La ANP afirma que declarará un Estado palestino si Israel se anexiona finalmente Cisjordania
La Autoridad Palestina ha afirmado que está dispuesta a declarar un Estado palestino con las fronteras de 1967 sin Israel materaliza sus planes para anexionar parte de Cisjordania y el territorio ocupado por sus colonias.
El primer ministro palestino, Mohamed Shtayeh, ha calificado el plan de anexión de Israel de parte de Cisjordania como una «amenaza existencial» que supondría un golpe irreversible para el proceso de paz, y aseguró que, si sigue adelante, los palestinos declararán un Estado propio.
Si el jefe de Gobierno israelí, Benjamín Netanyahu, pone en marcha su plan el próximo julio –como tiene previsto–, supondrá «una erosión total» de la ley internacional, ha alegado Shtayeh, que ha asegurado que la opción de disolver la Autoridad Palestina (ANP) «no está en la agenda».
La ANP está en contacto con países occidentales ara presionar a Israel contra la anexión pero, si esto no tiene resultado, procederá a constituir un Estado «sobre el terreno», pedirá el apoyo del resto del mundo y hará «una declaración constitucional» para que Palestina se forme según las fronteras previas a la Guerra de los Seis Días de 1967, con Jerusalén Este como su capital.
Presión para frenar a Israel
La declaración se suma a otras con las que la Autoridad Palestina eleva el tono para presionar a la comunidad internacional con el fin de que, a su vez, frente los planes sionistas.
En el mismo sentido, la ANP suele anunciar la ruptura de los acuerdos de cooperación en seguridad cuando Israel lleva a cabo alguna medida aún más agresiva de lo habitual, si bien hasta ahora no ha llegado a hacerlo, y el mes pasado aseguró que cesaría los acuerdos bilaterales que mantenía con Israel y EEUU.
Shtayeh ha afirmado que estos acuerdos y la cooperación de seguridad han acabado, aunque ha matizado que seguirá «manteniendo la ley y el orden» y no dejará que «las cosas deriven en un caos», aunque advirtió que la población palestina está muy frustrada» por la situación.
También ha indicado que si se consuma la anexión, la OLP podría retirar su reconocimiento de Israel como Estado, un paso atrás que llevaría a la región a una situación previa de los Acuerdos de Paz de Oslo (1993-1995).
Shtayeh ha insistido en el rechazo al plan de EEUU que da vía libre a la anexión y ha apelado a romper «el monopolio» estadounidense como mediador en el conflicto, reiterando que este se debe abordar de manera multilateral.
Como parte de su estrategia, la ANP entregó hace pocos días al Cuarteto para Oriente Medio, compuesto por Rusia, EEUU la UE y la ONU, su propia contrapropuesta para un Estado soberano.
Actualmente, la ANP tiene una relativa autonomía sobre zonas limitadas de Cisjordania rodeadas de áreas bajo control israelí, por lo que su posibilidad de instaurar un órgano estatal con soberanía real son nulas.
Si Netanyahu se anexiona los asentamientos judíos y el Valle del Jordán, alrededor de un tercio de Cisjordania ocupada, sellará la imposibilidad del Estado palestino.
El primer ministro ha alertado también sobre la precaria situación económica de las instituciones palestinas a las que la crisis del coronavirus ha asestado un duro golpe, agravada por el rechazo a recibir los impuestos que Israel recauda en su nombre, lo que hace que este mes no pueda pagar los salarios de sus funcionarios.
Fallo contra las colonias
A menos de un mes del plazo previsto por el Gobierno israelí para el comienzo de los procedimientos legales de la anexión de partes del territorio cisjordano, el Ejecutivo de Benjamin Netanyahu ha recibido un revés en el Tribunal Supremo israelí, que ha derogado hoy la ley diseñada para legalizar con carácter retroactivo colonias israelíes en Cisjordania, paralizada desde 2017.
La norma, conocida como Ley de Regularización, permitía legalizar residencias construidas en tierras propiedad privada de palestinos en asentamientos en el territorio ocupado de Cisjordania.
En su fallo, los jueces argumentaron que la ley es «anticonstitucional» y «busca legalizar retroactivamente actos ilegales perpetrados por una población específica en la región, dañando los derechos de otra».
Además, señalan que «evidencia una clara preferencia en los intereses de los colonos israelíes sobre los residentes palestinos», quienes afirmaron que deberían tener la condición de «residentes protegidos».
Tras la aprobación de la ley en febrero de 2017, seguida por un amplio repudio de la comunidad internacional, organizaciones israelíes de defensa de los derechos humanos presentaron ante el Supremo una demanda en su contra, que llevó a que la norma fuese temporalmente suspendida en agosto de ese mismo año.
En caso de haber sido ratificada, la Ley de Regularización habría conducido a la aprobación retroactiva de unas 4.000 viviendas en lo que Israel considera colonias ilegales, si bien para la comunidad internacional todos los asentamientos en territorio ocupado lo son.
El fallo no afecta a las colonias que sí ampara la legalidad israelí o expropiaciones llevadas a cabo por razones de «seguridad».
Netanyahu ha anunciado, no obstante, que trabajará para volver a promulgar la ley.