La rebaja del IVA en la factura de la luz se aplicará, previsiblemente, a partir de este sábado

Los hogares verán descender su factura de la luz en torno al 10% –unos 6 euros al mes– en el segundo semestre del año debido a las rebajas fiscales en el consumo aprobadas por el Gobierno español. Consumidores y empresas suministradoras reclaman cambios estructurales.

El Consejo de Ministros ha aprobado este jueves el real decreto ley que establece la rebaja del IVA que grava el recibo de la luz en el Estado español del 21% al 10% hasta finales de año, una medida que, previsiblemente, se aplicará a todas las facturas que se emitan a partir de este sábado, 27 de junio.

Este decreto, que también establece la suspensión durante el tercer trimestre del impuesto a la generación eléctrica que abonan las empresas suministradoras, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), prevista para mañana.

De esta forma, el Ejecutivo de Pedro Sánchez persigue mitigar el impacto que está teniendo en el recibo de la luz el encarecimiento de precios en el mercado mayorista eléctrico. Según sus cálculos, los hogares verán bajar su factura en torno al 10%, mientras que para los grandes consumidores (industria) el descuento será del 6%.

Un descenso de 6 euros al mes de media

La rebaja del IVA supondrá un descenso de 6 euros al mes en la factura de un hogar medio, mientras que la suspensión del impuesto que grava la generación permitirá una rebaja adicional de entre el 2% y el 3%.

Se aplicará a todos los consumidores con una potencia contratada de hasta 10 kilovatios (la práctica totalidad de los hogares), siempre que el precio medio mensual del mercado mayorista esté por encima de los 45 euros por megavatio hora (MWh) –actualmente ronda los 86 euros–.

En el caso de los 612.000 hogares beneficiarios del bono social y de todos los consumidores calificados como severamente vulnerables, la rebaja se aplicará hasta el 31 de diciembre independientemente de los precios de mercado.

Las medidas estructurales se hacen esperar

A finales de año, el Gobierno «revaluará» la situación y decidirá si es necesario prorrogar la rebaja fiscal en función de cómo estén los precios en el mercado eléctrico y de si ya han entrado en vigor dos de las medidas «estructurales» impulsadas desde el Ejecutivo para reformar el sistema eléctrico, como ha explicado la ministra española de Hacienda, María Jesús Montero.

Una de esas medidas es la creación del Fondo de Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FSNEE), que trasladará parte del coste de las renovables a petroleras y gasistas, y que se encuentra en trámite parlamentario.

Otra es el anteproyecto de ley del dividendo de CO2, que busca minorar los conocidos como ‘beneficios caídos del cielo’ que se llevan tecnologías baratas, como la hidráulica o la nuclear, al ser remuneradas como las más caras (ciclo combinados de gas) debido a que en el mercado eléctrico mayorista los precios se fijan mediante un sistema marginalista.

La combinación de las dos permitirán una reducción adicional de la factura eléctrica del 15%, según la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, quien ha subrayado que los elevados precios en los mercados internacionales de gas, que son los que más están encareciendo la electricidad, exceden el ámbito de actuación del Gobierno español.

Menos ingresos para las arcas estatales

La rebaja del IVA tendrá un impacto para las arcas del Estado de 875 millones de euros, mientras que el de la suspensión del impuesto a la generación será de 400 millones, según Montero, que ha insistido en que la temporalidad de esta rebaja facilita su tramitación de cara a la Comisión Europea.

El decreto ley aprobado este jueves incluye también elevar en 100 millones de euros, hasta los 179 millones, las ayudas para la compensación de costes por CO2 para los grandes consumidores de energía eléctrica.

La UE permite a los Estados miembro destinar hasta el 25% de los ingresos obtenidos en las subastas de CO2 a compensar a determinadas industrias que corren riesgo de deslocalización debido a los costes relacionados con las emisiones de gases de efecto invernadero repercutidos en los precios de la electricidad.

Insatisfacción entre consumidores

Antes de que se diera a conocer el contenido íntegro del decreto, Facua-Consumidores en Acción ha indicado que estas medidas temporales para contener la subida en el recibo de la luz no supondrán más que «un parche» y no van solucionar «el problema de la carestía de la electricidad».

El secretario general de esta organización, Rubén Sánchez, ha comentado que «da la sensación de que el PSOE está frenando medidas, que no quiere o no se atreve a poner en marcha, contra el oligopolio de las eléctricas».

Por ello, ha reclamado que se acometan «medidas estructurales», como un cambio en el modelo de subastas marginalistas del ‘pool eléctrico’ para «acabar con la especulación o el beneficio que injustamente reciben ciertas eléctricas con tecnologías de generación extraordinariamente caras».

Respecto al IVA, ha abogado por una bajada «para siempre» y acometiendo una reforma impositiva en el Estado de manera que «las rentas más altas y las economías con mayores beneficios sean las que asuman el dinero que se deje de recaudar de forma perenne bajando el IVA».

Las eléctricas apuntan al gas natural como culpable

Por su parte, la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (Aelec) ha pedido al Gobierno de Sánchez que extienda la supresión del impuesto a la generación.

Esta asociación –que agrupa a Endesa, Iberdrola, EDP y Viesgo– ha valorado positivamente las medidas sobre la fiscalidad eléctrica aprobadas por el Consejo de Ministros porque «alivian las cargas económicas al consumidor eléctrico», aunque ha abogado por la adopción de más iniciativas, como, por ejemplo, que la tarifa regulada deje de depender directamente de los precios del mercado mayorista.

Ha incidido en que la subida del precio del mercado mayorista eléctrico viene principalmente causada por el alza en el precio del gas natural (usado por las plantas de ciclos combinados) y «corresponde al Gobierno analizar las causas que llevan a un incremento tan significativo».

Según sus datos, el gas ha subido en el último año más del 400% y los precios a futuro prevén que se mantenga en el nivel actual el resto del año. «El mercado del gas es marcadamente estacional, con precios más bajos en los meses de verano por la menor demanda, pero «la coyuntura actual no responde a esta situación», ha subrayado.

Esta subida no afecta al consumidor de gas en el corto plazo  porque los precios de los contratos de suministro y la tarifa regulada no están expuestos a la volatilidad del mercado, y tampoco afecta a la electricidad en el resto de los Estados de la UE, pues sus tarifas reguladas tampoco están expuestas al mercado mayorista.

«Solo afecta en España porque la tarifa regulada eléctrica es la única de la UE que envía a los clientes domésticos a la volatilidad del mercado mayorista», resalta Aelec, que considera que analizar el contexto en el que se encuentran esos Estados «puede ayudarnos a entender mejor cómo mitigar los impactos en los consumidores».