El cuatripartito rechaza retrasar el Plan de Inversiones y el PSN duda de que el permiso llegue a tiempo

El cuatripartito ha rechazo la petición del PSN de pedir un informe a los servicios jurídicos del Parlamento sobre la tramitación del Plan de Inversiones Financieramente Sostenibles y retrasar su debate hasta disponer del mismo, ya que este partido duda de que la autorización del Gobierno español llegue para el pleno del jueves.

En este sentido, la secretaria general del PSN, María Chivite, ha recordado que igual que los ayuntamientos necesitan permiso del Gobierno navarro y el del Estado, Nafarroa deber tener la autorización del gabinete de Pedro Sánchez para poder ejecutar las inversiones recogida en el plan y, como hasta el pasado miércoles no la solicitó formalmente, ha dicho, «dudo» que llegue para el jueves.

«Las cosas hay que hacerlas pero bien», ha precisado tras la sesión de la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento, y añadido que los socialistas navarros «seguiremos hablando con el Ministerio de Hacienda» aunque «al cuatripartito le da igual la garantía legal, lo que quiere es que salga el plan».

Y de hecho ha asegurado que «ni siquiera era necesaria una ley, hubiera sido suficiente con un acuerdo entre administraciones» y para lograrlo les ha reprochado que se haya dado más prisa como sí hicieron para reducir deuda en el mes de febrero.

Por Geroa Bai, Koldo Martínez, ha valorado la gestión que el Ejecutivo navarro está haciendo para aumentar ingresos, reducir la aportación de Nafarroa a las cargas generales del Estado, disminuir el endeudamiento y cerrar 2017 con superávit, todo lo cual ha permitido destinar 113 millones de euros a este Plan de Inversiones.

Una gestión que ha atribuido a «un gobierno fuerte y vivo» que ha contrapuesto con el de Pedro Sánchez, del que ha comentado que «no está dando imagen de solidez ni fortaleza», aunque ha admitido sin embargo que quizás haya que presentar alguna enmienda al plan porque por la premura de tiempo no todas las inversiones recogidas serán posibles y de hecho el Ministerio ya ha señalado algunas.

Adolfo Araiz, de EH Bildu, ha considerado por su parte que la petición del PSN era «una cuestión de seguridad política» ya que si se hubiera incumplido en 2017 la regla de gastos y por ello fuera obligatoria la autorización del Gobierno español se tendría que haber reunido la Comisión Bilateral Nafarroa-Estado para abordar el asunto y ésta no ha sido convocada.

«Lo del PSN es una maniobra dilatoria», ha agregado, y avisado de que un retraso de 15 días en la aprobación del Plan puede impedir ejecutar algunas obras, por lo que ha pedido a este partido que sea «coherente» con lo que decía en enero, cuando el Gobierno era de Mariano Rajoy, y sostenía que para un Plan de Inversiones solo se necesitaba «valentía política».

Para Podemos-Orain Bai, «la ley cumple perfectamente con la regla de gasto» y además «vamos apretados de tiempo» porque Madrid «no ha atendido» las demandas de Nafarroa y el Gobierno de Pedro Sánchez «ha dado largas», ha indicado Carlos Couso, quien sin embargo no cree que a estas alturas vaya a haber ningún problema.

Marisa de Simón, de I-E, ha mostrado también su «confianza» en que el Plan no sufre ninguna incidencia y al respecto ha apuntado que «lo importante es que el Estado no ponga trabas al destino de esos 113 millones» que además «debía a todos los navarros».

Por el contrario, Javier Esparza, UPN, ha pedido al cuatripartito que sustenta al Ejecutivo navarro «sentido común» porque «es fundamental cumplir la ley» y, tras acusarles de «imponer» en lugar de buscar acuerdos, ha advertido de que UPN «votará en contra» del Plan «si no se pueden hacer las obras».

En este sentido ha subrayado que a UPN le parecen «bien» las obras de este Plan «si hay dinero, desde el acuerdo y cumpliendo la legalidad» porque, «mas allá de intereses partidistas, los navarros son lo primero».

Por último, Javier García, PP, ha afirmado que su partido da la «bienvenida» a las inversiones en Nafarroa con «garantías», punto en el que recordado la obligación del Gobierno español de «hacer cumplir la ley» y criticado «la falta de voluntad» del Ejecutivo navarro para acordar.