EH Bildu pide al Ayuntamiento que rechace la explotación en un hotel de Iruñea

EH Bildu ha presentado una propuesta de declaración en la Comisión de Presidencia para que el Ayuntamiento de Iruñea se posicione contra la explotación laboral tras saberse que Juan Carlos Ciprés, dueño del hotel Castillo de Javier, ha sido condenado por tener a una trabajadora seis años sin librar.

EH Bildu, a través de una declaración que se debate mañana en la comisión de Presidencia, tratará de que el Ayuntamiento de Iruñea se posicione en contra de la explotación laboral y rechace expresamente prácticas como la acaecida en el hotel Castillo de Javier de la calle San Nicolás, cuyo dueño, Juan Carlos Ciprés, ha sido condenado por explotar a una trabajadora durante seis años sin darle ni un día libre y obligándola a dormir en el cuarto de la limpieza.

La coalición soberanista pide al Consistorio que muestre su preocupación y rechazo ante el citado caso, manifieste su solidaridad a la trabajadora afectada y subraye «la necesidad y urgencia de que desde las instituciones públicas se realicen campañas de detección del fraude y la explotación laboral en los distintos sectores económicos, con especial atención a los más precarizados».

Asimismo, el texto presentado a debate por la coalición soberanista pide que el Ayuntamiento se comprometa a garantizar «unas condiciones laborales dignas a todas las personas trabajadoras de los servicios públicos y a incluir cláusulas sociales y laborales en los pliegos de las contratas municipales, así como a intensificar el seguimiento de su cumplimiento».

EH Bildu sostiene que «este caso es uno de muchos que, si no iguales, sí de manera similar, se producen en el ámbito del Servicio Doméstico y en otros sectores económicos estructuralmente precarizados» en los que «muchos de los empleadores y empleadoras utilizan la pobreza y la situación irregular de las personas que migran, como elemento clave para cometer el abuso y la explotación».

Esta noticia coincidió en el tiempo con los datos hechos públicos por Inspección de Trabajo, que cifra en torno a mil los casos de fraude o explotación laboral que diariamente se detectan en el Estado español: «Consideramos imprescindible que desde las instituciones públicas se haga seguimiento y se promuevan y se amplíen las campañas de inspección laboral, particularmente en aquellos ámbitos tradicionalmente precarizados, que permitan detectar irregularidades y abusos».

«La única manera de avanzar hacia la justicia social es desde el respeto a unas condiciones laborales dignas para todas las personas, y a unas reglas de juego razonables y justas en el mercado laboral», sostiene la coalición soberanista.