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Gaz Kaló y SOS Racismo piden una reunión con el presidente del TSJN tras una sentencia

Gaz Kaló y SOS Racismo Nafarroa han solicitado una reunión «urgente» con el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Nafarroa tras las «preocupantes afirmaciones» del titular del Juzgado de lo Penal número 4 de Iruñea, que ha absuelto al portero de un bar acusado de haber impedido el acceso a una persona por ser de etnia gitana.

A la derecha, el presidente del TSJN, Joaquín Galve. (Iñigo URIZ/FOKU)

Estas asociaciones han mostrados su «indignación y preocupación» sobre «algunas de las afirmaciones» del juez en el auto hecho público el pasado jueves.

«Más allá del fallo de la sentencia», sobre la que cabe recurso, desde la Federación de Asociaciones Gitanas de Navarra Gaz Kaló y SOS Racismo Nafarroa han solicitado una reunión con el presidente del TSJN y han anunciado que este asunto se debatirá en las primeras Jornadas sobre Antigitanismo este martes en Galiza.

Estas asociaciones han criticado la exposición del juez en la parte que alude la discriminación positiva de determinados colectivos, a juicio de Gaz Kaló y SOS Racismo, afirmaciones «peligrosas e irresponsables».

Han señalado que «dañan de manera grave la lucha contra la discriminación y por la igualdad de derechos de todas las personas, que se lleva a cabo desde numerosos sectores de población desde hace tantos años».

Han añadido que además «supone un menosprecio e invisibiliza las múltiples discriminaciones que condicionan las vidas de tantas personas».
Asimismo, han criticado que «denotan una ausencia de conocimiento sobre las políticas de inclusión social y de igualdad de trato y no discriminación, que se vienen desarrollando en el ámbito autonómico, estatal y europeo a raíz de las desigualdades que a día de hoy persisten entre unos sectores de población y otros».

Han resaltado que la población gitana es «precisamente el sector de la población europea que más discriminación padece y que sufre los índices de exclusión social más elevados» como lo advierte la Agencia europea de los Derechos Fundamentales (FRA) y el Consejo de Europa.