ELA considera que el IMV «no va a mejorar la situación» de quienes perciben la RGI o la RG

ELA considera que el Ingreso Mínimo Vital (IMV) «no sirve para atajar las situaciones estructurales de pobreza» en Hego Euskal Herria, «al estar su cuantía por debajo» de las modalidades de renta garantizada –RGI en la CAV y RG en Nafarroa–, sistemas estos últimos «que ya presentaban muchas carencias». El sindicato apuesta por que sea el Salario Mínimo Interprofesional el que marque dicha ayuda.

ELA entiende que debe ser el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) el que marque la «cuantía de renta garantizada» y no las modalidades de Renta de Garantía de Ingresos (RGI, en la CAV) y Renta Garantizada (en Nafarroa), «que ya presentaban muchas carencias». Todavía menos valor le da al Ingreso Mínimo Vital (IMV), «una medida que no sirve para atajar las situaciones estructurales de pobreza» en Hego Euskal Herria, «al estar su cuantía por debajo de RGI y RG».

Este sindicato, que también exige aprobar las medidas recogidas en la ILP de la Carta de Derechos Sociales contra la pobreza y la exclusión social, valora que el IMV «es mucho más mínimo que vital», dado que los 461,5 euros mensuales para una persona que vive sola «es una cuantía que se sitúa por debajo incluso del umbral de la pobreza». «Es una medida que, si pretendía atajar las situaciones estructurales de pobreza, se queda corta», añade.

ELA denuncia que, a pesar de haber sido presentada como una «medida novedosa», el IMV no es sino un «fiel reflejo» de RGI y RG, «en contenido regulatorio y espíritu». «Ambas son claramente insuficientes para ELA, pues hemos denunciado los importantes recortes que se vienen dando, los criterios restrictivos en su aplicación y hemos puesto encima de la mesa propuestas de mejora», insiste.

En esta misma línea, tilda de «insuficiente» el sistema de prestaciones sociales de CAV y Nafarroa, pues «que el IMV resulte peor no hace mejores a estos sistemas». Recuerda, además, que los niveles de pobreza «han aumentado en los últimos años». Así, acude a la Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales de la CAV, que reflejó en 2018 «que había más de 130.000 personas en situación de pobreza grave, un 46% más que en 2008».

ELA censura que «tan solo una de cada tres personas en situación de pobreza sale de ella como consecuencia del sistema de prestaciones sociales» y alerta de que la situación se ha agravado como consecuencia de la pandemia, «que hace más urgente, si cabe, un cambio, pero no en el sentido pretendido por el Gobierno español».