1.000 días en un tuit, una llamada de Moncloa y la cárcel

Hace 1.000 días Altsasu amanecía tomada por la Guardia Civil. Aquel 14 de noviembre de 2016 el Instituto Armado se disponía a detener a nueve jóvenes de la localidad. Hoy, siete de ellos siguen encarcelados en un camino marcado por un tuit de Rajoy, una llamada de Moncloa y el poder de la Guardia Civil y Covite. Ahora, a la espera del Supremo.

No es sencillo resumir todo lo que ha sucedido alrededor de aquel altercado nocturno a las puertas del bar Koxka de Altsasu en el que se vieron involucrados dos guardias civiles con destino forzoso en el pueblo. Hace 1.000 días la jornada se abría con la Guardia Civil escenificando una gran operación, deteniendo a Edurne Martínez en Madrid, a Ainara Urkijo en Agurain, a Jon Ander Cob en Iruñea, a Oihan Arnanz en Gasteiz y a Aratz Urrizola en Ordizia. Se sumaban a Iñaki Abad, Jokin Unamuno y Julen Goikoetxea, detenidos en la localidad de Sakana. La excepción fue Adur Ramirez de Alda, a quien no se llevaron dado que pese a que estaba en su domicilio, la Guardia Civil no portaba la orden de detención. Arnanz, Unamuno y Ramirez de Alda no han vuelto a pisar su pueblo desde entonces.

Desde el primer instante, la historia cobró una dimensión alejada de los hechos, con las calles de Altsasu convertidas en un inmenso plató de televisión. La Policía Foral y la Guardia Civil, a su vez, vivían una lucha competencial soterrada. La Policía navarra había iniciado las primeras investigaciones y, de hecho, tomó declaración a la pareja de uno de los agentes. Pero aterrizó en Nafarroa el director general de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, y tras su visita a los protagonistas, éstos se negaron a declarar ante los forales. La Guardia Civil pasaba a ser juez y parte del caso.

El segundo capote llegaba de un paisano de Fernández de Mesa, el entonces presidente del Gobierno español Mariano Rajoy. Eran viejos conocidos, ya que les tocó lidiar juntos con el caso Prestige. Rajoy dejó claro a través de Twitter que aquello no había hecho más que empezar: «No habrá impunidad».

Pero el giro definitivo llegó con la denuncia de Covite el 20 de octubre, centrada en Ospa Mugimendua y con apenas elementos de lo sucedido aquella noche. Consuelo Ordoñez introdujo, por primera vez y valiéndose de la remodelación del Código Penal, la variable de «terrorismo» en una denuncia en la que hay hasta 20 referencias a ETA. La Unión Europea afirma que para una convivencia óptima debe haber un policía por cada 1.000 habitantes. En Altsasu, hay 70 por unos 7.500 habitantes, lo que multiplica por 10 esa recomendación. Estos datos, unidos a la cantidad de controles y provocadoras actitudes policiales creó un fuerte movimiento antimilitarista en Altsasu, encarnado en Ospa Mugimendua y situado en el centro de la diana de aquella denuncia.

Asimismo, mediante una estrategia poco ortodoxa, Covite eligió juzgado (la Audiencia Nacional). En lugar de presentar la denuncia ante la jueza que llevaba el caso en Iruñea y que esta lo trasladara a la Audiencia Nacional si veía indicios de «terrorismo», Covite llevó el caso directamente a Madrid. De este modo había dos juezas al mismo tiempo para un único caso, por lo que el conflicto se tuvo que dirimir en instancias superiores. El 8 de noviembre la jueza Benito se inhibe, el 10 Lamela emite su auto y el 14 se produce la razia.

El auto y el nombre de los imputados era ya de dominio público gracias a la filtración de diversos medios estatales. Aquello hacía pensar que el caso se podría resolver con una citación. Ante ello, encausados y abogados tenían previsto, ese mismo día 14, realizar un escrito en el que mostrarían su voluntad para declarar en la Audiencia Nacional. Sin embargo, la Guardia Civil se adelantó y se llevó a los jóvenes a Madrid. Mientras tanto, Altsasu comenzaba a dar nota de lo que ha demostrado durante estos 1.000 días. Varios vecinos, junto a padres y madres, fletaron un autobús y realizaron el trayecto, no sin antes pasar por el cajero, ya que entendían que los jóvenes podrían salir bajo fianza. «Si a uno le imponían una gran fianza y teníamos que reunir dinero entre todos, lo haríamos», cuenta Edurne Goikoetxea, madre de Urkijo. Sin embargo, la juez Carmen Lamela ordenó el ingreso en prisión incondicional y sin fianza de los seis chicos detenidos. A ellos se sumaría Ramirez de Alda dos días después, tras personarse por tercera vez y de forma voluntaria en los juzgados. La razón: riesgo de fuga.

Una llamada de Moncloa

Tras el sentimiento de injusticia que ha provocado el caso en gran parte de la sociedad, la solidaridad y la movilización han sido los otros dos factores que han marcado estos casi tres años. A las recordadas movilizaciones masivas de Iruñea o Altsasu hay que añadir actos por todas las localidades de Euskal Herria y muchos pueblos del Estado. Todo impulsado por vecinos de Altsasu. 1.000 días han dado para debates, conflictos y mucho trabajo, con centenares de altsasuarras (unos 700) implicados.

Un eco que se ha visto reflejado en la mediatización del caso, en medios locales, estatales e internacionales. Uno de ellos, “The Financial Times”, envió a su corresponsal en Madrid, Michael Stothard, a Altsasu, con el fin de hacer un reportaje sobre la justicia española, puesta en cuestión a nivel internacional por el procés de Catalunya. El artículo le costó una llamada de Moncloa para decirle que era «un periodista terrible».

A la espera del Supremo

Tras una petición fiscal de 375 años de prisión, al juicio se llegó en abril de 2018, con una denegación masiva de pruebas y testigos propuestos por la defensa. Sin embargo, vieron la luz varias imágenes que contradecían a la acusación. Ramirez de Alda, que asegura que se encontraba en casa durmiendo y al que ningún testigo supo situar en la trifulca, portaba una ropa distinta a la que identifican los denunciantes. Y un vídeo grabado por Abad minutos después del altercado muestra al sargento junto a la Policía Foral buscando a los responsables. En su camino habla y se cruza con varios de los encarcelados sin identificarlos. Unamuno tiene claro que este vídeo es el motivo de que Abad se haya visto en mitad de esta historia: «El vídeo desmonta por completo su versión y lo grabó y lo presentó Iñaki. Por eso fueron a por él».

Llegó la sentencia, con penas de entre 13 y 2 años para los ocho jóvenes por delitos de «atentado a la autoridad», «lesiones» o «desórdenes públicos». Todos fueron absueltos de la acusación de «terrorismo». «Se borraron los planes de futuro», cuenta Julen Goikoetxea.

Cuatro días después de la sentencia y mientras las defensas preparaban el recurso de apelación, 88 agentes y 27 vehículos de la Guardia Civil volvieron a tomar el pueblo para detener a Cob, Goikoetxea, Abad y Urrizola, que cumplen ya 466 días encarcelados.

La Sala de Apelación confirmó las sentencias, asumiendo todas las tesis de la Sección Primera, pero rebajando a seis años la de Abad. El caso se encuentra ahora a la espera de que el Tribunal Supremo estudie los recursos, en una vista fijada para el 18 de setiembre y donde Altsasu ha focalizado la esperanza.