Lecciones Londres-Madrid: el unionismo, entre la democracia y el miedo a perder

En la última década, desde Euskal Herria, hemos mirado con admiración al proceso independentista escocés. Un Gobierno de Edimburgo decidido a llevar adelante sus planes soberanistas, una base social en continuo crecimiento y, la guinda del pastel, un referéndum con todas las de la ley.

En ese pack de admiración ha venido incluido el Ejecutivo británico, que en 2014 permitió votar a los escoceses por su futuro y que dos años más tarde haría lo propio sobre su relación con la Unión Europea. La democracia británica. Un rayo de luz que, en ocasiones, nos ha podido cegar, haciendo que olvidásemos un pasado no tan distante del que rodea las fronteras de Euskal Herria en casos como el irlandés o el conflicto minero en la propia Escocia.

Y es que, si bien es cierto que Londres permitió esas dos votaciones populares, no se puede obviar el contexto en el que lo hizo. Cuando el expremier británico David Cameron firmó el Acuerdo de Edimburgo con Alex Salmond, el apoyo a la independencia no llegaba al 30% en el norte de la isla y cuando convocó el referéndum sobre el Brexit, lo hizo aplacando el discurso ultraderechista de Ukip, que estaba robando votos por la derecha al Partido Conservador, pero sin que nadie se atreviese a apostar porque se impusiese la opción de abandonar el club europeo.

Pues bien. Londres le vio las orejas al lobo en Escocia, con un 45% de apoyo independentista en la votación y las encuestas rozando el empate en las últimas semanas, y el lobo se comió todo el rebaño cuando el 51,9% de los británicos optó por salir de la UE. Por cierto, el que salió “por patas” fue el propio Cameron, de quien nunca más se supo. El mismo Boris Johnson situó el origen de todos esos males en otro referéndum, el de 1997, que devolvió poderes a Escocia y creó su primer Parlamento.

Durante estos años hemos venido repitiendo que el Gobierno británico estaba dando una lección de democracia al Ejecutivo español. Sin embargo, parece que la lección viajaba en dirección opuesta. Londres parece haber aprendido de Madrid que es mejor no jugar partidos en los que no se tiene nada que ganar. Por mucho que eso enfríe el concepto de democracia.

En esas dos votaciones, Londres optó por dejar que los ciudadanos votasen, pensando que nada iba a cambiar. Así mientras Escocia invirtió 18 millones de euros en organizar la consulta, Madrid gastó 87 millones de euros para que policías y guardias civiles tratasen de impedir a base de golpes que Catalunya votase el 1 de octubre de 2017.

Y el mensaje llegó claro al Reino Unido, donde los independentistas son mayoría en Escocia y cada vez son más la voces que piden un referéndum también en Gales y otro de reunificación en Irlanda. Londres calla ante estos últimos dos casos en los que no hay petición oficial, pero frente al escocés, se niega a otorgar una nueva consulta bajo la excusa de que ya votaron hace siete años.

«Leyes contra los secesionistas»

Sin embargo, algunas voces dentro del Partido Conservador son más claras y piden «leyes contra los secesionistas como las españolas» que han llevado a líderes políticos y sociales catalanes a prisión. Es el caso del parlamentario Adam Tompkins, profesor de Derecho en la Universidad de Glasgow. «Durante el último siglo, el Reino Unido se ha considerado a sí mismo como una unión voluntaria de cuatro países. El consentimiento, más que la fuerza de la ley, ha sido el pegamento que nos ha mantenido unidos. Esto no es normal. La mayoría de los países se mantienen unidos con algo bastante más robusto», señaló. Ante ello, propuso que la mejor solución es romper los términos de la Unión y reescribirlos. «El Reino Unido necesita una nueva Ley de Unión para establecer, con autoridad, las raras circunstancias en las que una parte del país puede buscar legalmente la secesión. La ley podría al mismo tiempo imponer obligaciones a los gobiernos y organismos públicos de todo el territorio para actuar con fidelidad y no socavar la integridad territorial del país».

Los partidos independentistas buscan establecer Escocia como un estado independiente. Los conservadores, por su parte, buscan reemplazar el concepto de una unión entendida por muchos escoceses en el consentimiento por un Estado británico reforzado por la fuerza de la ley que no ofrece a Escocia una ruta democrática y legal para terminar o renegociar la unión.

Durante el referéndum de 2014 el Partido Conservador, al unísono, hizo una defensa férrea del derecho de los escoceses a decidir su futuro. Sin embargo, parece que no se trataba de una demostración de madurez democrática, si no que les dejaron jugar un partido en el que se creían fáciles vencedores. Ahora, con la lección aprendida, no quieren poner ese título en juego y el miedo es más fuerte que la democracia. Veremos si las elecciones galesas y, sobre todo, las escocesas del 6 de mayo les obligan a salir al terreno de juego.

A pesar de ello, no conviene hacer trampas al solitario. Diferencias, haberlas haylas. En el debate del Canal 4, el líder unionista escocés Douglas Ross respondió que «por supuesto» la unión del Reino Unido es voluntaria. Simplemente, se niega a responder cuándo ni cómo se puede decidir sobre esa voluntad. Otra lección.