Solo 1 de los 32 expedientes incoados por Competencia en 2020 acabó en sanción
La Autoridad Vasca de la Competencia inició en 2020 32 expedientes sobre conductas anticompetitivas, pero solo uno de ellos terminó en una sanción. El caso más grave, el del cártel de las consultoras, lo derivaron a la CNMC.
La presidenta de la Autoridad Vasca de la Competencia (AVC), Alba Urresola, ha comparecido este lunes en comisión del Parlamento de Gasteiz para presentar la memoria de 2020.
La AVC gestionó el año pasado 108 expedientes, 6 menos que 2019, de los que 76 fueron de promoción de la competencia (sin carácter sancionador), es decir, orientados a prevenir infracciones legales y a mejorar la competencia y transparencia. El 10% de ellos estuvieron relacionados con el coronavirus.
Ha dicho que pusieron especial interés en conductas que «resultaran especialmente dañinas en el contexto de la pandemia» y se emitieron «numerosos informes» relativos entre otros aspectos a la apertura de establecimientos, las rebajas en la fase 1 de la desescalada, los mercadillos en la fase 2 y los precios en Mercabilbao.
De los citados 108 expedientes, 32 alertaban de posibles prácticas anticompetitivas (sí sancionables) como pactar precios, repartirse geográficamente los clientes, abusar de la cuota de mercado o aplicar condiciones desleales que afecten al interés general.
El 60% de las prácticas sospechosas de vulnerar la competencia se refirieron principalmente a contratación pública (7 actuaciones), servicios (otras 7) y distribución comercial (6). El seguimiento de estos casos culminó en 3 resoluciones, de la cuales solo una se tradujo en sanción.
En concreto, se impuso una multa de casi 40.000 euros a dos empresas –que han anunciado recurso judicial contra la sanción– por repartirse el mercado de licitaciones para la recogida y reciclado de aceite vegetal.
El fraude de las consultoras
A preguntas de los grupos políticos, se ha referido a la sanción de 5,87 millones impuesta por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia española (CNMC) a 22 firmas de consultoría y a varios de sus directivos por manipular licitaciones públicas» durante al menos 10 años.
Ha declarado que fue el organismo vasco el que arrancó la investigación, que se remitió después a la entidad estatal al superar los hechos descubiertos el ámbito autonómico. La CNMC considera acreditado que estas empresas establecieron un cártel para repartirse el acceso a contratos de instituciones de todo el Estado, incluidos Gobierno de Lakua, Diputación de Bizkaia, los ayuntamientos de Bilbo, Donostia y Gasteiz, y el Puerto de la capital vizcaina.
Aunque llama la atención por su escasa cuantía que la multa a 22 consultoras que llevan más de diez años manipulando licitaciones públicas sea de 5,87 millones, la sanción impuesta por la CNMC al cartel de consultoras merece el «absoluto respeto» de Urresola quien, sin embargo, ha reconocido la gravedad del asunto porque «la colusión en la contratación pública socava los beneficios de un mercado justo».
En este sentido ha añadido que «los comportamientos anticompetitivos en el marco de las licitaciones restringen el acceso de las empresas y limitan las posibilidades de elección por parte de los compradores públicos».
Ampliación de la investigación
Respecto a la posibilidad de ampliar hasta la fecha actual la investigación sobre el cártel de las consultoras, que se centra en el periodo comprendido entre 2009 y 2018, Urresola ha afirmado que «podría» extenderse dicha investigación hasta la actualidad.
En el turno de los grupos parlamentarios, el representante de Elkarrekin Podemos-IU, Gustavo Angulo ha planteado que sería «muy pertinente» que se ampliará la investigación sobre el cártel de las consultoras, y ha calificado de «grave» que no se profundice en la investigación.
A lo que la presidenta de la AVC le ha expresado sus dudas sobre si la decisión «más correcta» sería ampliar la investigación ahora o esperar a conocer cuál es el resultado de las «posibles impugnaciones» que se puedan plantear ante la resolución de la CNMC.
Por su parte, el parlamentario de EH Bildu Josu Estarrona le ha pedido que explique qué medidas tiene previsto desarrollar este órgano para combatir la precariedad laboral derivada de la «uberización» de la economía y para hacer frente a las prácticas «anticompetitivas» que la propia AVC ha detectado en el mercado inmobiliario.
Falta de recursos
Urresola ha explicado que «el carácter secreto e ilícito de este tipo de conductas hace que si no existen denuncias, sea muy difícil la detección e indicios suficientes para iniciar un expediente». De hecho en el caso del aceite reciclado la investigación comenzó a raíz de una denuncia de un tercera empresa del sector.
«Investigar de oficio es muy complicado, requiere de muchísimos recursos», por eso es «fundamental» contar con una denuncia que permita buscar pruebas para respaldar las sanciones impuestas ante los tribunales de manera que estos no las tumben.
La presidenta de la AVC, que en 2020 inspeccionó las instalaciones de 5 empresas para recabar pruebas de prácticas ilegales, ha reclamado «recursos especializados en el ámbito digital tanto materiales como humanos» para poder investigar con mayor eficacia.