El Plan de Vivienda de Nafarroa incidirá en la vivienda protegida en alquiler y venta
El Plan de Vivienda de Nafarroa 2018-28 se abrirá a la participación pública antes de su aprobación definitiva, con la que se persigue configurar el acceso a la vivienda como un derecho subjetivo con el impulso de ayudas al alquiler, a la construcción de vivienda protegida y a la rehabilitación.
Así lo ha puesto de manifiesto el vicepresidente de Derechos Sociales, Miguel Laparra, quien en conferencia de prensa ha valorado el «amplio proceso de estudio y elaboración» que ha rodeado a este plan, «el más documentado y más pensado que se ha hecho hasta el momento» y que viene a llenar un vacío porque actualmente no hay ninguno en vigor.
Con este plan «pretendemos situar el derecho y el acceso a una vivienda digna como el quinto pilar del Estado de Bienestar, por tanto plenamente constituido como una orientación de política social», ha señalado el consejero, quien ha planteado que «el acceso a la vivienda digna es clave para el desarrollo pleno de la vida de las familias. Sin una vivienda digna el resto de derechos sociales y de ciudadanía no son tales y se ven claramente cuestionados».
El Plan supone también «una transformación de la orientación de las políticas de vivienda que cada vez deben ir más centradas en la atención a las personas, de forma que lleguen a toda la población y que se adecúen a las distintas necesidades de cada una de las personas y familias».
Además, para el Gobierno de Nafarroa es «importante que este reto» se plantee también «en términos de compromiso con la sostenibilidad ambiental y también de compromiso respecto de la cohesión territorial y de la incidencia en el conjunto del territorio de la Comunidad foral».
En cuanto a las principales cifras del Plan para los años 2018-21, se fija como objetivo que las ayudas para el alquiler lleguen a 4.200 jóvenes y a 2.650 familias, además de a otras 490 familias a través de la Bolsa de Alquiler, el Fondo Foral y las Viviendas de Integración Social.
Igualmente, se marca promover 1.813 viviendas protegidas nuevas, de las que al menos 615 sean en alquiler social, 1.100 en compra y casi 100 por fórmulas novedosas como las cooperativas de cesión en uso, ‘cohousing’ o transformación de bajeras en viviendas, entre otras.
En cuanto a la rehabilitación, el Plan se marca el objetivo de alcanzar las 20.500 entre viviendas rehabilitadas con apoyo público entre los años 2018-21, de las cuales 10.000, con ayudas a la rehabilitación para mejoras de la accesibilidad y 4.480, con ayudas a rehabilitación de eficiencia energética.
El nuevo Plan de Vivienda cuenta con seis ejes principales, treinta y dos líneas de actuación y 139 acciones concretas a desarrollar en los próximos años.
Los tres primeros ejes van dirigidos a contar con un parque de vivienda suficiente en número, asequible para cualquier tipo de ciudadano y ciudadana o familia que resida en Nafarroa, y en buenas condiciones (especial cuidado con la accesibilidad de las viviendas, en un contexto de población envejecida, y con eficiencia energética).
Los otros tres ejes persiguen lograr el resultado anterior mediante la mejora de la gestión y los procedimientos, así como la evaluación y coordinación de políticas entre todos los agentes, teniendo como objetivo principal destacar, insistir y fomentar la función social de la vivienda, como equipamiento básico y angular de una sociedad, y que por tanto, debe destinarse a un fin residencial.
Entre las líneas de actuación de los tres primeros estos ejes destaca la promoción de vivienda protegida en régimen de alquiler y de compra, mejorar la planificación y la dotación de suelo para la edificación de vivienda protegida, revisar el sistema de ayudas a la rehabilitación para priorizar la accesibilidad y eficiencia energética, o rehabilitar el parque de vivienda protegida.
Por su parte, los otros tres ejes trabajarán en movilizar la vivienda vacía hacia el alquiler permitiendo una localización diversificada, mejorar la gestión fuera de Iruñerria, favorecer el incremento del parque actual de la Bolsa de viviendas en alquiler, y garantizar el acompañamiento integral a la población adjudicataria de vivienda protegida con problemáticas complejas.
Laparra ha señalado que el Plan plantea como principal novedad la aspiración de configurar el acceso a la vivienda como un derecho subjetivo, cuyo cumplimiento pueda ser reclamado por cualquier ciudadano o ciudadana.
Ese derecho se divide en dos líneas principales: una, dirigida a la emancipación de personas jóvenes (hasta 30 años) y otra, a familias con ingresos hasta un determinado umbral.
En ausencia de vivienda a conceder o adjudicar, se estipula la concesión de una prestación económica en forma de desgravación fiscal.
El Plan además no descarta la intervención de la Administración en el mercado del alquiler, cuando este no permite o facilita el acceso a una vivienda digna a una parte importante de la población.