El Supremo decidirá sobre la exhumación o no de Franco dentro de dos semanas
24 de setiembre es el día fijado por el Supremo español para decidir sobre la exhumación o no de los restos de Franco del Valle de los Caídos. El Gobierno español lo anunció para el 10 de junio, pero el TS lo paralizó para analizar alegaciones de familia y grupos ultras.
El Tribunal Supremo español fallará definitivamente sobre la exhumación de los restos del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos el próximo martes 24 de septiembre, han confirmado fuentes jurídicas. La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal a la que ha correspondido el asunto ha fijado dicha fecha a las 10.00 horas para votación y fallo.
La Sala ha estado estudiando las alegaciones presentadas por la familia Franco y otras tres partes personadas, contrarias a la exhumación, y también la de la Abogacía del Estado en favor de la decisión del Gobierno Sánchez de sacar los restos del Valle. En principio se fijó como fecha para los trabajos el 10 de junio, si bien el Supremo decidió suspender cautelarmente el acuerdo del Consejo de Ministros tan sólo seis días antes.
La paralización de la exhumación se justificó por el Supremo en la necesidad de evitar el perjuicio que, de otro modo, se causaría a los recurrentes -la familia Franco y otros tres colectivos- y, especialmente, a los intereses públicos encarnados en el Estado y en sus instituciones constitucionales, «los cuales se verían gravemente afectados si, exhumados esos restos, se estimara el recurso y fuera preciso devolverlos al lugar en que se hallan».
En este asunto están personados, además de la familia Franco, la Fundación Francisco Franco, la comunidad Benedictina en Cuelgamuros y la Asociación de Defensa del Valle de los Caídos.
Cinco jueces tienen la llave
El tribunal que decidirá sobre este asunto está presidido por Jorge Rodríguez Zapata y lo integran también los magistados Celsa Pico, José Luis Requero, Pablo Lucas y Antonio-Jesús Fonseca-Herrero.
Los recursos se presentaron contra el acuerdo por el que el pasado 15 de febrero el Consejo de Ministros autorizó la ejecución de la exhumación, siempre y cuando la familia del dictador accediera a elegir una ubicación distinta a la cripta de la Catedral de la Almudena para inhumar de nuevo los restos de su abuelo.
Ante la negativa de la familia de renunciar por el momento a enterrar a Franco en la sepultura que poseen a perpetuidad en la cripta de La Almudena, un lugar que el Gobierno español considera inadecuado por su situación tan céntrica y su interés turístico, el Ejecutivo aprobó posteriormente, el 15 de marzo, otro acuerdo por el que decidía reinhumar los restos del dictador en el cementerio de El Pardo-Mingorrubio y fijaba para el 10 de junio la fecha de los trabajos de inhumación.
En sus alegaciones sobre el fondo, la familia Franco calificaba de «precipitada» la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez y denunciaba que encajaba en una voluntad «electoralista» sin justificación. Por su parte, la Abogacía del Estado señalaba que todas las decisiones del Ejecutivo encajan en la legalidad y no vulneran derechos de la familia del dictador, por lo que deben tramitarse en cumplimento de la Ley de Memoria Histórica.