Acuerdan competencias para que la ciudadanía tenga más y mejores servicios públicos
La Ponencia de Autogobierno aprobó ayer con el apoyo de los dos grupos mayoritarios –PNV y EH Bildu– las bases y principios para fijar las competencias que se deben recoger en el Nuevo Estatus, para que la ciudadanía vasca disponga de «más y mejores servicios públicos y pueda participar más y mejor en las decisiones de las instituciones».
Después del preámbulo y el título preliminar, la Ponencia de Autogobierno acordó ayer las bases del apartado de competencias. Lo hizo, como en lo capítulos anteriores, con el voto favorable de PNV y EH Bildu, que como destacan sus portavoces son los dos grupos mayoritarios de la Cámara y que suman 46 de 75 parlamentarios. Elkarrekin Podemos anunció un voto particular, aunque su portavoz, Lander Martínez, no quiso especificar en qué competencias de las recogidas no está de acuerdo; quedando como única razón de su oposición que el camino tomado rebasa los límites del marco constitucional actual, aquel «candado del 78» del que hablaba antes Pablo Iglesias. Ese es también el eje de la posición del PSE, que no hará un voto particular a cada parte, sino uno general al final. El PP ni siquiera considera que sean necesarias nuevas competencias.
El objetivo de este apartado, según el texto aprobado, es que «las instituciones vascas cuenten con los instrumentos precisos para poder desarrollar las políticas públicas demandadas por la sociedad vasca y de ese modo la ciudadanía pueda acceder a más y mejores servicios públicos y pueda participar más y mejor en las decisiones de las instituciones».
Tres principios de renovación
La actualización del autogobierno recogida en el texto acordado ayer se basa en demandar las competencias todavía no transferidas, recuperar los poderes perdidos y aumentar lo que se ha venido a denominar «fondo de poder».
Es decir, por una parte, se defiende el actual Estatuto de Gernika, exigiendo que de manera inmediata se transfieran las competencias reconocidas que todavía permanecen en manos del Estado.
Además, se pretende «recuperar el poder público reconocido y transferido», pero que se ha visto «severamente menguado» por la actuación recentralizadora del Estado a través de leyes orgánicas, leyes generales y el Tribunal Constitucional.
Por último, el nuevo estatus debe contener nuevas competencias, «todas aquellas necesarias para garantizar los derechos políticos, económicos, sociales, lingüísticos y culturales de la ciudadanía».
«Blindaje competencial»
El acuerdo incluye una denominada «clausula residual» que prevé que todas aquellas competencias que no hayan sido expresamente reservadas al Estado español, «formarán parte del fondo competencial vasco», para lo que habrá que buscar el mecanismo oportuno que lo garantice.
Además, se entiende que el nuevo régimen de relación bilateral con el Estado debe tener un mecanismo de blindaje, basado en el «respeto y reconocimiento mutuo» que impida la modificación unilateral del Nuevo Estatus.
Como uno de los ejes es llevar al terreno político el sistema del Concierto Económico, el mecanismo para la preservar el blindaje de las competencias es crear lo que se ha denominado Comisión Mixta de Concierto Político, que sería un «foro paritario bilateral» que deberá pronunciarse para que «cada norma en cuestión adquiera vigencia en nuestro territorio».
También se prevé, «la creación de un foro de naturaleza arbitral –paritario y bilateral– que haga posible la resolución de conflictos competenciales mediante fórmulas de autocomposición».
La intervención del Tribunal Constitucional se entiende como «de última instancia», y se apunta que habrá que reconducir su «modelo y funcionamiento» a «parámetros que garanticen la imparcialidad y objetividad requeridas por el nuevo sistema relacional mediante la creación de una sala paritaria especial».
Debate sobre la legalidad
Pese a que Elkarrekin Podemos pidió en la pasada reunión de la Ponencia una semana de plazo para tratar de llegar a un acuerdo sobre este apartado de competencias, al final no lo hubo. El grupo de Lander Martínez habló únicamente con el PNV, dejando de lado a EH Bildu, porque según explicó era el partido encargado de la redacción de la síntesis.
Preguntado sobre cuáles han sido los motivos de desacuerdo, en qué competencias no están de acuerdo, Lander Martínez no quiso entrar en concreciones. Recordó que esta negociación no está aislada de las anteriores, y vino a decir que el núcleo de diferenciación es que el texto acordado desborda los límites constitucionales, que son los pactados por PNV, PSE y EP para la constitución de la ponencia. Según la formación morada, hay herramientas suficientes dentro del marco actual para garantizar competencias con la misma efectividad que las que se recogen en las bases que se están acordando.
El portavoz del PNV, Joseba Egibar, le replicó que con los derechos históricos y el principio democrático, al texto que se está acordando se le puede encontrar encaje legal.
Extractos del capítulo de competencias
FONDO DE PODER • La delimitación competencial que incorporará el nuevo estatus político se adecuará al nuevo modelo de relación bilateral y de igual a igual entre el Sujeto Político y el Estado, de respeto y reconocimiento mutuos, de naturaleza confederal. Se articulará un nuevo estatus de convivencia y relación, singular, adaptado a las nuevas formas de organización política acordes con las circunstancias económicas, sociales y políticas en las que van a desenvolverse el mundo y Europa en el siglo XXI
RENOVACIÓN • La actualización del autogobierno vasco debe incluir una renovación y adecuación a las actuales demandas y necesidades de la sociedad vasca de nuestro haber competencial (...) que permita:
a) reafirmar el espacio de poder reconocido en el vigente Estatuto de Gernika pero aún no transferido al sujeto político-jurídico titular, de manera que se haga posible su inmediata asunción;
b) recuperar el poder público reconocido y transferido, pero severamente menguado como consecuencia de la legislación orgánica, la legislación básica y la doctrina restrictiva del Tribunal Constitucional, resituándolo en un ámbito foral, de manera que sea inmune a estos tres focos de erosión;
c) ampliar el quantum competencial en relación a todas las competencias previstas en el vigente Estatuto incorporando, al catálogo competencial propio, todas aquellas competencias necesarias para garantizar los derechos políticos, económicos, sociales, lingüísticos y culturales de la ciudadanía del Sujeto Político.
SERVICIOS • [Las competencias deben servir para que] las instituciones vascas cuenten con los instrumentos precisos para poder desarrollar las políticas públicas demandadas por la sociedad vasca y de ese modo la ciudadanía pueda acceder a más y mejores servicios públicos y pueda participar más y mejor en las decisiones de las instituciones.
LEGALIDAD • El fundamento jurídico-constitucional del renovado marco competencial (...) residirá, principalmente, en la actualización sistemática y extensiva de los derechos históricos reconocidos en la Disposición Adicional 1ª CE y Disposición Adicional Única EAPV, y dado el nuevo modelo relacional con el Estado que se propone, también el principio democrático será fuente del nuevo haber competencial. Conjugando fundamentalmente el principio de legalidad y el principio democrático
EN CASO DE DUDA • Las materias y ámbitos de decisión pública que no hayan sido expresamente reservados al Estado español formarán parte del fondo de poder vasco, y, a tal fin, se ha de buscar el mecanismo jurídico oportuno, como pudiera ser el reconocimiento del régimen singular foral.
COMPETENCIAS • El renovado fondo competencial deberá permitir a las instituciones vascas desarrollar políticas públicas propias completas de convivencia y de profundización democrática –incluida la capacidad para regular consultas ciudadanas o referéndums–; políticas socio-laborales y empleo incluida la Seguridad Social, políticas culturales, deportivas y educativas, políticas lingüísticas, políticas sectoriales económicas y financieras, políticas sociales y sanitarias, políticas de igualdad entre hombres y mujeres; políticas propias en transportes y telecomunicaciones; en investigación, en nuevas tecnologías y en comunicación, en medio ambiente, ordenación de territorio y vivienda, políticas de seguridad ciudadana y protección civil, todo ello con el objetivo de atender a las necesidades sociales como prioridad.
PRIMER BLOQUE • Estará integrado por aquellas competencias de carácter exclusivo que, siendo sectoriales, expresan con especial intensidad la preservación del hecho diferencial: Lengua, deporte y cultura vasca; educación; sanidad; seguridad; empleo público; derecho civil; régimen del Concierto Económico; organización institucional propia de los tres niveles institucionales forales vascos (común, territorial y municipal); y Administración de Justicia (cuyo desarrollo se materializará en el Título relativo a los poderes y la articulación institucional ad intra) incluida una política penitenciaria propia
SEGUNDO BLOQUE • Reconocerá a las instituciones vascas la titularidad demanial y/o patrimonial de los recursos naturales de su ámbito territorial (...) y de las infraestructuras.
TERCER BLOQUE • Atribuirá a los poderes públicos vascos las competencias y facultades exclusivas relacionadas con los sistemas de relaciones laborales y de protección o de seguridad social. El articulado contemplará, también, mecanismos de cooperación y solidaridad con los sistemas asentados en el Estado.