Políticas de muerte en la «necrofrontera» sur de Europa

Las políticas migratorias de la Unión Europea, que ponen la seguridad de su territorio por encima del derecho a la vida, han convertido en una «necrofrontera» la llamada Frontera Sur de Europa al tiempo que provocan la desconfianza en el propio proyecto comunitario. La organización Caminando Fronteras ha contabilizado la muerte de al menos 1.020 personas entre enero de 2018 y abril de 2019.

El último informe de Caminando Fronteras, organización no gubernamental que trabaja en la protección de los derechos de las personas migrantes, la sensibilización, la denuncia y el apoyo a las redes migrantes, analiza el impacto de las políticas de seguridad y control migratorio sobre las personas y desvela políticas orientadas a «causar la muerte», ya sea directa o indirectamente, de las personas que huyen de la violencia, la persecución o la pobreza en sus países de origen en busca de un futuro y una vida digna.

A través de testimonios de personas que han logrado o no llegar a Europa, el documento "Vida en la necrofrontera", presentado esta tarde en Bilbo por Helena Maleno, denuncia las políticas que «hacen morir o dejan morir» a las comunidades migrantes. Esas que ponen la seguridad y el control por encima de la vida y se construyen y aplican en base a discursos falsos como la lucha contra el «terrorismo», las mafias, la trata de personas y el «efecto llamada» o los discursos economicistas de la regulación de las migraciones vinculada al mercado laboral y los discursos neocoloniales que sostienen la externalización de fronteras.

En el año 2018 se puso el foco de la «alarma migratoria» de la Frontera Occidental con África, lo que comúnmente se conoce como Frontera Sur, que ha servido para aumentar el control. Marruecos cifró en 89.000 las personas interceptadas y el Ministerio español de Interior, en 57.498 las que llegaron a costas españolas. Pero Caminando Fronteras hace hincapié en la cifra que no mencionan esas fuentes oficiales, la de los 1.020 muertos y desaparecidos entre enero de 2018 y abril de 2019, periodo en el que se produjeron 70 naufragios en esa zona.

La ONG destaca que el trato a los supervivientes es similar en Argelia, Marruecos y el Estado español: asistencia sanitaria pero no en todos los casos, falta de asistencia psicológica y aplicación de las leyes de extranjería. Y reclaman poner en valor la dignidad de las personas muertas y desaparecidas, así como apoyar a sus familias en la búsqueda e identificación.

«Las familias siguen llamando. Cada día», señala Maleno.

Infantilización y criminalización

Asegura el informe que en los procesos de acogida se produce una infantilización de las personas migrantes, que pasan de la criminalización a convertirse en un número, y denuncia las prácticas de control en el caso de caso de las mujeres, con las que no se trabaja sicológicamente tras ahondar en las violencias sufridas y a las que no se proporcionan espacios seguros. Lo mismo sucede con los menores migrantes, ya lleguen acompañados o no.

«El sistema de acogida tiene un marcado sesgo de beneficencia, puesto que no logra que las personas accedan a plenos derechos», señala Caminando Fronteras.

En cualquier caso, la ONG llama a plantar cara al «necropoder» a través de la resistencia, y defiende que «las primeras personas defensoras de sus derechos son las mismas personas migrantes y sus familias, que se enfrentan a la criminalización por ejercer su derecho al movimiento». Una persecución que también se dirige contra los activistas y defensores de los derechos de los migrantes, como ha sido el caso de la propia Meleno.

En este sentido, el estudio incide en que en ningún caso el control migratorio puede estar por encima del derecho a la vida y en que hay que evitar más tragedias en la Frontera Sur; en la urgencia de dar un trato digno a los desaparecidos y a los restos sin identificar; en proteger los derechos de los familiares en la búsqueda de sus seres queridos; y en los derechos de los supervivientes.

Maleno ha subrayado que el informe "Vidas en la necrofrontera" pretende salvaguardar el derecho a conocer la verdad, a construir la reparación y buscar con ahínco la justicia sobre los muertos y desaparecidos.