Ordenan la detención de la diputada de la CUP Laia Estrada por su participación en una protesta
Un juzgado de Tarragona ha decretado la detención de Laia Estrada, diputada de la CUP en el Parlament. Tal como ella misma ha explicado, la orden se debe a su participación en las protestas contra el Consejo de Ministros celebrado en Barcelona en 2018 y a que, posteriormente, no acudió a declarar.
El juzgado número 6 de Tarragona ha dictado una orden de busca y captura contra la diputada de la CUP en el Parlament de Catalunya Laia Estrada, acusada de un delito de desórdenes públicos durante las protestas en distintas ciudades catalanas contra el Consejo de Ministros del 21 de diciembre de 2018, que se celebró en Barcelona.
La diputada ha explicado a los medios que la orden de detención se debe a que, a pesar de estar citada para el 30 de diciembre de 2020 y el 21 de enero de 2021 en los juzgados de Tarragona, no acudió a declarar.
«Dentro de la CUP, especialmente los electos, decidimos no comparecer voluntariamente ante procesos que derivan de atestados totalmente fantasiosos elaborados por Mossos d'Esquadra que distorsionan la realidad y que en protestas pacíficas se inventan unos desórdenes que no han existido», ha declarado Estrada a las puertas del Parlament.
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— CUP Països Catalans (@cupnacional) May 13, 2021
La diputada Laia Estrada explica l'ordre de cerca i captura del jutjat num6 de Tarragona.#ÚltimaHora 👇 pic.twitter.com/1OXNiz24kG
Además, ha detallado que su causa está en el TSJC después de pasar por manos de los juzgados de instrucción de Tarragona. «Somos 3.000 personas represaliadas por participar en las protestas del movimiento independentista. Muchas están acusadas directamente por la Generalitat como acusación particular», ha denunciado.
Según han informado fuentes jurídicas, una vez Estrada fue elegida diputada en las elecciones del 14F, la juez de instrucción de Tarragona remitió una exposición razonada al TSJC en relación con la causa abierta contra ella, dado que es a este órgano judicial al que ahora corresponde enjuiciarla por su condición de aforada.
El alto tribunal catalán, no obstante, acordó el pasado 3 de mayo devolver el procedimiento a la juez, para que delimitara los indicios delictivos que se atribuyen a la ahora diputada y concluyera la instrucción, en la que es preceptivo tomar declaración a los investigados aunque estos se nieguen a responder.