El Tribunal Supremo trata de limitar el impacto internacional del juicio al 1-O
Junto a la fecha de inicio del juicio –12 de febrero–, el Tribunal Supremo ha hecho público un extenso auto en el que detalla los testimonios y las pruebas que acepta y las que rechaza. Será un juicio largo en el que, sin embargo, el TS veta el testimonio de personalidades internacionales, rechaza la presencia de observadores y declina algunas periciales clave.
Además de poner fecha definitiva para dar inicio al juicio –será el 12 de febrero–, en el extenso auto de 145 páginas en el que el Tribunal Supremo responde a los escritos de acusación y de defensa se han hecho públicos los nombres de quienes declararán como testigos a lo largo del proceso, algo que siempre suele generar cierto morbo en procesos políticos como el actual.
En el ámbito de la política estatal están prácticamente todos los que se podían esperar, desde el expresidente Mariano Rajoy –junto a Soraya Sáenz de Santamaría y Cristóbal Montoro– hasta Artur Mas y cargos relevantes de la política catalana. En cuanto respecta a Euskal Herria, el TS ha aceptado el testimonio del lehendakari Iñigo Urkullu, reclamado por Josep Rull. No se han aceptado, sin embargo, declaraciones de dirigentes exiliados como Carles Puigdemont y Marta Rovira. Tampoco se acepta, tal y como estaba más que anunciado, que tenga que declarar Felipe de Borbón.
Entre los testimonios rechazados, sin embargo, destacan todos aquellos propuestos en calidad de personas relevantes de la comunidad internacional. Aunque hay algunos eurodiputados y observadores internacionales del 1-O aceptados como testigos –Ana Gomes, Ivo Vagl y Andrej Hunko, por ejemplo–, varios premios Nobel de la Paz, relatores de la ONU y nombres de reconocido prestigio han sido rechazados.
«Las valoraciones personales de relatores, premios nobel, lingüistas, o historiadores –algunos de ellos de un incuestionable peso intelectual y autores de una obra que merece la admiración y el reconocimiento colectivo– son prescindibles, sin embargo, cuando son llamados a juicio para opinar ‘sobre los hechos objeto de acusación’», ha argumentado el Tribunal Supremo.
También se ha rechazado, por ejemplo, el testimonio de Ignacio Cosidó, senador del PP y protagonista de los escandalosos whatsapp en los que describía el control sobre el reparto del nuevo Consejo General del Poder Judicial, del que el presidente del tribunal que juzgará a los dirigentes catalanes, Manuel Marchena, iba a ser nuevo presidente por acuerdo de PP y PSOE.
Igualmente, desde Òmnium Cultural han denunciado que el Supremo haya rechazado la pericial de Hugh Orde, presidente de la Asociación de Oficiales de Policía del Reino Unido, que ha realizado un informe en el que asegura que ni Cuixart ni Sànchez incurrieron en violencia ninguna ni el 20 de setiembre ni el 1 de octubre.
Por contra, se han aceptado los 256 testimonios planteados por la Fiscalía –el 80% son agentes de la Guardia Civil y la Policía española–, así como la inmensa mayoría de la Abogacía del Estado y de la acusación particular, ejercida por Vox.
Los observadores a la televisión
En la nota enviada a la prensa, el Tribunal Supremo también rechaza la presencia de observadores en la sala de plenos en la que se celebrará el juicio, alegando que este será televisado y asegurando con cierta ironía que «todo ciudadano que quiera convertirse en observador» podrá hacerlo.
«La Sala coincide plenamente con la defensa a la hora de subrayar la importancia de observadores que conviertan su presencia en un sano elemento de fiscalización del ejercicio democrático de la función jurisdiccional. Precisamente por ello ha autorizado (…) que las sesiones del juicio sean televisadas en directo y mediante streaming en la web. La consecuencia inmediata es que todo ciudadano que quiera convertirse en observador, nacional o internacional, del desarrollo del juicio podrá hacerlo. Y no en el limitado número de cinco que sugiere la defensa», son las palabras exactas del Supremo.