La Mancomunidad Vasca denuncia la «pena de muerte» impuesta a los presos con largas condenas

El presidente de la Mancomunidad Vasca ha presentado a los asistentes a la reunión de consejo comunitario de la institución de Ipar Euskal Herria, reunidos en la sala Lauga de Baiona, una moción de urgencia que, en la línea de lo apuntado ayer por la delegación vasca, denuncia el rechazo sistemático de las peticiones de libertad condicional a presos con largas condenas. El texto aprobado califica de «condena a muerte» el rechazo de la petición de excarcelación presentada por el prisionero lohizundarra Jakes Esnal.

El presidente de la Mancomunidad Vasca, Jean-René Etchegaray, ha sorprendido a los asistentes a la reunión del consejo comunitario, reunido este sábado en el polideportivo Lauga de Baiona, con la presentación de una moción de urgencia en la que se hace referencia a las últimas actuaciones de la Justicia gala con los presos vascos.

Concretamente en el texto defendido por el dirigente centrista se menciona el rechazo a la demanda de libertad condicional presentada por el preso Jakes Esnal, excarcelación aceptada en primera insancia por el juez, el 12 de mayo, pero desestimada esta semana por la sala de apelación.

Igualmente se hace hincapié en la reiterada actitud de la Fiscalía de bloquear esas demandas, señalando a la declaración hecha por el fiscal, el mismo jueves, en la vista en apelación de Frédéric Xistor Haranburu, que como Esnal y Ion Parot, acumula 30 años de cárcel a sus espaldas.

La moción aprobada por la primera institución de Ipar Euskal Herria, que ha sido adoptada mediante el procedimiento de voto a mano alzada y sin que ningún consejero de la institución se haya manifestado en contra, toma como base el comunicado difundido ayer por la delegación vasca.

El texto suaviza una expresión. La delegación consideraba que la decisión adoptada con Esnal -y en general la actuación de la justicia francesa de retener en prisión a los tres presos labortanos condenados en 1990 a cadena perpetua- equivale a una «orden de ejecución».

Tras un debate rico en intervenciones, en el que algunos consejeros, caso de la ecologista baionarra Martine Bisauta y el alcalde socialista de Hendaia, Kotte Eznarro, han dicho que secundarían con o sin cambios el texto, y otros, como Mathie Bergé han abogado por una versión corregida, se ha optado por emplear en el texto el concepto de «condena a muerte».

Se ha escuchado alguna que otra queja por el hecho de que Etchegaray haya presentado, sin previo aviso, el texto, lo que no ha impedido al veterano comunista, Alain Duzert, significarse anunciando que secundaría el documento que se remitirá al Ministerio de Justicia galo, aunque, ha dicho, «lo hago sin saber lo que le parece a mi partido».

Voto mayoritario

Con la aprobación de esa moción, según estimaciones de Euskal Irratiak con el respaldo de unos 200 de los 232 miembros del consejo -cerca de una veintena de electos no han intervenido en la votación, en algunos casos porque ya habían abandonado la sesión- la Mancomunidad Vasca se pone en primera línea en la reclamación una salida para los presos con largas condenas.

«La pelota está en el Elíseo, ya que este voto deja claro que en Ipar Euskal Herria hay una mayoría fuerte y estable que pide una solución para que estas tres personas que han cumplido 30 años de prisión vuelvan a casa ayudando así a resolver en su conjunto la situación de los presos», ha explicado a Naiz la presidenta de Bake Bidea, Anaiz Funosas, tras conocer el resultado de la votación en la Mancomunidad.

Apoyos precedentes

No es la primera vez en que la institución respalda el proceso de paz. De hecho el anterior consejo también avaló expresamente las iniciativas de la delegación vasca que encabeza Etchegaray e integran otros representantes políticos y agentes sociales implicados en el proceso de resolución.

Lo hizo por dos veces, en vísperas de la movilización que llevó, el 9 de diciembre de 2017, a 11.000 ciudadanos a manifestarse en las calles de París, y lo hizo por segunda vez para llamar a otra protesta ciudadana, la marcha con makilas que recorrió las calles de Baiona el 11 de enero de 2019.

Con todo, ahora da un paso más allá, y en una situación de bloqueo, adopta por amplia mayoría una declaración que pide a París, como lo han hecho ya incluso algunos jueces, que diseñe una «política penitenciaria» materializable por «sentata y realista», o lo que es lo mismo que «renuncie a la actual posición de bloqueo, que pone a Euskal Herria ante un riesgo de que se produzcan derivas que se quisieron evitar precisamente con el proceso de paz», según se lee en la declaración.