De Miguel defiende su inocencia y habla de pruebas «manipuladas»

El juicio por el «caso De Miguel» se reanudó ayer tras el parón solicitado por la Fiscalía, que dice haber llegado a un «pacto entre caballeros» con «una parte significativa» de los 26 imputados. Entre ellos no está el principal acusado, el exdiputado foral Alfredo de Miguel, que en su declaración insistió en que nunca ha cobrado comisiones ilegales.

Alfredo de Miguel volvió a negar ayer el cobro de comisiones a cambio de la adjudicación de contratos públicos. El exdirigente del PNV alavés, que ocupó el cargo de diputado de Administración Local y Equilibrio Territorial entre 2007 y 2010, insistió en que nunca ha recibido dinero negro y rechazó las pruebas aportadas por la abogada Ainhoa Alberdi, que a fines de 2009 denunció la existencia de una trama corrupta que implicaría a 26 personas, muchas relacionadas con la formación jeltzale.

El pasado mes de marzo, Alberdi explicó ante el tribunal encargado de juzgar el asunto, conocido precisamente como «caso De Miguel», que el diputado foral y Aitor Tellería, otro exburukide, le exigieron 100.000 euros por la adjudicación del contrato de ampliación del Parque Tecnológico de Araba, situado en Miñao. Ha aportado grabaciones y correos electrónicos para demostrar la extorsión.

En su declaración, De Miguel, que se enfrenta a una petición de 54 años de prisión por 21 supuestos delitos (entre los que figuran blanqueo de capitales, cohecho, fraude en contratación, coacciones, malversación y tráfico de influencias), rechazó las pruebas aportadas por la denunciante, ya que a su juicio están «manipuladas». «No reconozco como integras y veraces las conversaciones», señaló el acusado, que en diciembre de 2008 envió un email a Alberdi en el que le indicaba que «lo nuestro lo dejamos en cien». Según explicó, esta cantidad no guardaba relación con el pago de una supuesta comisión, sino que hacia alusión a la deuda contraída por el inquilino de una vivienda que tenía alquilada. Al parecer, Alberdi le asesoraba como letrada.

Asimismo, De Miguel afirmó que Tellería y él reclamaron a la abogada el pago de la deuda generada por su socio, Jon Iñaki Etxaburu, responsable del grupo Loizate y fundador de Urbanorma Consulting, donde trabajaba Alberdi. «No le reclamamos el pago de una comisión, queríamos solucionar una deuda pendiente que nos llevó prácticamente a la quiebra. Es tan sencillo como eso», apuntó el imputado. En 2005 De Miguel había montado con Tellería y con Koldo Ochandiano, otro de los acusados, la mercantil Kataia Consulting, en la que también figuraban sus mujeres.

Pese a insistir en que la empresa no recibió dinero negro, De Miguel se empeñó en desvincular a las esposas de los tres socios de la actividad desarrollada por Kataia. «Ellas no ha tenido actividad formal, más que firmar contratos de teléfono o el arrendamiento de las oficinas. Nosotros [Tellería, Ochandiano y él] nos encargábamos de todo como administradores», subrayó en respuesta a las preguntas de su abogado, Gonzalo Susaeta.

A la espera del acuerdo

Cabe recordar que De Miguel debía de haber comparecido hace semanas ante el tribunal, presidido por el magistrado Jaime Tapia, pero este decidió suspender el proceso para que las defensas pudieran negociar un acuerdo de conformidad con el fiscal Josu Izaguirre. Este avanzó a su llegada al Palacio de Justicia de Gasteiz que no se ha podido lograr un acuerdo con los principales acusados, aunque sí se ha cerrado un pacto con «una parte significativa» de ellos, que estarían dispuestos a reconocer la existencia de una trama organizada dedicada al cobro de comisiones ilegales.

Ante el tribunal, Izaguirre explicó que no se trata de un acuerdo de conformidad, sino más bien de un «pacto de caballeros» que no constituye «un acuerdo cerrado con vinculación jurídica». «Se han comprometido a reconocer determinados hechos y la Fiscalía se ha comprometido a modificar el escrito de acusación», destacó antes de matizar que quienes se han adherido al mismo puede cambiar de opinión. «Estamos ante una expectativa de declaración, no ante un pacto firmado», remarcó.

Este acuerdo no gustó a Susaeta, que intentó en vano conocer más detalles del mismo. Pidió que se hiciera pública la identidad de las personas que han aceptado la propuesta de la Fiscalía, y solicitó que declarasen primero. Dos peticiones que no fueron aceptadas por los jueces ni por el fiscal, que, a preguntas de los periodistas, no quiso detallar el número de imputados que están dispuestos a reconocer su culpa a cambio de un rebaja en la petición de pena.

No obstante, Eldiarionorte.es informó de que podrían ser ocho los imputados que han accedido colaborar con la Fiscalía. Podrían estar relacionados con la recalificación de terrenos en Zambrana, una de las doce piezas que forman «caso De Miguel». En ella se investiga el pago de tres millones de euros por parte de unos empresarios catalanes a Josu Arruti, un intermediario, al que, según publica dicho medio, De Miguel colocó para impulsar la recalificación.

Los promotores de Construcciones Riera y el propio Arruti, que está amenazado de una condena de 19 años y diez meses de prisión, podrían estar dispuestos a reconocer que los pagos no se correspondían con los trabajos realizados. El padre, la hermana y el cuñado de Arruti, igualmente imputados, también se podrían haber sumado al «pacto de caballeros».

Tellería y Ochandiano después

Lo cierto es que va a haber que esperar para confirmar si son ellos los dispuestos a reconocer los hechos, porque serán los últimos en declarar ante el tribunal, que hoy seguirá escuchando el relato de De Miguel. A este le seguirán Tellería, Ochandiano, para quienes la Fiscalía solicita penas de 32 años de prisión, y las cónyuges de los tres: Ainhoa Bilbao, Araceli Bajo e Iratxe Gaztelu. Bilbao, que está casada con De Miguel, se enfrenta una pena de 30 años y seis meses de prisión, mientras que las mujeres de otros dos imputados podrían ser condenadas a 21 años y seis meses de cárcel por actuar como testaferros de Kataia.

Después testificarán Aintzane de Miguel, hermana del principal imputado; Jon Iñaki Etxaburu, responsable de Loizate y Urbanorma Consulting; Alfonso Arriola, gerente del Parque Tecnológico de Miñao en 2006, cuando se produjo la contratación de Urbanorma Consulting; y Julián Sánchez Alegría, responsable de la red de parques tecnológicos de la CAV y alto cargo en el Gobierno de Juan José Ibarretxe que podría ser condenado a 17 años en prisión.

Sánchez no es el único imputado que ha tenido un puesto de responsabilidad en Lakua. Entre los acusados figuran Gurutz Larrañaga, que fue viceconsejero de Cultura; y Xabier Sánchez Robles, nombrado director de Juventud por Miren Azkarate. A este último se le acusa de facilitar adjudicaciones que no estaban debidamente justificadas a las empresas De Miguel, del que era amigo personal. La Fiscalía le pide 18 años y cuatro meses.

En total, en el «caso De Miguel» hay 26 imputados y 450 años de cárcel en juego. Estas son las cifras del mayor juicio reciente en Euskal Herria por sospechas de corrupción.

Adi!, frente a la sede del PNV.

La asociación Adi! se concentró ayer frente a la sede del PNV en Gasteiz para reclamar a al fiscal Josu Izagirre que llegue hasta el final en el «caso De Miguel», remarcando así que entre los 26 acusados por esta trama buena parte han sido dirigentes o están muy ligados al partido.Jaizki FONTANEDA | FOKU