Jordi Sànchez reveló al juez los mensajes que intercambió con el Gobierno español antes del 1-O
El expresidente de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) y número 2 de JxCat, Jordi Sànchez, que lleva más de cien días encarcelado, declaró ante el juez Pablo Llarena que tenía mensajes telefónicos privados «con representantes del Gobierno» español días antes del referéndum del 1-O que «no hacían prever en ningún caso lo que ocurrió el 1 de octubre».
Así lo señaló Sànchez al magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena durante su declaración el pasado 11 de enero, según un audio publicado en la edición digital de La Vanguardia y que ha sido confirmado a Efe por fuentes presentes en esa declaración.
«Hubo muchas conversaciones, durante esos días, algunas de ellas con representantes del Gobierno de España, concretamente el 30 de octubre (en referencia al 30 de septiembre). Y esas conversaciones, algunas de ellas están en mensajes telefónicos guardados, no hacían prever en ningún caso lo que ocurrió el 1 de octubre», explicó el número dos de la lista de Junts per Catalunya (JxCat) a preguntas del fiscal sobre el 1-O.
«Son comunicaciones privadas que a mí me hacían prever que podría haber en algún lugar alguna tensión, algún altercado, pero no lo que ocurrió el 1 de octubre, porque incluso el propio auto de la juez hablaba de principio de oportunidad, de proporcionalidad, que es el que rige en cualquier actuación policial», prosigue.
Sànchez, que se ofreció al instructor de la causa para aportar esos mensajes, consideró que «la resistencia pasiva de la ciudadanía con la voluntad de las fuerzas de requisar las urnas generaron situaciones donde hubo imágenes muy duras que nunca se tenían que haber producido. Las agresiones que sufrieron los ciudadanos y los agentes de seguridad ha sido lo peor en muchos años que ha ocurrido en Catalunya».
El expresidente de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) admitió que sabía que el 1-O era un acto al margen de la legalidad española, aunque justificó su actuación en que «quizá mi error fue pensar que, como ya sucedió en la consulta del 9 de noviembre, habría una prohibición que haría que ese acto definido como referéndum no tendría unas consecuencias legales y que habría una acción proporcionada, una acción de oportunidad de los cuerpos y fuerzas de seguridad que lo único que garantizarían era que no hubiera incidentes».