El destino de Ponsatí, en manosde una ley del siglo XIV

La aplicación de una ley sobre «traición» que data de 1351 es la única forma de que la exconsellera Clara Ponsatí sea extraditada al Estado español. Nadie ha sido condenado en Escocia al menos en el último siglo por ese delito por el que uno podía ser hasta ahorcado.

Hasta 1998 uno podía ser ahorcado en Escocia si era condenado acusado de «traición», siendo este uno de los «pecados capitales» recogidos en la legislación penal escocesa. Pues bien, por suerte nadie ha sido sentenciado en el país por ese delito al menos en el último siglo, evitando así una escena que en la Edad Media servía de puro espectáculo para deleite de las gentes de la época. Por rocambolesco que pueda parecer, será Clara Ponsatí, exconsellera de Educación del Govern de Carles Puigdemont, la próxima en enfrentarse a dicho delito, según confirmó la Fiscalía escocesa a principios de este mes.

Vayamos por partes. La Justicia española acusa a Ponsatí de «rebelión» y «malversación de fondos públicos» por su papel durante el referéndum del 1-O. Tras ser imputada por el juez de la Audiencia Nacional Pablo Llarena, tuvo que exiliarse en Bélgica para después regresar a Escocia, donde ejerce como docente en la prestigiosa Universidad de St Andrews. Sobre ella recae una petición de extradición cursada por el Estado español, solicitud que la judicatura escocesa está tramitando. La vista por la extradición se celebrará a finales de mes en los juzgados de Edimburgo, pero ya se sabe a qué se agarrará la Fiscalía, que en primera instancia se ha mostrado favorable a la entrega.

La suerte de Ponsatí, por tanto, dependerá de la interpretación que haga un juez sobre una ley inglesa que data del siglo XIV. Y es que la euroorden que pesa sobre la docente ha obligado a la Justicia escocesa a indagar a fondo en su legislación y, actualmente, es el de la «traición a la corona» el único delito que se asemeja a la «rebelión» que figura en la legislación española, después de que el delito de «sedición» fuese abolido en Escocia en 2010.

Bajo el reinado de Eduardo III

Para más inri, la ley por la cual Ponsatí puede resultar extraditada es de origen inglés y no escocés. Fue aprobada por vez primera bajo el mandato de Eduardo III de Inglaterra; o lo que es lo mismo, cuando Escocia e Inglaterra no habían firmado todavía el Acta de Unión y contaban con una legislación completamente diferente en cuestiones relacionadas con la «traición». En aquella época, por ejemplo, la universidad donde Ponsatí ejerce hoy de docente –la más antigua de Escocia, fundada en 1413– no existía.

Tras la unión de los dos reinos en 1707 y la puesta en marcha del Parlamento británico, Westminster aprobó una nueva normativa sobre la materia bajo la ley del mínimo esfuerzo; es decir, cogiendo como base la Ley de Traición inglesa –en la cual se basa la Fiscalía escocesa– e imponiéndola en toda la isla. Desde entonces todas las normas que se han aprobado en la Cámara británica han derivado del original de 1351, como la Ley de Delito de Traición de 1848, donde se especifica en qué se traduce la «traición a la corona» o el «levantamiento contra el reino», delitos que se derivan de hechos como «desear la muerte del soberano», «violar a la consorte del monarca» o «adherirse a los enemigos de la corona». La historia inglesa de la Edad Media puede dejar de ser historia y resolver un pleito en pleno siglo XXI.

Si Ponsatí fuera extraditada al Estado español se enfrentaría a una condena de 33 años en prisión, o lo que es lo mismo, una «sentencia de muerte» como bien puntualiza su abogado y rector de la Universidad de Glasgow, Aamer Anwar, dada la avanzada edad de la exconsellera. La situación no es la deseada para ella, pero tampoco pinta tan mal. Ponsatí cuenta con el respaldo político del Gobierno escocés, aspecto que aunque no tenga repercusión directa en el ámbito judicial nunca está de sobra. Y desde la Justicia escocesa se reconoce que su actuación responde más a una «obligación» que a una iniciativa propia. La vista que determinará la suerte de Ponsatí, que se celebrará en los juzgados de Edimburgo, arrancará el día 30 de este mes.