La denunciante del caso De Miguel se reafirma en que le pidieron abiertamente una comisión
La abogada Ainhoa Alberdi, que destapó la presunta trama de cobro de comisiones ilegales que sienta en el banquillo a exdirigentes del PNV alavés, ha mantenido hoy que los principales imputados le pidieron «abiertamente» una comisión y no una deuda por un trabajo anterior, como ha planteado la defensa.
Alberdi ha respondido a las preguntas que le han hecho entre otros los abogados de los principales imputados del denominado caso De Miguel; el que fuera número dos del PNV alavés, Alfredo de Miguel, y Aitor Telleria y Koldo Ochandiano, dos antiguos miembros de la Ejecutiva jeltzale.
La letrada fue la persona que el 2 de diciembre de 2009 denunció ante la Fiscalía de Araba que los principales imputados en esta presunta trama corrupta le reclamaron una comisión ilícita de 100.000 euros tras haber sido adjudicado en 2006 a su empresa –Urbanorma Consulting S.L.– un contrato para la ampliación del Parque Tecnológico de Miñano.
Al igual que ocurrió ayer a preguntas del fiscal jefe de Araba, Josu Izaguirre, la testigo ha sido contundente en sus respuestas a los letrados de las defensas y ha afirmado que Telleria y De Miguel le pidieron un tercio del contrato adjudicado y que «sí o sí» lo tenían que cobrar.
Ante la posibilidad de que esa reclamación fuera el resultado de una deuda que las empresas de su antiguo socio Jon Iñaki Echaburu, también imputado, tenía con Kataia, la empresa sobre la que supuestamente pivotaba la trama, como ha planteado el letrado de Telleria, Alberdi ha zanjado que era «imposible» porque la cuantía de 100.000 euros reclamados «ni se acerca» a los 30.000 euros que se debía.
«El señor Telleria de forma directa me ha pedido comisión», ha añadido en otro momento la testigo, quien ha asegurado también que Construcciones Loizate, de la que era titular Echaburu, pagaba comisiones, según le comunicó en su momento el que fuera director financiero de esa empresa, ya fallecido.
«Cerrar el asunto»
También se ha ratificado en que su primera intención no era denunciar, sino «cerrar el asunto y que cada uno fuera por su lado», pero que decidió ir a Fiscalía ante las «coacciones», «vetos» para participar en concursos y «presiones» a su padre que se produjeron tras su decisión de no pagar. Ha añadido que no actuó por «venganza» y que tampoco recibió amenazas físicas.
Durante su testimonio se han vivido momentos de cierta tensión. Así, el abogado de De Miguel ha hecho varias preguntas relativas a la situación tributaria de la empresa de Alberdi. «No sé qué tiene que ver esto», ha respondido la testigo. «Las preguntas las hago y luego sacaré las valoraciones oportunas», ha zanjado la defensa de De Miguel.
El presidente del tribunal, Jaime Tapia, ha intervenido entonces para aclarar que la situación tributaria de Alberdi no es objeto de este juicio y ha enmarcado esas preguntas en la estrategia «clásica» de tratar de poner en entredicho la fiabilidad del testimonio de la testigo.
Este mismo letrado también ha cuestionado las fechas de las grabaciones hechas por Alberdi, y esta ha reiterado que comenzó a grabar sus conversaciones con los principales imputados tras la reclamación de la comisión, que se hicieron la mayoría en 2009 y que si en las pistas de la grabadora figura que fueron en 2008 fue por su «nulo» conocimiento y manejo de ese aparato y el hecho de que no «programó» ni la fecha ni hora cuando la compró. «Se ha demostrado que no valgo para espía».
El juicio continuará este miércoles con la testifical entre otros del padre de la denunciante.