expuso, apostillando que no ha habido «ninguna intención de ninguna otra clase, ni de injuriar a nadie, ni de molestar a nadie, ni de hacer daño al honor a nadie, absolutamente a ninguna persona; simplemente que se haga justicia para la familia Cabacas y para Iñigo».

Indicó que había solicitado la imputación de “Ugarteko” por su responsabilidad en la cadena de mando, y negó haber filtrado las grabaciones. Un afirmación que corroboró luego Iñaki Soto, quien recordó por su parte que un periodista no tiene obligación de destapar sus fuentes.

Información contrastada

El director de GARA rechazó que las grabaciones publicadas estuvieran manipuladas –algo que asumió como cierto la Fiscalía–, explicó que fueron contrastadas y destacó que establecen una cadena de mando en el operativo en el que falleció Iñigo Cabacas. Iñaki Soto recordó que no fueron GARA ni Naiz quienes dieron a conocer el número de placa de “Ugarteko”, sino que lo hizo otro diario. También defendió el derecho de un medio de comunicación a opinar y fijar postura editorial en este asunto.

Iñaki Iriondo explicó, frente a la acusación de haber revelado la identidad del policía, que su número se publicó primero en “El Correo” y que él recurrió al BOPV para conocer el nombre y apellidos, un recurso al alcance de cualquiera. En todo caso, la fiscal señaló en su turno de conclusiones que la revelación de la identidad del demandante también forma parte del derecho a la libre información, por ser de relevancia pública. Iriondo indicó asimismo que fue el propio Gobierno de Lakua el que dio a conocer las identidades, con nombres y apellidos, de hasta 22 mandos de la Ertzaintza, unos datos que hasta entonces no se hacían públicas por razones de seguridad. Por ello, el periodista de GARA dijo que entendieron «que esas razones de seguridad están levantadas por el propio Departamento de Seguridad» del Ejecutivo autonómico.

Llegado el turno de “Ugarteko”, este sostuvo que tras la publicación de las comunicaciones en Naiz, se «derrumbó», estando en tratamiento sicológico durante año y medio. El ertzaina aseguró que tiene miedo a ser agredido, una afirmación que ratificó como testigo el representante del sindicato Euspel Jesús Castelo, quien dijo que sacaron un comunicado alertando de que su compañero podría ser atacado, y señaló que en las redes sociales se le llama asesino.

También declararon un compañero de comisaría, así como la psicóloga y el psiquiatra que le trataron entre abril de 2013 y octubre de 2014. En este periodo, según explicaron ambos, estuvo un año con tratamiento psicofarmacológico por «trastorno de adaptación ansioso depresivo», un cuadro «leve». En 2014 se le dio de alta, cuando «la sintomatología remitió».

El papel de la prensa, a juicio

En las exposiciones finales, el abogado de “Ugarteko” insistió en presentar a su cliente como víctima de un «juicio paralelo», y lamentó que a causa del mismo el policía estará relacionado durante toda su vida con este caso. Por ello, insistió en reclamar una indemnización a Jone Goirizelaia, y a los medios y periodistas demandados.

La representante del Ministerio Fiscal, por contra, mantuvo que las declaraciones realizadas en ruedas de prensa por la abogada están amparadas por el derecho a la libertad de expresión, pidiendo que se desestimen las acusaciones contra ella y también contra Iñaki Iriondo.

La fiscal consideró que las grabaciones se difundieron «por orden cronológico» que y no se produjo «un montaje», por lo que están amparadas por el derecho a la libre información. Del mismo modo opinó sobre la mayoría de las informaciones analizadas en el juicio. Sin embargo, sí dijo ver vulneración del derecho al honor en dos noticias, por lo que planteó una indemnización de 13.000 euros, además de la eliminación de las informaciones en la página web y la publicación de la sentencia.

Por parte de la defensa de GARA y Naiz, los abogados Ion Usobiaga e Ibon Altuna pidieron la desestimación de las acusaciones y denunciaron que «se está enjuiciando el papel de la prensa», insistiendo en que las informaciones están amparadas por la libertad de expresión. Asimismo, destacaron que no se han acreditado daños personales ni secuelas en “Ugarteko”, sino que al contrario, su nivel de ingresos ha ido a mejor en este periodo.

Ana Isabel Tudanca, representante legal de Goirizelaia, afirmó que su defendida «todo lo que ha hecho desde que se personó como acusación particular es para intentar depurar responsabilidades de todos los que, de una manera u otra, intervinieron en el fatal desenlace» de la noche del 5 de abril de 2012. Y enfatizó que si se ha conseguido que la instrucción vaya adelante y haya seis imputados es gracias a la actuación de la acusación.

El juicio quedó visto para sentencia. El juicio por la muerte de Iñigo Cabacas todavía aguarda.

«El Gobierno de Lakua tiene un problema con la Policía»

Tras el juicio, el director de GARA, Iñaki Soto, valoró ante los medios que hay tres cuestiones sobre las que abrir una reflexión. «La primera –expuso– tiene que ver con la libertad de expresión y con la libertad de prensa, que es lo que se estaba intentando juzgar, porque a un policía le convenía que no se publicara una información». Añadió que «el Gobierno de Lakua tiene un problema con la Policía, con una cultura policial que corresponde con tiempos pasados y sobre la que tienen que reflexionar». «Nosotros pensamos que ellos son conscientes de ello, pero juicios como el de hoy muestran qué tiene una parte importante de esos policías en la cabeza, qué idea tienen sobre la democracia y los derechos», añadió. Y en tercer lugar, valoró que «esta sociedad tiene una deuda con la familia de Iñigo Cabacas». «Lo que han vivido es muy cruel, necesitan conocer la verdad, nosotros nos comprometimos con ella y creo que hemos ayudado a acercarnos a ese objetivo; necesitan justicia y necesitan reparación. Y un día como hoy deberíamos hacer todos una reflexión profunda y serena para poder avanzar realmente en esos tres términos».

Por su parte, el decano del Colegio Vasco de Periodistas, Jesús Coterón, consideró que el enjuiciamiento de ayer, al que dijo no ver «ningún recorrido», va «contra la libertad de información y expresión, que es consustancial en la labor periodística». Coterón hizo estas declaraciones ante los juzgados, donde decenas de personas se concentraron a iniciativa de la plataforma “Iñigo Gogoan”. También el director de “Berria”, Martxelo Otamendi, e Iban Arregi, consejero delegado de Berria Taldea, manifestaron su apoyo. ELA y LAB se solidarizaron con la familia de Iñigo Cabacas y todos los encausados.GARA