Ley contra los separatismos, o el nuevo depósito del esencialismo republicano

«Proyecto de ley de respaldo a los principios republicanos» es la denominación eufemística de la nueva norma que, bajo el objetivo de «luchar contra el o los separatismos», aprobará el 9 de diciembre el gobierno francés.

El proyecto de ley al que dará luz verde el consejo de ministros este miércoles, 9 de diciembre, ha cambiado varias veces de denominación desde que Emmanuel Macron anunció, en el discurso del 2 de octubre en Yvelines,  la que se bautizó entonces como la «ley contra el separatismo islamista».

La tramitación de la Ley de Seguridad Global se ha convertido en un rompecabezas para el Ejecutivo y el presidente francés no quiere que la «batalla contra los separatismos» se salde con otra «bronca».

De ahí que, vía entrevista con el medio digital ‘Brut’, colocara en el tablero otro «anuncio» que puede incluso quitar foco a la presentación del proyecto de ley.

A partir de enero, y a modo de aperitivo de la campaña presidencial de 2022, el Ejecutivo apadrinará un foro o debate nacional dedicado a abordar la acción policial. Se trata de calmar, por una parte, las quejas de los sindicatos uniformados y, por la otra, de construir un relato alternativo a las violencias policiales, que Macron reconoció expresamente en esa entrevista que fue seguida en la red por «7 millones de jóvenes».

De prohibir filmar a legislar el odio en redes

La ley contra los separatismos insiste en el propósito de castigar las «presiones ejercidas sobre agentes del Estado o electos» a través de las redes sociales, una redacción concomitante con la Ley de Seguridad Global que plantea castigar la difusión de imágenes de violencia policial.

La norma que revaloriza los principios republicanos puede destapar el debate sobre la identidad, siempre complejo e imprevisible. De ahí que los mensajes previos al consejo de ministros se dirijan a limar aristas.

Si se confirma, la opción de dejar en manos del primer ministro Jean Castex la presentación de la ley, restando protagonismo a Gérald Darmarin, obedecería a ese objetivo de rebajar la inflamación del debate.

Bajando al contenido, la nueva facilita medidas como la disolución de asociaciones. Sin esperar a su aprobación, tras la decapitación del profesor Samuel Paty ya fue disuelto el Colectivo Chaikh Yassine aunque dio más que hablar la legalización del llamado Comité contra la Islamofobia en Francia (CCIF).

Desde 2010 han sido disueltas una treintena de asociaciones, de las cuales 13 fueron presentadas como grupos ligados al islam radical. No se menciona demasiado que otras 13 asociaciones pertenecían al espectro de la ultraderecha y que 7 más eran grupos violentos ligados al deporte de competición.

La nueva ley avalaría decisiones «sin complejos», de lectura netamente política, sin que, según señalan fuentes de Interior, se deba recurrir a argumentos administrativos como «la salubridad o seguridad» a la hora de clausurar locales de asociaciones, a clubs, cafés, escuelas o mezquitas.

A ese fin la norma consagra el creciente protagonismo de que gozan los prefectos.

La figura de ese delegado del Estado, no elegido en las urnas, ha ganado posición durante la pandemia.

La aplicación de las restricciones adoptadas para confrontar la expansión de la covid-19, del confinamiento a la limitación de la movilidad, reposa en gran medida en los medios coercitivos que coordina la Prefectura.

Escolarización obligatoria desde los 3 años

Junto a esos dos puntos de la ley, que afectan a principios fundamentales como el derecho de expresión y el derecho de asociación, otro contenido del proyecto de ley afecta al modelo educación.

La nueva ley consagrará como obligatoria la educación a partir de los tres años de edad haciéndose así depositaria de una norma precedente, ya que la Ley por una Escuela de Confianza, que apareció en el boletín oficial del 28 de julio de 2019, recogía ya la instrucción obligatoria a la edad de 3 años.

Si entonces se ligaba la medida a la «lucha contra las desigualdades», su inclusión en ese depósito de las esencias que es la ley contra los separatismos puede dotarle de un caracter más bien estigmatizante, al señalar como ajenas a «los valores republicanos» las opciones de ciertas familias de educar a sus hijos en casa o de hacerlo en asociaciones que defienden valores pedagógicos alternativos.

Nuevamente resulta difícil encontrar elementos que ayuden a justificar el nexo entre educación y acción contra el islamismo radical, y hay quien cuestiona incluso la necesidad de fijar esa edad de 3 años que es la que, de por sí, eligen el 97% de los progenitores para llevar a sus hijas e hijos a la escuela.

Para no sufrir la advertencia del Consejo de Estado, el Gobierno se plantea retocar en parte este capítulo, planteando excepciones a sus propios postulados iniciales.

Del uso del velo a los certificados de virginidad

Siguiendo con su papel de depósito o si se prefiere de cajón de sastre, la nueva ley preconiza la neutralidad de los servicios públicos, la cual está ya protegida por diversos textos, como la ley de 20 de abril de 2016 relativa a «la deontología y a los derechos y obligaciones de los funcionarios».

La nueva norma persiste en la línea abierta con otras medidas que provocaron fuerte debate político y mediático y cuyo recorrido posterior ha sido más que irregular. Por citar solo dos, está la ley de 2004 que proscribía el uso de símbolos de ostentación religiosa en la escuela pública y la norma de 2010 que prohibía ocultar el rostro en el espacio público, otra denominación eufemística para referirse al velo femenino.

El texto que sancionará mañana el consejo de ministros introduce una medida más novedosa, que promete acaparar titulares, al amenazar con sanciones a los facultativos que extiendan certificados de virginidad.

El Colegio de Ginecología y Obstetricia recuerda que los profesionales de la salud se guían por la recomendación, evidente de no expedir esos certificados, que ya dio la Orden de Medicina en 2003.

La doctora franco-libanesa Ghada Hatem-Gantzer, autora del libro ‘En los países de los machismos ordinarios’ y fundadora de la Casa de la Mujer de Saint-Saint-Denis (París) no es partidaria de focalizar en una cuestión que, siendo muy minoritaria en la estadística francesa, entiende como reveladora de situaciones de vulnerabilidad más complejas y pide medidas que, partiendo del contexto particular que viven «mujeres musulmanas pero también católicas» sirvan para hacer frente a la discriminación.

Y es que la violencia de orientación sexista que se expresa a menudo en el ámbito familiar acompaña, en sus diferentes formas, a las mujeres en cada paso que dan en una sociedad a la que desde las tribunas políticas y mediáticas se le instiga de forma recurrente a convertir valores comunes en artillería.

El estudio «fracturas francesas» llama a la reflexión al poner en evidencia la penetración creciente en la sociedad francesa de ese discurso autoritario y restrictivo de las libertades.

En ese contexto, el «proyecto de ley de respaldo a los principios republicanos», llamado a ser uno de los últimos proyectos legislativos «relativos a cuestiones de sociedad» del mandato presidencial, se presenta en sociedad en una fecha tan poco neutral como simbólica, el día en que se comemora el 115 aniversario de la ley de 1905 que consagra a Francia como una República laica.