La Fiscalía del Supremo asume el caso de Juan Carlos de Borbón, ¿para acusarle o protegerle?

La Fiscalía del Supremo ha asumido la investigación de la millonaria comisión de las obras del AVE que cobró Juan Carlos de Borbón según el criterio de la Fiscalía suiza. Lo hace argumentando que está aforado, pero poniendo en duda si mantiene o no la inviolabilidad. En otras palabras, ¿lo hace para acusar o para proteger al Rey emérito?

La Fiscalía del Tribunal Supremo ha asumido la investigación derivada de las diligencias abiertas en diciembre de 2108 por Anticorrupción para para aclarar el destino de 80 millones de euros que según Corinna Larsen, de casada Corinna zu Sayn-Wittgenstein, se habrían repartido entre otros el Rey emérito español por la adjudicación del AVE a La Meca a empresas españolas en 2011.

En una nota remita este lunes, la Fiscalía General del Estado explica que esta investigación se centra, precisamente, en delimitar o descartar la relevancia penal de los hechos que ocurren con posterioridad al mes de junio de 2014, momento en que el Rey Emérito dejó de estar protegido por la inviolabilidad que el artículo 56.3 de la Constitución española reconoce al Jefe del Estado.

«Resulta preciso, pues, la práctica de nuevas diligencias que afectan directamente al Rey Emérito, quien -como es sabido- se encuentra aforado ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo», señala el Ministerio Público.

Desde marzo se sabe que la Fiscalía suiza ha destapado cien millones de euros ocultos atribuidos a Juan Carlos de Borbón, que habría usado a Corina Larsen como testaferro y que proceden de la monarquía saudí, en el marco de esta adjudicación del AVE.

Tras trascender todo ello, y con la atención pública copada por el estado de alarma que se había declarado ese mismo día, el actual monarca, Felipe de Borbón, comunicó el pasado 14 de marzo que se desvinculaba de los bienes de su padre, renunciando a la herencia y retirándole la asignación.

Antecedentes

El pasado día 5 de junio la Fiscal General del Estado, Dolores Delgado, dictó un decreto en el que designa para esta investigación al Fiscal de Sala del Tribunal Supremo de la especialidad de Delitos Económicos, Juan Ignacio Campos Campos, de quien la nota de la Fiscalía señala que «pertenece a la más alta categoría de la carrera fiscal y reúne una extraordinaria cualificación y experiencia». Además, estará auxiliado por un equipo conformado por tres fiscales del Tribunal Supremo.

Fuentes de la fiscalía Anticorrupción han señalado a Europa Press que la decisión se ha adoptado a pesar de que este departamento no ha recibido aún el resultado de la comisión rogatoria remitida a Suiza hace ya varios meses solicitando información sobre este asunto, si bien se ha tenido en cuenta que, al afectar las peticiones de información que podrían afectar a Juan Carlos I, era mejor que el asunto se residenciara ya en el departamento fiscal al que correspondería finalmente la causa en el caso de que ésta fuera judicializada.

Las finanzas del Rey Juan Carlos llevan años bajo sospecha. Fue la apertura de la pieza 5 del 'caso Tándem' o 'caso Villarejo' en el verano de 2018 la que hizo que se empezaran a investigar judicialmente posibles comisiones ilegales o la existencia de testaferros tras la difusión de una serie de audios grabados en 2015 por el comisario jubilado y en prisión provisional José Manuel Villarejo en una conversación con el empresario Juan Villalonga y Corinna zu Sayn-Wittgenstein.

En esa charla, grabada en Londres, ella afirmaba que el Rey emérito había cobrado comisiones por la negociación de la adjudicación a una UTE española de las obras del AVE a la Meca y señalaba a la mujer de un difunto traficante de armas como la encargada de repartirlas.

La pieza 5, conocida como 'Carol', se cerró provisionalmente en la Audiencia Nacional sólo dos meses después debido a la falta de pruebas y a la inviolabilidad de la que gozaba  Juan Carlos de Borbón en el momento de los hechos por ser jefe del Estado. Desde que abdicó en Felipe VI, el exmonarca es aforado ante el Tribunal Supremo.

A pesar del archivo de esta pieza, el juzgado dio traslado a la Fiscalía Anticorrupción para investigar la adjudicación del AVE a la luz de aquellos audios, pues en la conversación se identificaban tanto el contrato como personas, importes y posibles mordidas en una información que se complementaba con «otros documentos hallados» durante la instrucción judicial.

El Ministerio Público abrió entonces diligencias secretas, que se encargaron a un fiscal diferente a los titulares del 'caso Tándem', por la sospecha de presuntos delitos de cohecho y de corrupción en las transacciones comerciales internacionales por parte de las empresas adjudicatarias.

Se trataba de una fase de investigación previa en el departamento dirigido por el fiscal Alejandro Luzón, si bien a la vista de que los hechos pueden acabar implicando a un periodo de la vida de Juan Carlos I en la que éste no goza de inviolabilidad penal, se ha optado por remitirlo a la Fiscalía del Supremo, órgano que sería el competente en investigarle si se apreciaran indicios y el caso terminara judicializándose.

En el marco de estas actuaciones, el encargado del caso ha interrogado a Shahpari Zanganeh, la esposa del traficante de armas Adnan Khashoggi, por ser la supuesta encargada del reparto de comisiones en la operación de adjudicación del AVE, así como a la propia Corinna, en calidad de testigo, en septiembre de 2019.

En esa ocasión, la empresaria alemana puso en conocimiento de los investigadores españoles, según explicó su abogado, «los hechos limitados de los que tiene algún conocimiento», pues asegura que apenas tiene datos y que lo que sabe llegó a ella a través de terceros, pues no participó en la operación.

La empresaria ha reconocido, a través de un comunicado enviado por sus abogados, esa transferencia, pero la enmarca en una donación del Rey emérito en el año 2012 como «regalo no solicitado» para ella y su hijo por el «cariño» que les tenía. Así, la desvincula de las supuestas comisiones por la adjudicación del AVE a la Meca, pues insiste en que no participó en los acuerdos que llevaron a este contrato.