El fiscal pide 5 años de cárcel, pero no el ingreso inmediato en prisión, para Urrutikoetxea
El fiscal ha considerado que la condena impuesta a Josu Urrutikoetxea en 2017 –ocho años de cárcel– fue excesiva pero, dando por sentada su vinculación continuada a ETA, ha solicitado cinco años para él, aunque sin demandar su encarcelamiento inmediato. La sentencia se conocerá el 1 de setiembre.
La Fiscalía ha solicitado este miércoles cinco años de cárcel, aunque sin demandar el reingreso inmediato en prisión de Josu Urrutikoetxea, en la sesión final del juicio que se sigue en su contra en París. El tribunal comunicará su decisión el 1 de setiembre.
En su última intervención ante el tribunal que le ha juzgado durante dos días, Urrutikoetxea ha señalado que lamenta que pasara tanto tiempo antes de que se produjera el fin de la lucha armada de ETA.
En línea con lo expresado ayer, ha asegurado que desde 2006 no mantuvo vínculos con ETA y que su participación tanto en la mesa de Oslo como en el anuncio final de la organización armada se produjo al ser solicitado para ello desde la izquierda abertzale y organismos implicados en la resolución del conflicto.
Precisamente, hoy debía haberse escuchado la declaración en ese sentido de Véronique Dudouet, de Berghof Foundation, aunque los errores e irregularidades en su citación han obligado a la defensa a presentar al tribunar su testimonio por escrito.
Sí han abordado en esta sesión cuestiones ligadas a la historia de ETA, la trayectoria de Urrutikoetxea, la continuidad en la búsqueda de una resolución democrática, la justicia transicional o la dimension política del proceso judicial a un «negociador de la paz» otros dos testigos de la defensa, el exmagistrado Philippe Texier y el sociólogo Michel Wievorkas.
Implicado en la resolución
El propio Urrutikoetxea ha evocado que la lucha de ETA comenzó «en la época de Franco, en la época fascista» y ha sostenido que desde el primer momento la acción armada «nunca fue un fin en sí mismo, pero desgraciadamente causó víctimas irreversibles».
La dimensión ética, cara a poner fin «a la espiral de violencia», fue la que le empujó, como ha explicado, a implicarse en la resolución del conflicto.
El fiscal ha hablado de la dimensión probatoria del proceso, porque, según ha dicho, no se trata de un juicio político. Como hizo en el interrogatorio de ayer, ha centrado su intervención final en dar por sentado que Urrutikoetxea «ha pasado toda una vida en ETA» y en destacar que es una referencia permanente de la organización.
Más allá de las iniciativas para la resolución –que no ha cuestionado–, el fiscal ha insistido en mantener el «carácter terrorista» de ETA, en atribuir responsabilidades diversas a Urrutikoetxea y en destacar la dimensión clandestina de su estancia desde 2006 en Ariège.
Por más que Urrutikoetxea insistiera ayer en destacar que desde esa fecha no estuvo en relación con ETA, el fiscal ha preferido ofrecer un glosario de las operaciones policiales y localizaciones de materiales en territorio galo en el periodo en que se ha centrado el sumario.
Nuevo proceso, en setiembre
El juicio que ha terminado esta tarde con la petición fiscal y el alegato de la defensa es consecuencia de la condena en rebeldía a ocho años de cárcel que recibió Urrutikoetxea en 2017, cuando todavía estaba en la clandestinidad. Tras ser detenido, en mayo de 2019, pidió que se repitiera el proceso en su presencia.
Deberá sentarse de nuevo en el banquillo el próximo mes de setiembre, en esa ocasión ante el Tribunal Correccional de París, por otra sentencia dictada en su contra en 2010, también en rebeldía.
Además, la Justicia francesa ha dado el visto bueno a la entrega de Urrutikoetxea al Estado español por dos demandas de la Audiencia Nacional española, una relativa al atentado contra la casa cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza ( (1987) y otra por el sumario de las «herriko tabernas».
Una tercera demanda presentada por la Audiencia Nacional fue desestimada por la Justicia gala y una cuarta, si bien fue aceptada en París, ha sido archivada, pese a la insistencia de Madrid en atribuir a Urrutikoetxea un atentado –el que costó la vida al directivo de la empresa Michelin Luis Hergueta– que fue responsabilidad de ETA (pm), organización en la que nunca militó.