La hora de una vía segura, sin Estrasburgos ni Luxemburgos

La entrevista publicada este lunes en GARA con José Ramón López de Abetxuko partía de una premisa probable pero que ha acabado por ser falsa: contra lo que se preveía, el Tribunal de Estrasburgo no ha tumbado la argucia legal del PP (con la alevosía del Senado, con la nocturnidad del mes de agosto), sino que ha acabado dándolo por bueno y además de modo unánime. Y con todo, las conclusiones que se desprendían de esa entrevista siguen teniendo pleno valor, quizás más aún. Para empezar, porque esta persona que ha pasado 29 años presa, y de ellos cuatro extras contra el espíritu de la directriz europea de 2008, no hablaba desde la rabia ni desde la exigencia de reparaciones, sino desde la cabeza fría y el sentido común. Y sobre todo, porque su discurso situaba la solución donde está realmente (humanidad, política, ley justa) y no en otro sitio.

Hay que remontarse a ese agosto de 2014 para tener una perspectiva más correcta. La argucia legal con la que el PP puenteó aquella directriz europea, que Estrasburgo ha acabado tragando, se produjo en un momento en el que EPPK estaba enfrascado en un lento y complejo debate sobre si afrontar o no la vía legal. En diciembre de 2013 había marcado esa dirección, pero sin concretarla, algo que todavía necesitaría tres años y medio más de proceso de maduración. Es decir, cuando los presos y presas vascas sopesaban arriesgarse a recorrer ese camino para empezar a vaciar las cárceles y facilitar la convivencia, lo que hacía el Gobierno español era llenarlo de zarzas. Y pese a ello, aunque eran plenamente conscientes de las dificultades y también de esa trampa legal, los presos vascos acabaron diciendo sí, decidieron afrontar el desafío. Así llegamos al sinsentido actual, que resumía perfectamente López de Abetxuko: los «delincuentes» están dispuestos a cumplir la ley y el Estado que las aprobó las incumple.

EPPK dio este paso realista desde la certeza adquirida de que las soluciones solo se podrán canalizar por vía legal. Pero el Estado no ha culminado aún su propio proceso de debate, el que le lleve a concluir que es hora de dejar de trampear e incumplir sus leyes, de acabar con las excepcionalidades, de abandonar la obsesión con la cadena perpetua «de facto». Se equivocaría si cree que este fallo del Tribunal Europeo le da aval para seguir con una práctica que solo enquista el problema de modo indefinido. La solución, llegados a este punto, es legal, pero es sobre todo política: hay que concretar de una vez una hoja de ruta compartida, una vía segura, un espacio en el que no hagan falta Estrasburgos ni Luxemburgos, para que los presos vean cumplidos sus derechos, las víctimas se sientan reparadas y la sociedad se vea reconociliada y libre de un problema que parece eterno pero no debería serlo.