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El Gobierno navarro aplazó el desalojo del gaztetxe Maravillas por seguridad ciudadana

La presidenta del Gobierno de Nafarroa, Uxue Barkos, ha asegurado en el Parlamento que la solicitud de suspensión temporal del desalojo del palacio Marqués de Rozalejo pretendió garantizar la seguridad ciudadana.

Momento de la reapertura del gaztetxe Maravillas. (Iñigo URIZ/FOKU)

Barkos ha respondido en el pleno a una pregunta parlamentaria del PP, cuya portavoz, Ana Beltrán, ha pedido la dimisión de la presidenta porque esa solicitud del Gobierno de Nafarroa fue «un caso claro de dejación de funciones, de debilidad y de claudicación».

La presidenta del Ejecutivo, ha dicho Beltrán, tiene «el deber principal de perseguir delitos» y esa solicitud fue «una decisión arbitraria e injusta» y además «a sabiendas de que lo es».

El 17 de agosto, ha insistido, se vio a «la presidenta de un Gobierno pidiendo al juez que no se cumpla la ley», lo que demuestra a su juicio que en el Ejecutivo navarro «se saltan las leyes y se burlan de todos».

Tras destacar que ese día se debió sacar «por la fuerza» a los ocupantes cuando volvieron a entrar en el edificio, algo que «en absoluto al PP le retrae», Beltrán ha afirmado que la presidenta «se rindió» al no dejar un retén policial en el edificio tras el desalojo y lo hizo «porque tuvo amenazas».

Debido a esa «claudicación ante sus socios de Gobierno», Barkos ha demostrado ser «débil y timorata», ha agregado Beltrán, quien ha indicado a la presidenta que «está usted sometida al cuatripartito y a sus presiones», aunque supongan «incumplir la ley».

«Ha preferido usted una vez más mantener su sillón» y «ha claudicado usted de nuevo ante la izquierda radical abertzale» ha subrayado la portavoz del PP.

Barkos ha replicado a Beltrán, ante acusaciones de esa «gravedad», que espera mantenga esos mismos argumentos «aquí y en cualquier foro».

La presidenta ha explicado que el Gobierno de Nafarroa adoptó esa decisión «porque entendemos que es lo más procedente, lo más prudente y lo más responsable».

Se actuó de esta forma, ha comentado, «en defensa de los intereses generales», estimando que en ese momento dado «prevalece el deber de preservar la seguridad ciudadana que el de preservar un patrimonio público».

Barkos ha opinado que es una «irresponsabilidad» decir que el Gobierno ha amparado la ocupación y ha censurado a Beltrán por proponer el uso de la fuerza para el desalojo cuando aquel día «había cientos de personas, algunas de ellas menores de edad» en la plaza.