Perder un hijo durante el parto y ser encarcelada en El Salvador

Teodora del Carmen Vásquez de Saldaña, salvadoreña de 34 años, lleva 10 en la cárcel y tiene por delante otros 20. Saldrá de prisión cuando cumpla 54. Está acusada de «homicidio agravado», de matar a su hija al nacer. Ella asegura que tuvo un problema médico durante el parto, que se desarrolló sorpresivamente, sin que tuviese atención médica, y que el bebé nació muerto. No le ha servido ni el apoyo de Amnistía Internacional, que la convirtió en imagen de una campaña internacional. Un juzgado rechazó en diciembre su apelación.

El Salvador tiene una de las leyes más restrictivas en relación a la interrupción voluntaria del embarazo. Desde 1998, abortar está perseguido bajo cualquier concepto. Aunque la mujer haya sido violada. Aunque la vida de la madre corra peligro. En 1999, el Gobierno derechista de Arena introdujo una modificación en la Constitución que declara que la vida humana comienza «desde el momento de la concepción», que es la interpretación impuesta por sectores reaccionarios y la Iglesia católica para prohibir el aborto bajo cualquier concepto.

En el caso de Vásquez de Saldaña, ella asegura que quería tener a su hija, que no tenía pensado abortar. Afirma que un problema obstétrico le dejó sin bebé y con una condena de 30 años por delante. Margarette May Macaulay, relatora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para los derechos de las mujeres, acaba de emitir un informe en el que insta a la Justicia salvadoreña a revisar las condenas impuestas a 28 mujeres en su misma situación. «Mi bebé ahora tendría diez años, pero las cosas no siempre salen como una espera», reflexionaba en la prisión de Ilopango, a 12 kilómetros de San Salvador, en julio de 2017. Aquel día participaba en un taller de la ONG Tiempos Nuevos Teatro (TNT) y todavía no sabía que el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador rechazaría su apelación.

Ella siempre ha mantenido la misma versión. Que el 13 de julio de 2007 se encontraba trabajando como limpiadora en el Liceo Canadiense, en San Salvador, que comenzó a sentirse mal y que le dijo a su jefe que creía que estaba de parto. Insiste en que llamó varias veces a emergencias y que nunca le atendieron. Sobre las ocho de la tarde, fue al servicio, a orinar, notó que «algo» caía y se desmayó. Dice que dejó un rastro de sangre, pero que ella no fue consciente, que la encontró un bedel de la institución, quien llamó a la policía. En ese momento las autoridades sí que acudieron y le acusaron de haber matado a su hija. La llevaron al hospital y de ahí a los juzgados, donde llamaron a los medios de comunicación y la exhibieron como una homicida. Así se enteró de su situación su familia, incluido su hijo. Desde entonces sigue encerrada.

«Es una guerra contra las mujeres»

La autopsia efectuada sobre el feto hablaba de «asfixia perinatal». Es decir, un accidente por el cual la recién nacida deja de recibir aire «antes, durante o después del parto». Sin embargo, Alfredo Adolfo Romero Díaz, el forense, añadió un elemento durante el juicio: aseguró que el bebé «había respirado».

Una contradicción que no fue tomada en cuenta por el tribunal. En la vista de apelación, otros dos doctores rebatieron la versión del homicidio. No lograron convencer a los jueces. «Esto ha sido lo peor que me ha pasado en la vida», explicaba Vásquez de Saldaña en julio.

«Es una guerra contra las mujeres», afirma Dennis Muñoz, uno de los abogados de la Plataforma para la Despenalización del Aborto. Según explica, existe un elemento de clase en las condenas a estas mujeres, ya que todas las perseguidas por este tipo de delitos son pobres. El proceso de Vásquez de Saldaña es prueba de ello. Pagó 400 dólares a un abogado que la dejó tirada cuando se dio cuenta de que no sacaría más dinero y tuvo asistencia de un letrado de oficio que apenas dispuso de un día para estudiar el caso. Actualmente solo le visita regularmente su hermana porque sus padres y su hijo residen en el interior y afirma que les cuesta demasiado organizar el viaje.

Las consecuencias de la restrictiva legislación sobre el aborto en El Salvador tiene diversas ramificaciones. Lo explica Mariana Moisa, de la Colectiva Feminista, que recuerda que muchas interrupciones del embarazo se realizan de forma clandestina, lo que pone en riesgo la vida de la madre; el negocio del mercado negro del «misoprostol», un fármaco abortivo que puede llegar a costar 200 dólares y que se dispensa sin control facultativo; o el suicidio de mujeres que no soportan su situación.

Actualmente, el FMLN lidera una propuesta que contempla cuatro causales: cuando el embarazo sea producto de una violación, cuando se produzca en caso de trata, cuando peligre la vida de la mujer o cuando se trate de una menor víctima de abusos. El cambio ni siquiera serviría para Teodora del Carmen Vásquez de Saldaña, pero sería un comienzo.