Guatemala: «Tercer país seguro» del que sus habitantes huyen

Jimmy Morales aceptó el chantaje de Donald Trump y convertirá Guatemala en un «tercer país seguro» para solicitantes de asilo. Con elevadas tasas de violencia y pobreza, no parece el mejor lugar para que los exiliados esperen su proceso judicial. Pero el mandatario tiene otra urgencia: asegurarse la impunidad al dejar el poder.

D esde octubre de 2018, más de 211.00 guatemaltecos han sido detenidos en la frontera sur de EEUU al intentar cruzar de forma irregular, según el Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala (Conamigua). Seis de cada diez ciudadanos del país centroamericano son pobres, según datos del Banco Mundial. El pasado año, 3.881 guatemaltecos fueron ejecutados. Es decir, cada día diez personas perdieron la vida de forma violenta, según datos de la Policía Nacional Civil (PNC). En muchas de sus colonias operan la Mara Salvatrucha (MS-13) y el Barrio 18, las mismas pandillas que matan, extorsionan y aterrorizan en Honduras y El Salvador y que provocan que muchos centroamericanos lo dejen todo y traten de alcanzar el norte.

Estas son algunas cifras de Guatemala, que acaba de firmar un acuerdo con EEUU para convertirse en un «tercer país seguro» que aloje a los solicitantes de asilo en el norte. La mayoría son centroamericanos, pero también hay cameruneses, cubanos, haitianos, bengalíes, congoleños...

Gran paradoja: el país que aspira a albergar a miles de personas que huyen de sus lugares de origen a causa de la violencia y la pobreza es incapaz de retener a sus propios habitantes.

En los últimos meses, coincidiendo con el inicio de la carrera por la reelección, Donald Trump ha convertido la migración en su tema estrella. Su estrategia: convertir a los países del sur en franquicias de la Border Patrol, la policía fronteriza. La primera víctima fue México. Amenazó con incrementar los aranceles a los productos mexicanos si Andrés Manuel López Obrador no colaboraba en perseguir y deportar a los migrantes. El 7 de junio, ambos gobiernos firmaron un acuerdo por el que México ha desplegado 20.000 soldados de la Guardia Nacional para impedir que los centroamericanos lleguen a Estados Unidos.

La misma estrategia, la del chantaje, ha sido utilizada contra Guatemala.

En este caso, Trump amenazó con gravar las remesas que los migrantes envían a sus familiares. El impacto sobre la economía guatemalteca sería demoledor. Los fondos procedentes de los trabajadores en EEUU suponen el 12% del Producto Interior Bruto del país centroamericano.

Otra paradoja: Estados Unidos coaccionó a Guatemala con los fondos de los migrantes para que Guatemala impida que más migrantes lleguen a Estados Unidos. Esquizofrénico.

El mejor ejemplo de cómo abordó Trump las negociaciones son sus palabras en el despacho oval, justo después de que su secretario de Seguridad Nacional, Kevin McAleenan, y el secretario de Gobernación de Guatemala, Enrique Degenhart, estampasen su firma en el documento. «Hemos estado tratando durante muchos años con Guatemala y con otros países y ahora estamos en un punto en el que simplemente nos llevamos bien y están haciendo lo que les pedimos que hagan», dijo. El patrón hablando sobre sus subordinados. El abusón sacando pecho ante las víctimas.

Al margen de la posición de abuso adoptada Trump, no se puede obviar que aceptar este acuerdo tiene mucho que ver con las necesidades del presidente guatemalteco, Jimmy Morales. El país centroamericano celebra la segunda vuelta de las elecciones el 11 de agosto, por lo que el mandatario entrará en funciones. Su gran obsesión es no ser perseguido penalmente como sus antecesores Otto Pérez Molina (encarcelado) o Álvaro Colom (imputado). En los últimos dos años, su acción de gobierno ha estado centrada en terminar con el mandato de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), la agencia anticorrupción de la ONU. Durante su mandato, el Congreso impidió en dos ocasiones que fuese investigado. Ahora que perderá la inmunidad, su miedo es que las causas se retomen y pueda ser juzgado.

La Corte de Constitucionalidad de Guatemala dictó un fallo hace unas semanas en el que ponía en cuestión el acuerdo de «tercer país seguro». Tras el fallo, el presidente amenazó a los magistrados y les acusó de estar «incumpliendo la Constitución». Es decir, que los jueces encargados de interpretar la Carta Magna son quienes la estaban desobedeciendo por no plegarse a los designios del jefe del Gobierno. El problema es que los magistrados no tienen la capacidad para imponer su criterio. Las leyes dicen que, si se considera que Morales está en desobediencia, la Corte podría ordenar su destitución. Pero ellos saben perfectamente que una orden así no sería acatada por el mandatario, lo que llevaría al país a una situación de golpe de Estado técnico.

En realidad, Morales lleva meses desobedeciendo a la Corte Constitucional, que le dijo que no podía expulsar a la Cicig y este hizo caso omiso.

Quizás la única opción para revertir el acuerdo esté en las elecciones del 11 de agosto. Por ahora, tanto Sandra Torres como Alejandro Giammattei, los dos aspirantes, se han mostrado en contra de que Guatemala sea un «tercer país seguro». Pero una cosa es hacer promesas electorales y otra enfrentarse a la principal potencia mundial, que sigue considerando Centroamérica como su patio trasero.