El PP amenaza a Catalunya con una «reacción estatal» que «socave» el marco legal

El PP considera que hay que «desarticular» el movimiento independentista catalán ya que, a su juicio, su pervivencia tiene «consecuencias terribles» para el Estado. Así lo expuso ayer el líder de la formación derechista en Catalunya, que amenazó con «un movimiento de respuesta en el resto de España» que «acabe socavando el pacto constitucional».

El presidente del PP en Catalunya, Alejandro Fernández, advirtió ayer desde Madrid de los efectos que tendría para el Estado la no «desarticulación» del movimiento independentista catalán, y volvió a defender la aplicación del artículo 155 para «restablecer el orden constitucional» y «devolver la normalidad». Durante un desayuno organizado por Nueva Economía Fórum y ante dirigentes de su partido, como la presidenta del Congreso, Ana Pastor, y su portavoz Dolors Montserrat, Fernández se refirió al independentismo como «un movimiento nacional populista» que «debe ser desarticulado porque sus consecuencias son terribles».

Entre ellas, citó la «paralización de la política catalana» y por añadidura de la española, y avisó de que «habrá otras consecuencias que serán peores si no paramos Waterloo» –en referencia al lugar donde residente actualmente Carles Puigdemont–. «Quien crea que no va a haber otro intento de ‘primavera catalana’ lanzando a las masas a las instituciones se autoengaña», dijo, añadiendo que «desactivar el movimiento nacional populista es una responsabilidad».

A su vez, el dirigente del PP en Catalunya lanzó una amenaza velada al señalar que en caso de no «desactivar» el movimiento soberanista «podría surgir un movimiento nacional populista de respuesta en el resto de España que acabe socavando algunos de los cimientos del pacto constitucional». Fernández no concretó ni explicó, por ejemplo, si en ese belicoso movimiento de respuesta incluye a quienes han firmado con su partido un pacto de gobierno en Andalucía.

Puigdemont y Torra

En cualquier caso, mientras el PP instaba a «parar Waterloo», en Bélgica Carles Puigdemont y Quim Torra pronunciaron ayer mismo una conferencia sobre la situación política en Catalunya. Ambos mandatarios comparecieron a media tarde en el Hotel Steigenberger de Bruselas, después de que el presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, vetara la comparecencia prevista en la Eurocámara, una decisión duramente criticada.

En una sala llena y con las fotografías de los doce independentistas que están siendo juzgados en primera línea, Torra explicó que «hemos venido a defender el derecho de autodeterminación de Catalunya, y a recordar que nuestros líderes políticos y sociales están en prisión por organizar un referéndum, por sus ideas», añadiendo que el juicio por el 1-O «es un ataque a la democracia y a los derechos humanos». «La Europa del siglo XXI, la UE, tiene presos políticos y exiliados», denunció.

Puigdemont, por su parte, valoró que «la unidad de España no merece esta vulneración de derechos humanos», y tras poner los casos de Escocia y Quebec como ejemplos de «solución racional», valoró que el Estado español «debe escuchar las demandas de la mayoría de la ciudadanía de Catalunya y permitir decidir, sin prisión ni exilio».

Antes, Torra se reunió con el presidente de Flandes, Geert Bourgeois, a quien agradeció su apoyo en un escrito conjunto.

La vista se reanuda hoy con la declaración del exconseller Turull

El juicio contra una docena de dirigentes independentistas por el referéndum del 12O se reanuda hoy en el Tribunal Supremo con la intervención del exconseller de Presidencia Jordi Turull, que abrirá una ronda de declaraciones de exmiembros del Gabinete de Carles Puigdemont, antes de que tomen la palabra la expresidenta del Parlament Carme Forcadell y quienes fueron máximos responsables de la ANC y de Ómnium, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, probablemente la semana que viene.

Turull afronta una petición fiscal de 16 años de cárcel por rebelión y malversación, los mismos cargos que pesan contra Raül Romeva, que fue titular de Exteriores y que será el próximo en intervenir. Josep Rull, exconseller de Territorio, y Dolors Bassa, de Trabajo, serán los siguientes, también con 16 años solicitados por la Fiscalía.GARA

Ciudadanos enfría la «tercera vía» al decir que no pactará con el PSOE

Las estatales llegan marcadas por el emergente frente de derechas vencedor en Andalucía, pero sobre la mesa está también la opción de que una de sus tres patas, Ciudadanos, pueda conformar una mayoría diferente junto al PSOE tras las próximas elecciones. Hay dos precedentes nítidos de ello: el anterior Gobierno andaluz de Susana Díaz y el acuerdo estatal firmado por Pedro Sánchez y Albert Rivera en 2016 y presentado como reformista. Sin embargo, ayer la Ejecutiva de Ciudadanos echó un jarro de agua fría sobre los partidarios de esta «tercera vía» al afirmar que no habrá ningún pacto poselectoral ni con Sánchez ni tampoco con el PSOE en la hipótesis de que cambiara de candidato.

Se trata de una decisión adoptada por unanimidad de la dirección del partido naranja y que, de momento, afecta solo a las elecciones estatales, no a las autonómicas ni municipales del 26 de mayo, según aclaró su secretario general, José Manuel Villegas.

Justifica esa posición en que el PSOE se ha acercado excesivamente al independentismo catalán. No obstante, puede tratarse de una mera táctica preelectoral, porque cabe recordar que también tras las elecciones de junio de 2016 Ciudadanos dijo tajantemente que no facilitaría la investidura de Mariano Rajoy y después, en la segunda votación, terminó dándole paso.

En cuanto a Vox, Villegas se limitó a afirmar que intentarán conseguir esa mayoría necesaria para que la ultraderecha no tenga capacidad de decidir, pero si los votos no le dieran el 28 de abril para lograrlo, entonces serían Santiago Abascal y sus compañeros los que tuvieran que elegir si apoyan a Pedro Sánchez y su «Gobierno Frankenstein» o se decantan por unirse a Albert Rivera.