Comptos dice que la adjudicación de contratos de ámbito social es conforme a la legalidad
La presidenta de la Cámara de Comptos, Asun Olaechea, ha señalado que los procedimientos de licitación y adjudicación de los contratos revisados en materia de discapacidad, enfermedad mental y atención al menor se han realizado conforme a la ley de contratos públicos de 2006.
Durante una comparecencia en el Parlamento solicitada por el PSN, Olaechea ha explicado que los gastos de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas fueron de 165 millones de euros, un 99 por ciento de los créditos presupuestarios.
Las partidas de discapacidad, enfermedad mental, y atención al menor ese mismo año supusieron en 2016 un total de 49,4 millones de euros, el 30 por ciento del gasto total.
El informe ha analizado la contratación de 10 de los 18 centros que atienden a la discapacidad, cuatro de 12 relacionadas con la enfermedad mental, y en el caso de menores se ha revisado la gestión de algunos programas, entre otras cuestiones.
Como conclusiones generales, Comptos constata la existencia de contratos cuya vigencia había finalizado y el adjudicatario continuaba prestando el servicio.
También ha detectado que el precio de licitación cubre las estimaciones de los gastos de personal establecidos en los convenios colectivos y que las retribuciones abonadas cumplen con los niveles y la estructura salarial de los convenios aplicables.
Apunta también que en el cuarto convenio colectivo de discapacidad se incorporan unas mejoras retributivas para el periodo de vigencia y se permite la revisión anual del módulo, pero no se permite la revisión de los precios del contrato y el módulo no se actualiza en los ámbitos de atención al menor y enfermedad mental.
También se ha verificado que los presupuestos de licitación están basados en una «exhaustiva planificación económica» en relación con las necesidades establecidas en los pliegos, aunque en algunos casos el precio de licitación es ajustado y se contempla un beneficio del tres por ciento.
«Esto podría limitar una concurrencia efectiva de las pequeñas y medianas empresas», ha advertido Olaechea.
En cuanto a las recomendaciones, ha instado en la adjudicación a tramitar nuevas licitaciones para dar cobertura «adecuada» a los servicios que se siguen prestando una vez vencido el contrato.
En el precio de licitación de los contratos ha instado a «analizar la oportunidad de promover un único convenio colectivo sectorial para la gestión de los servicios sociales» y, finalmente, ha recomendado aprobar un nuevo plan de calidad.
La socialista Nuria Medina ha indicado que el informe constata la «dejación del Gobierno de Navarra de su responsabilidad como titular de muchos de los servicios».
Desde UPN, Isabel García Malo ha considerado que el informe es «un mapa claro de cómo está la concertación en los ámbitos de discapacidad, enfermedad mental y menores», si bien ha deseado que se hubiera profundizado más en las recomendaciones.
Los representantes del cuatripartito han destacado que las licitaciones y contratos estudiados son «correctos, ajustados a la legalidad y garantes de la calidad de los servicios».