La abstención del PP permite la admisión a trámite de la reforma de la Ley de Garantía de Ingresos

El texto, rechazado por EH Bildu y Elkarrekin Podemos, establece una única prestación de RGI por domicilio, salvo excepciones, y plantea la huella digital como sistema de identificación de los perceptores.

La abstención de los parlamentarios del PP ha permitido la admisión a trámite de la reforma de la Ley de Garantía de ingresos, propuesta por PNV y PSE. Un cambio normativo establece una única prestación de RGI por domicilio, salvo excepciones, y plantea la huella digital como sistema de identificación de los perceptores.

Además, desvincula el cálculo de la prestación del SMI y establece en 455 euros el indicador de gastos mínimos comunes, esto es, según la proposición de ley presentada por los partidos que forman el Ejecutivo, «el valor estimado de los gastos mínimos a los que se enfrentaría cualquier persona que pretendiera hacer frente, en solitario, a las necesidades básicas comunes asociadas al mantenimiento de una vivienda o alojamiento independiente».

Pese a que Amaia Arregi, del PNV, y Gloria Sánchez, del PSE, se han esforzado en alabar las supuestas virtudes del texto, alegando que la reforma de la ley tiene por objeto reforzar la «cohesión social», no han logrado convencer a los parlamentarios de EH Bildu y de Elkarrakin Podemos, que han votado en contra de la toma en consideración ya que, tal como ha indicado la soberanista Nerea Kortajarena, la propuesta presenta «más sombras que luces».

Ha censurado que se establezcan limitaciones, en alusión al cobro de una prestación por unidad convivencial, y que no se hayan revertido los recortes aplicados con anterioridad. En la misma línea se ha pronunciado Tinixara Guanche, de Elkarrekin Podemos, que ha criticado la implantación de sistemas biométricos para la identificación de las personas perceptoras. «Esto solo se arregla tirándola a la basura y escribiendo una nueva», ha manifestado.

Kortajarena y Guanche han coincidido al denunciar que PNV y PSE se hayan apoyado en el PP para aprobar la admisión a trámite de la proposición de ley, ya que la formación de Alfonso Alonso lleva años reclamando un aumento de los controles y de los requisitos para poder percibir ayudas sociales. Algunos políticos derechistas han hablado de «efecto llamada» e incluso han afirmado que algunos migrantes vienen a la CAV a «vivir de las ayudas sociales».

La parlamentaria de PP Laura Garrido, que ha utilizado el turno de explicación de voto para justificar la abstención de su partido, ha reconocido que la proposición de ley de PNV y PSE no les gusta porque, a su parecer, es un texto «ambiguo e insuficiente» que «no va en la dirección adecuada». Es más, ha pedido que se aumenten los controles, y ha emplazado al Ejecutivo a elegir con quién prefiere acordar el texto final de la ley, con ellos o con los grupos de izquierda.

Carta de los Derechos Sociales de Euskal Herria

Al finalizar el debate, los representantes de la Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria han mostrado su rechazo a la proposición de ley y han adelantado que seguirán saliendo a la calle para denunciar los recortes sociales. «Queremos dejar claro que nos tendrán enfrente», ha indicado Jabier Sáenz, que ha recordado que las organizaciones que forman parte de la Carta de los Derechos Sociales presentaron una ILP contra la pobreza avalada por más de 51.000 firmas. Esta no fue aceptada a trámite, «debido precisamente al voto contrario de PNV, PSE y PP».