El bono social eléctrico será más necesario por la crisis que deja el covid-19

Desde el inicio del estado de alarma por la pandemia del covid-19, 25.900 nuevos hogares del Estado se han sumado al bono social eléctrico, con lo que sobrepasan ya los 1,3 millones de beneficiarios. Hay otro 1,1 millones más que solicitaron el bono social térmico en 2019, según datos aportados por el Ministerio español de Transición Ecológica.

La pobreza energética golpeará con más dureza aún en este pandemia, según pronostican algunos colectivos sociales. Un año antes, en 2018, 1,07 millones de personas tuvieron que recibir ayudas para poder contar con energía eléctrica en el conjunto del Estado. Fue en tiempos de crecimiento económico. A partir de este año la crisis sanitaria volverá a dejar «fríos» a los hogares.

Hay que tomar en cuenta que el 8,3% de hogares del Estado español sufre pobreza energética, es decir en torno a 1,5 millones (más de 4 millones de personas), según el estudio «La pobreza energética en España: aproximación desde una perspectiva de ingresos», de  María Teresa Costa-Campi, Elisenda Jové-Llopis y Elisa Trujillo-Baute elaborado por la cátedra de Sostenibilidad Energética del Institut d'Economia de Barcelona (IEB) de la Universitat de Barcelona.

En Hego Euskal Herria rondan los 140.000 hogares (en torno a 400.000 personas), que tampoco pueden hacer frente al pago completo del recibo de la luz o el gas, incluso el agua.

Algunos colectivos sociales con los que NAIZ se ha puesto en contacto admiten que la vía del bono social es la única puerta que muchas personas que «han sufrido, sufren y sufrirán la pobreza» para poder «contar con alguna ayuda que les salve la situación». Admiten que en los próximos meses y semanas se irán incorporando más personas porque «volvemos a tener crisis para rato».

El pico más alto de hogares en pobreza energética en Hego Euskal Herria se alcanzó entre los años 2014 y 2015, donde rebasaron el 8% de incidencia. Además, dentro de las medidas aprobadas por el Gobierno español, ante la crisis del covid-19 se indica que a quienes están afectados por la misma no se les puede cortar la energía eléctrica.

Qué hacer

Para solicitar el bono social eléctrico se puede hacer por teléfono, correo electrónico, correo ordinario o fax directamente, enviándolo a alguna de las comercializadoras de referencia, que tienen la obligación de ofrecerlo y financiarlo. No hay diferencia entre comunidades, en este caso.

El bono social es un descuento del que pueden beneficiarse las personas consumidoras en la factura eléctrica de su vivienda habitual, siempre que tengan contratada una potencia igual o inferior a 10 kW (kiilovatios), se acojan a la tarifa de precio voluntario para el pequeño consumidor (PVPC) y cumplan diferentes requisitos.

El descuento va desde el 25%, para consumidores vulnerables al 40% para consumidores vulnerables severos, y también distingue a persona vulnerable severa en riesgo de exclusión, cuya factura es abonada en al menos en un 50% por los servicios sociales, para evitar que la compañía les corte la electricidad por impago.

La reforma de hace dos años amplió los supuestos para poder solicitar el bono social eléctrico y tomó como referencia principal los ingresos, utilizando para ello el indicador IPREM. El bono social eléctrico puede solicitarse todo el año pero debe renovarse (si las circunstancias que determinan la vulnerabilidad social se mantienen) cada dos años.

La documentación que hay que presentar para la renovación es la misma que hay que presentar para una primera solicitud. Los ingresos máximos para poder beneficiarse del bono social se fijan a través del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), un índice sobre ayudas e ingresos de quien solicita el bono, que incluye a las familias sin menores que obtengan un ingreso anual de 11.279,39 euros; con un o una menor a 15.039,18 euros y a 18.798,98 euros con dos menores.

En el caso de personas pensionistas con pensión mínima no se requiere ningún requisito para entrar en el rango de persona vulnerable. Con unos ingresos inferiores a 7.520 euros anuales (IPREM) serán consideradas personas en situación de vulnerabilidad severa con derecho a un descuento del 40%.

Contar con el bono social impide que al beneficiario o beneficiario se le interrumpa el suministro en caso de impago en los casos en que haya al menos un menor de 16 años en la unidad familiar, o en los que el consumidor o uno de los miembros de su unidad familiar sea persona con discapacidad igual o superior al 33% o con grado de dependencia II o III, previo certificado expedido por los servicios sociales de las administraciones públicas competentes.

Y, por otro lado, los beneficiarios del bono social eléctrico «cuentan con un periodo más prolongado para hacer frente a las facturas impagadas que el resto de consumidores». El plazo de 4 meses duplica al plazo general previsto.    

Bono a empresas y a autónomos

Con la crisis del covid-19, el Gobierno español ha introducido medidas de apoyo en el suministro a empresas y autónomos. El Ministerio español de Transición Ecológica ha informado que hasta este martes unas 102.090 entidades se han acogido a la reducción de potencia contratada y otras 14.199 se han acogido a la suspensión temporal de contratos de suministro.

Durante el estado de alarma, pueden reducir la potencia contratada en sus suministros de electricidad y gas natural o incluso suspender el contrato de suministro, sin ser objeto de ninguna penalización.