El Consejo de Nafarroa considera legal valorar el euskara como mérito en la zona no vascófona

El Gobierno navarro ha sido informado del dictamen 7/2020, de 24 de febrero, del Consejo de Nafarroa por el cual se concluye legal «un desarrollo reglamentario referente a la valoración del euskera como mérito en la zona no vascófona».

El Ejecutivo solicitó dicho dictamen mediante acuerdo en su sesión del pasado 22 de enero. Dicha consulta facultativa se produjo al amparo de lo establecido en el artículo 14.2 de la Ley Foral 8/2016, de 9 de junio, del Consejo de Nafarroa, por el cual habilita a este órgano a emitir dictamen en cuantos asuntos se le sometan a consulta facultativa por acuerdo del Gobierno.

La derogación de varios preceptos del Decreto Foral 103/2017, de 15 de noviembre, por el que se regula el uso del euskara en las administraciones públicas y entidades de derecho público dependientes, en concreto en lo que se refiere a la valoración del eusaera como mérito en la zona mixta, en la zona no vascófona y en los servicios centrales, hace que sea necesario elaborar una nueva norma, señala el Ejecutivo.

Para ello, el Gobierno de Nafarroa está trabajando en la elaboración de una normativa que, cumpliendo lo establecido en las sentencias 216, 217 y 218/2019 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Nafarroa, regule la valoración de méritos en el ámbito de la función pública y «lo haga desde el máximo consenso y la máxima seguridad jurídica».

Contenido del dictamen

El dictamen señala que «no se produce en la sentencias referidas una categórica prohibición a la valoración del euskera en la zona no vascófona, sino que esta deber realizarse de manera proporcionada y adecuada a las funciones a realizar y a la realidad sociolingüística en cuestión».

El propio Consejo de Nafarroa recuerda que en su dictamen 40/2017 de 29 de septiembre emitido al respecto del mencionado Decreto Foral 103/2017, de 15 de noviembre que «la posibilidad de graduación de los conocimientos del euskera deba ajustarse a los criterios de funcionalidad, razonabilidad y proporcionalidad, no pareciendo correcto que los puestos se valoren independientemente de las funciones a desempeñar, debiendo permitirse la puntuación en atención a las funciones del puesto de trabajo y la realidad sociolingüística del lugar en el que se vaya a desempeñar».

Igualmente, el dictamen señala que «puede haber supuestos en los que la valoración del conocimiento de una lengua distinta al castellano pueda ser objeto de valoración, en cuyo caso, no se alcanza a ver motivo por el cual pueda ser valorado, por ejemplo, el conocimiento de la lengua francesa o inglesa, y no el euskera que, además, es una lengua propia de Navarra y todos los ciudadanos tienen derecho a conocerla y usarla, tal y como señala el artículo 2 de la Ley Foral del Euskera».

Señala a continuación que «ninguna de las lenguas europeas se encuentra en esa posición» de lengua propia de Nafarroa «y que no pueden equiparar unidades de comparación heterogéneas, pretendiendo uniformar lo que es diferente en su concepción legislativa».

En la rueda de prensa posterior a la sesión del Gobierno, el consejero de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior, Javier Remirez, ha señalado que «el Ejecutivo ha remitido el dictamen para su valoración al Grupo de elaboración de una nueva norma que, cumpliendo lo establecido en las sentencias 216, 217 y 218/2019 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, regule la valoración de méritos en el ámbito de la función pública».

Remírez ha recordado que, aunque el dictamen no marca la decisión final del Gobierno «se ha demostrado como positivo valorar las consideraciones del Consejo de Navarra para ahondar en la senda de la máxima seguridad jurídica».

Finalmente ha recordado que «el Grupo de trabajo tiene como mandato político adaptar la normativa no solo a la legalidad marcada por sentencias referidas, sino que además a lo comprometido en el acuerdo programático: la configuración de una política lingüística que atienda los derechos de los vascoparlantes, la realidad sociolingüística y la igualdad de oportunidades, con el máximo grado de consenso social, político y sindical».