El Pazo de Meirás, el símbolo franquista de Galiza con un destino aún incierto

La lucha de los memorialistas por recuperar de forma plena el Pazo de Meirás aún tiene varios escollos legales que sortear. Feijóo choca con el BNG sobre qué hacer con la residencia coruñesa apropiada por Franco el día después ante el intento del PP de aligerar el peso de la memoria histórica.

Cuatrocientas mil pesetas. Es la cantidad que aparece en la operación fraudulenta de compraventa que orquestaron el dictador Francisco Franco y sus asesores en 1941, para obtener algún documento que demostrara la apropiación del Pazo de Meirás, que había sido «donado» (las comillas podrían ser eternas) unos años antes para él y su familia por un grupo falangista que exigió aportes a trabajadores coruñeses.

Fuera de Galiza se conoce poco de los interminables vericuetos y detalles moralmente escandalosos que tiene la historia del Pazo de Meirás. Pazo es una palabra que no tiene traducción exacta al castellano y que en galego significa «residencia familiar de características nobiliarias». Este pazo, ubicado en el municipio de Sada (a 15 kilómetros al este de A Coruña), lo ordenó construir a fines del siglo XIX la escritora vanguardista y progresista Emilia Pardo Bazán, que solía trabajar en el despacho que tenía una de sus dos exquisitas torres.

Pardo Bazán es, junto a Rosalía de Castro, uno de los símbolos del feminismo de Galiza. Hoy seguramente estaría estupefacta al ver lo que sucedió luego con la residencia señorial que soñó y construyó y el destino triste que tuvo y tiene. Porque a pesar de haber transcurrido cuatro décadas desde la muerte del dictador, la familia Franco sigue entorpeciendo la emancipación del Pazo.

Ocurren dos batallas simultáneas. Una es la legal, campo en el que hay tres cuestiones pendientes: que el Supremo se defina sobre la propiedad del Pazo (la devolución al Estado está recurrida), que el mismo alto tribunal sentencie sobre la indemnización que fijó la Audiencia Provincial para los Franco y que ha sido recurrido por la Abogacía del Estado y, en tercer lugar, que la Justicia gallega se manifiesta sobre la propiedad de los bienes muebles que la familia del dictador quiere poseer.

En el terreno político, la disputa es entre la Xunta, encabezada por el presidente Alberto Núñez Feijóo, que quiere hacer del Pazo un espacio de reivindicación de la igualdad de género, obviando la reivindicación antifascista, y los memorialistas, encabezados por el BNG y varios colectivos, que desean que se convierta en un museo de la memoria histórica.

Una historia de apropiación ilegítima

«Esta lucha por la memoria lleva más de 15 años y surge a partir de un trabajo de carácter histórico hecho por Carlos Babío Urkidi y Manuel Pérez Lorenzo que desembocó en un trabajo político institucional y con acuerdos que permitieron a la Xunta y al Estado demandar la devolución de un bien que fue objeto de un robo y de un expolio por parte de la familia Franco», afirma en entrevista con GARA el diputado Luis Bará, miembro del Parlamento gallego y el encargado del BNG en llevar la cuestión del Pazo de Meirás.

Bará, electo por Pontevedra, recalca que la «situación anómala» de la exresidencia de Pardo Bazán «es producto de la Transición, que permitió a los Franco legalizar este expolio». Y cuando se refiere al trabajo histórico de Babío Urkidi y Pérez Lorenzo habla del libro ‘Meirás, un pazo, un caudillo, un expolio’, editado por Galiza Sempre (2017), que documenta con todos lujo de detalles lo sucedido con la residencia y cuya investigación ha sido avalada por la primer sentencia que ordenó el año pasado su devolución al Estado.

En esa resolución se deja constancia de que la apropiación del pazo fue objeto de un expolio de un bien que era patrimonio del Estado. La historia trágica comienza en 1938, cuando falangistas coruñeses (entre ellos el fundador de la empresa Fenosa) crearon la Junta Provincial Pro Pazo del Caudillo a través de la cual buscaron recaudar dinero para comprar la residencia a los Pardo Bazán y regalársela a Franco.

En el libro mencionado está documentado que los grupos falangistas de las élites de A Coruña «exigían aportaciones a la gente de forma compulsiva» y que hasta el Banco Pastor «quitó sin permiso de las nóminas de sus trabajadores un porcentaje para aportar al fondo... y no eran tiempos para quejarse».

La finca fue ampliada en superficie y tuvo numerosas reformas con dinero público, hasta que en 1941 Franco realizó aquella operación de contrato simulado con la asesoría legal del dueño de Fenosa. La compraventa era necesaria porque no existía ningún documento que acreditase la donación ni la compra previa. «Los Franco fueron acaparando propiedades y terrenos en la zona. Un auténtico pillaje», recuerda.

El relato franquista dice que el dictador era sobrio y no, hubo corrupción a gran escala y expolio de lo público para beneficiar a su familia

«El relato franquista dice que el dictador era sobrio y no, hubo corrupción a gran escala y expolio de lo público para beneficiar a su familia, que llegó hasta detalles como desviar carreteras para beneficiar a viviendas de su familia», señala Bará, y remarca que el Pazo fue gestionado por la Casa Civil, siempre mantenido con financiación pública y en los hechos oficiaba como residencia del jefe del Estado, los argumentos que la Justicia tomó por válidos en el primer fallo (la Audiencia Provincial luego modificaría las cosas, legitimaría el relato de los Franco de que no hubo intensión de apropiación y exigiría al Estado una indemnización).

Tras la muerte del dictador, el Pazo de Meirás estuvo un poco abandonado, sufrió un incendio en 1977 en una de sus emblemáticas torres (muchos sospechan que fue intencionado para hacer desaparecer documentación) y estuvo abandonada hasta principios de los años 90, cuando los Franco realizaron reformas con los 14 millones de pesetas que cobraron de la aseguradora e hicieron bodas y reuniones familiares.

El bipartito PSOE-BNG declaró Bien de Interés Cultural (BIC) al Pazo como un gesto político para limitar su uso a la familia Franco, que, obstinada, también dio la batalla judicial para evitarlo. Con el acceso de Feijóo a la Xunta, llegaba un poder menos incómodo. De hecho, su Gobierno aprobó una subvención anual de 53.000 euros para «financiar gastos de seguridad por las visitas» de turistas, que por ser un BIC estaban obligados a aceptar.

Ya pocos lo recuerdan, pero en julio de 2017 la impunidad de la familia del dictador volvió a mostrarse sin sonrojo: anunciaban que la Fundación Franco pasaría a administrar y gestionar el Pazo. La indignación que provocó en Galiza impulsó a la Comisión por la Recuperación de la Memoria Histórica de A Coruña a planificar una respuesta en varias fases y se montó la plataforma Junta Pro Devolución, con la colaboración de la Diputación. Finalmente, con el cambio de color político en la Moncloa, la Abogacía del Estado reclamó judicialmente la devolución.

Mientras, los Franco embistieron judicialmente contra todos los que intentaron hurgar en sus propiedades irregularmente adquiridas. De hecho, Babío Urkidi se enfrenta actualmente a un juicio por injurias y la familia ha reclamado hasta 300 años de prisión contra militantes memorialistas que ocuparon la Casa Cornide, el otro palacete adquirido por los Franco en A Coruña gracias a una subasta que ganó un mando falangista en los años 60.

Un futuro aún por definir

Si bien ya hay conversaciones entre las partes involucradas (Gobierno español, Xunta, Diputación y Consello de Sada), el estatus legal del Pazo de Meirás aún está lejos de definirse. El Tribunal Supremo tiene en sus manos definir el recurso contra la indem- nización del Estado y por la devolución de los Franco al patrimonio público (es difícil creer que esta segunda cuestión sea anulada) así como también el destino de todo lo que contiene el interior de la residencia.

«Se descubre una operación de los Franco para retirar los muebles y objetos del interior del Pazo y la Audiencia Provincial aún debe expedirse, ha pedido que las partes expongan. Los Franco quieren que les permitan desvalijar Meirás, hay bienes de gran valor y hemos pedido que se incluyan en la declaración del BIC, que se ponga un anexo para protegerlo, pero la Xunta no lo hace. La batalla ahora es impedir que los Franco saqueen el Pazo», explica Bará.

De hecho, cuando se descubrió un intento de mudanza masiva de objetos por parte de la familia, en otro gesto de impunidad insaciable, la Diputación, la Xunta y el Consello de A Coruña apoyaron la iniciativa judicial de la Abogacía del Estado para impedir esa mudanza, «pero eso no es definitivo, por eso el BNG dice que es imprescindible blindar los bienes como BIC, porque un sitio histórico necesita también lo de su interior para contar su historia».

Bará denunció en un pleno del Parlamento gallego que hay 700 elementos expoliados dentro del Pazo. Uno de ellos esconde una historia insólita: las pilas de Moraime, que formaban parte de un monasterio románico del siglo XIV de las que se encaprichó Carmen Polo, quien luego envió un camión para apropiárselas y ni la Iglesia ni la Xunta pidieron nunca su devolución. Más escandaloso es también lo de las estatuas del Mestre Mateo que estaban en el antiguo antepórtico de la Gloria de la imponente Catedral de Santiago. Dos de esas cinco estatuas estaban en posesión del Consello de Santiago, que se las entregó a los Franco, quienes decidieron apropiárselas y se las llevaron al Pazo de Meirás.

Quieren neutralizar el uso como espacio de recuperación de la memoria, le tienen aversión

En aproximadamente un año, el Supremo decidirá, pero en ese plazo ya se habrá avanzará sobre qué hacer con el Pazo. El BNG busca convertirlo en un espacio de memoria de lo realizado por el franquismo en Galiza mientras que la Xunta ha propuesto un Faro de Igualdade, para vincular la residencia a Pardo Bazán. «Quieren neutralizar el uso como espacio de recuperación de la memoria, le tienen aversión», sostiene Bará, quien recuerda que ya existe en A Coruña una fundación Pardo Bazán.

La Secretaría de Memoria Democrática (que depende de la vicepresidenta Carmen Calvo) tiene la intención de que «todas las partes tengan algo de involucramiento, incluyendo al Consello y la Diputación». Bará cree que lo que finalmente acabará ocurriendo es que el Pazo «tendrá una parte de memoria histórica y algo pardobazanista, para que haya un término medio».

El diputado nacionalista pide recordar que Meirás «no es un edificio con historia, es un símbolo que va mucho más allá, y ahí está la diferencia con lo que plantea el PSOE también. El BNG es muy crítico con la Transición, la causante de esta situación y que se esté a estas alturas peleando por algo que debería haberse resuelto hace mucho».

Más de 45 años después de muerto el dictador, su huella de impunidad sigue indeleble en demasiados rincones de la península.