Colombia niega una «política de exterminio» pese a admitir 84 muertes de líderes sociales este año
El Gobierno colombiano asume oficialmente la muerte violenta este año de 84 líderes sociales, pero destaca que son un 25% menos que el año pasado. La última se llamaba Lucy Villarreal y era una joven agente cultural.
El consejero presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales de Colombia, Francisco Barbosa, ha reconocido este jueves que entre el 1 de enero y el 17 de diciembre han sido asesinados 84 líderes sociales, destacando que supone un 25% menos que en el mismo periodo del año pasado.
El mandatario ha detallado que los crímenes ocurrieron en 58 de los 1.103 municipios del país y, lejos de admitir la gravedad del problema, resaltó que esa tasa representa «una de las máximas reducciones que tiene Colombia en homicidios en los últimos 30 años».
El último caso registrado es el de Lucy Villarreal, una joven gestora cultural del departamento de Nariño (suroeste) que según la versión oficial murió a manos de un sicario en la carretera que conecta a Tumaco, segundo puerto de Colombia en el Pacífico, con Pasto, capital departamental.
De los líderes sociales que han perdido la vida de modo violento, el 87% eran hombres y el 13% restante mujeres, y los homicidios ocurrieron principalmente en zonas en las que hay presencia de grupos armados ilegales. El Gobierno colombiano dice que son bandas dedicadas al narcotráfico y a la minería ilegal.
A comienzos de este mes la Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos manifestó que en lo que va de año al menos 86 defensores de derechos humanos han muerto de modo violento en el país, por lo que sus datos son superiores muy ligeramente a los gubernamentales.
Entre tanto, la ONG Programa Somos Defensores detalló en el "Informe Semestral Enero-Junio 2019" que al menos 59 defensores de derechos humanos fueron asesinados durante el primer semestre de este año en Colombia, cinco de ellos en Nariño.
Pese a esto, Barbosa subrayó que esta práctica no es sistemática e insistió en que son hechos relacionados con actividades ilícitas, intentando así despolitizarlos.
Hizo un llamado a las autoridades locales y a la sociedad para trabajar de forma conjunta con el objetivo de detener esta lacra. «Las razones son diversas, aquí no hay una política de exterminio, ni una política sistemática, aquí lo que existen son razones diversas que se producen contra nuestros lideres sociales atadas a fenómenos de delincuencia», insistió.