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El Parlamento de Gasteiz no tramitará la ley para proteger a los denunciantes de corrupción

El Parlamento de Gasteiz no tramitará la ley propuesta por Elkarrekin Podemos dirigida a proteger a quienes denuncien malas prácticas y corrupción en las administraciones y el sector privado, ya que ha contado con el voto en contra de PNV y PSE y con la abstención del PP.

Cristina Macazaga ha defendido la iniciativa en nombre de Elkarrekin Podemos, grupo proponente. (Endika PORTILLO/FOKU)

La toma en consideración de la proposición de ley de Elkarrekin Podemos ha sido debatida este jueves por el pleno del Parlamento, en el que EH Bildu ha votado a favor de la tramitación de esta medida, mientras que el PP se ha abstenido.

La iniciativa, que planteaba medidas garantizar por ley la protección de las personas que destapen conductas ilegales o corruptas en el sector público y privado, no ha sido adelante, al recibir el voto en contra de PNV y PSE. El texto ha sido rechazado por 27 votos a favor, 37 en contra y ocho abstenciones.

En el transcurso del debate, la parlamentaria de Elkarrekin Podemos Cristina Macazaga ha subrayado la necesidad de reforzar la protección para las personas que denuncian conductas irregulares en las administraciones públicas o en el sector privado.

Como ejemplo, ha citado el caso de los tres anestesistas que denunciaron el presunto fraude en las oposiciones de Osakidetza, sobre los que ha destacado que han padecido «represalias de todo tipo».

También ha citado el «varapalo» que desde el Gobierno se ha dado a la cardióloga que ha señalado que la actual consejera de Salud, Nekane Murga, le dio a entender hace años que conocía la existencia de filtraciones en los exámenes para acceder a Osakidetza.

En una línea similar, la parlamentaria de EH Bildu Larraitz Ugarte ha recordado que Marta Macho, una de las tres personas que denunció las irregularidades de Osakidetza, estuvo a punto de «irse a la calle» un día después de ratificar su denuncia en el juzgado que investiga este caso.

Ugarte también se ha referido a la situación sufrida por Ainhoa Alberdi, la empresaria que destapó la corrupción del ‘caso de Miguel’, cuya trayectoria profesional se vio «truncada» tras negarse a pagar comisiones ilegales.

Desde el PNV, David Latxaga ha coincidido con el objetivo de perseguir las actuaciones irregulares en los sectores público y privado. No obstante, ha considerado que la iniciativa de Elkarrekin Podemos es «reiterativa», puesto que en la actualidad ya están en fase de tramitación dos propuestas de similares objetivos, como el proyecto de ley de transparencia del Gobierno o la proposición de ley anticorrupción de EH Bildu.

Latxaga, que también ha reprochado el carácter excesivamente «genérico» y la falta de «solvencia» de la iniciativa de Elkarrekin Podemos, ha lamentado que esta formación utilice esta iniciativa con fines «mediáticos».

Por parte del PSE, Natalia Rojo se ha mostrado partidaria de mejorar la protección de aquellas personas que denuncian «malas prácticas». No obstante, ha criticado el «oportunismo» de Elkarrekin Podemos por llevar esta propuesta al pleno en estos momentos, cuando se trata de una iniciativa registrada a finales de enero.

Rojo –en referencia a las nuevas revelaciones en torno a las irregularidades en las oposiciones de Osakidetza– ha reprochado a la formación proponente que haya esperado a que «se produzcan determinadas informaciones» para plantear el debate sobre esta iniciativa.

Además, ha recordado a Elkarrekin Podemos que tanto el Gobierno como EH Bildu «se le han adelantado» con sus respectivas leyes sobre transparencia y contra la corrupción.

El parlamentario del PP Javier Ruiz de Arbulo también ha expresado su apoyo a los objetivos generales de la proposición de ley de Elkarrekin Podemos, aunque ha explicado que su grupo no puede apoyarla porque «no se ajusta a derecho».

Ruiz de Arbulo ha argumentado que la propuesta plantea la creación de una oficina a la que se atribuyen para investigar conductas potencialmente delictivas, algo que –según ha remarcado— es potestad exclusiva de los tribunales de justicia.