El fiscal mantiene la existencia de una «trama criminal» en el ‘caso de Miguel’, con el PNV como nexo

El fiscal jefe de Araba, Josu Izaguirre, mantiene que los imputados del ‘caso De Miguel’ constituyeron una «trama criminal» dedicada a lucrarse mediante la obtención indebida de fondos públicos y que entre «casi todos» los acusados existía un nexo común, su relación con el PNV.

El fiscal Josu Izaguirre ha comenzado hoy a presentar su informe final en el juicio que desde enero se sigue en la Audiencia Provincial de Araba por el conocido como ‘caso De Miguel’, una presunta trama de cobro de comisiones ilegales con 26 acusados, entre ellos varios exdirigentes del PNV alavés.

El fiscal ha indicado que el origen del caso no es la denuncia presentada en 2009 por una «loca» que dice que ha sido extorsionada para lograr un contrato en el Parque Tecnológico de Araba sino que es una abogada que aportó a la Fiscalía «elementos muy contundentes», como grabaciones y un correo electrónico en el que Alfredo de Miguel le reclamaba una «mordida» desde su correo oficial cuando era diputado foral.

Ha defendido que desde el primer momento se observa que se trata de una «trama» u «organización criminal», de «gente con poder» que actuaba con «impunidad», y donde existe un «nexo común» entre «casi todos» los acusados, «algún tipo de relación con un partido político», el PNV.

«Estamos ante prácticas más propias de Sicilia que de un país mínimamente serio», ya que se reclama una comisión ilegal, que se dice que se va a cobrar «sí o sí» e incluso se cita al padre de la denunciante a una comida para seguir con la petición de la mordida, ha descrito el fiscal, quien ha ironizado con el «toque vasco», de extorsionar «comiendo».

Ha reivindicado el «buen» trabajo hecho por el juez instrucción y por la Ertzaintza en este caso, y ha recordado que los agentes trabajaron bajo el control «constante» del juzgado, una decisión a su juicio «acertada» porque, según ha dicho, las investigaciones «pierden vigor» cuando se acercan a los «aledaños» del Ejecutivo.

Ha respaldado la legalidad de las pruebas, como las grabaciones que sirvieron para destapar esta presunta trama, en las que se escucha a varios de los imputados reclamar una comisión, y ha censurado que las defensas hayan afirmado que la Ertzaintza «ha creado o manipulado pruebas».

«La grabadora y su archivos de voz son una prueba legal y válidamente aportada» y no se ha podido demostrar nada que pueda dar origen a su anulación tal y como pretenden las defensas, ha precisado.

Izaguirre ha pedido al tribunal que tenga en cuenta que los acusados han declarado tras la práctica de la prueba y que quince de ellos no han querido responder a las preguntas de la Fiscalía.

El fiscal dio a conocer el 14 de noviembre su informe final de acusación, en el que rebaja a casi la mitad –de 54 años a 29 años– la petición de prisión para el principal imputado, Alfredo de Miguel y pide la absolución para otros seis acusados que alcanzaron un pacto con el Ministerio Público.