Ongi Etorri Errefuxiatuak pide a Lakua incentivar la reconversión de la industria militar en civil

Ongi Etorri Errefuxiatuak (OEE) ha pedido que todos los incentivos y ayudas que se otorguen desde las administraciones públicas a la producción de armas en la CAV estén orientadas a reconvertir la industria militar en civil.

La plataforma Ongi Etorri Errefuxiatuak ha afirmado que el Gobierno de Lakua tiene «muchos ámbitos» de actuación para «poder influir» en la reducción de la producción y el comercio de armas desde la CAV. En este sentido, ha propuesto que se incentive la «reconversión de la industria militar en industria civil» o que se excluyan a las empresas que producen armas de los programas de ayudas.

Cerca de una veintena de integrantes de esta plataforma han comparecido en Bilbo para mostrar su disconformidad ante el informe ‘Comercio y exportación de armas en Euskadi. El papel de las instituciones vascas para la mejora de la transparencia, el control de las exportaciones y el cumplimiento del marco jurídico aplicable’, elaborado por el Instituto de Gobernanza Democrática - Globernance para el Gobierno de Lakua y que fue presentado el pasado mes de noviembre.

El integrante de Ongi Etorri Errefuxiatuak Luis Arbide ha advertido de que la CAV es «una potencia en la industria armamentística» y ha denunciado que este reciente informe es «absolutamente rechazable». En este sentido, ha asegurado que es «blanqueador de la actividad armamentística» y, además, «dinamita la Carta de Solidaridad con los Países Empobrecidos» aprobada por el Parlamento de Gasteiz, que debería ser «referente» para Lakua en este terreno.

Los portavoces de Ongi Etorri Errefuxiatuak han criticado que el estudio es «un informe justificativo» que sitúa al Ejecutivo de Urkullu «en una posición de observador, como que no le caben capacidades para actuar sobre esta industria tan vulneradora de los derechos humanos».

Para la plataforma, sin embargo, las autoridades vascas «pueden hacer más» y, por ello, ha reclamado que «la complejidad del reparto competencial no puede servir de excusa para derivar responsabilidades» a otros niveles gubernamentales.

De este modo, considera que, desde competencias propias o compartidas como «la acción exterior y cooperación al desarrollo, la política industrial o la ordenación general de la economía», existen «muchos ámbitos» en los que el Gobierno de Lakua «puede influir para reducir la producción, financiación y comercio de armas desde Euskadi».

En esta línea, ha apuntado que «se puede ir cortando» el apoyo que ofrece el Ejecutivo a empresas que «son duales, con producción civil y militar», y que «se benefician directa o indirectamente de ayudas o exenciones fiscales. No para acabar con esas empresas, sino para redirigirlas a otra actividad productiva, que sea civil y que no sea dañina», ha indicado Jokin Alberdi.

Para Ongi Etorri Errefuxiatuak, el informe del instituto Globernace «se limita a recomendar unas pocas medidas de control centradas en la transparencia y la responsabilidad social corporativa de las empresas vascas que exportan armas, principalmente códigos de conducta y un observatorio público de derechos humanos, sin mencionar que las administraciones vascas disponen de otros mecanismos e incentivos para avanzar en la coherencia de políticas para el Desarrollo y el respeto de los derechos humanos».

«Supeditar la actuación de las administraciones vascas a un régimen de subvenciones o deducciones de carácter fiscal a cambio de que las empresas vascas acepten o se integren en un Código de Conducta Marco sobre esta materia es una propuesta muy limitada tanto desde el punto de vista político como ético. No se puede seguir promocionando con incentivos a unas empresas para que sus productos sigan ‘matando limpio’ a cambio de buena conducta», ha afirmado.

Propuestas

Por ello, ha animado a «abandonar los esquemas de voluntariedad retórica e insistir en que haya campo de actuación competencial y regulatorio para articular políticas desde nuestras administraciones para ir terminando progresivamente con la producción y exportación de armas desde Euskadi».

Tras insistir en que «es poco probable que el control de las exportaciones de armas mejore con las medidas que propone el informe», Ongi Etorri Errefuxiatuak plantea otras alternativas como impedir el acceso a ayudas y subvenciones de las administraciones vascas de internacionalización y al comercio a las empresas armamentísticas.

También propone que no se permita que las empresas vascas que producen y exporten armas y sus componentes acudan en las delegaciones vascas comerciales a terceros países para que consigan nuevos contratos, así como excluir a las empresas que producen armas y componentes y que comercian con países en conflicto de la compra pública de las administraciones vascas.

Asimismo, plantea un nuevo sistema de incentivos y ayudas a la conversión de la actividad productiva de la industria militar en industria civil, con «una apuesta clara por la reconversión a la industria civil. Nadie habla de quitar puestos de trabajo», ha asegurado Alberdi.