El director de los Carabineros de Chile, imputado por la represión del estallido social
El director de los Carabineros de Chile (policía militarizada), Ricardo Yáñez, declarará el 25 de febrero como imputado en el marco de una investigación por violaciones a los derechos humanos durante las protestas de 2019.
«Toda diligencia tendente a esclarecer la participación de los responsables en los crímenes contra la humanidad que se han cometido a partir del 18 de octubre en adelante contra personas indefensas constituye motivo de satisfacción», ha declarado el director de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, Carlos Margotta.
Yáñez, que en un primer momento iba a declarar como testigo y declarará ante la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, sustituyó el pasado diciembre al mando del cuerpo policial al polémico Mario Rozas y en el momento álgido de las protestas se desempeñaba como jefe nacional de Orden y Seguridad.
La comisión, que ha presentado más de 30 querellas contra autoridades políticas y jefes policiales y militares, entre ellas una contra Yáñez, le considera «responsable por las actuaciones de sus subordinados».
Chile vivió a finales de 2019 la crisis social más grave desde el fin de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), que empezó como una protesta contra el alza en el precio del billete de metro y se convirtió en un clamor por un modelo económico más justo y más derechos sociales. Todo ello desembocó en un plebiscito en el que mayoritariamente se apoyó redactar una nueva Constitución para acabar con la que seguía vigente desde la dictadura.
Las revueltas dejaron más de una treintena de muertos y miles de heridos, señalamientos por violaciones a los derechos humanos hacia las fuerzas de seguridad y episodios de violencia, que llevaron a la Fiscalía a abrir más de 5.000 causas por delitos cometidos en las marchas.
Los casos más polémicos protagonizados por agentes durante la ola de protestas fueron los de Gustavo Gatica y Fabiola Campillai, que se quedaron completamente ciegos tras recibir disparos de perdigones y bombas lacrimógenas en su rostro.
Las críticas contra el cuerpo policial, que forzaron la renuncia de Rozas, se intensificaron el pasado octubre, a pocos días del primer aniversario del estallido social, cuando un agente lanzó a un menor al cauce de un río durante una protesta, causándole heridas de carácter grave.