Dublín y Belfast expresan a Londres su rechazo a medidas unilaterales en el norte de Irlanda
En una reunión telemática a tres bandas, los representantes institucionales de Dublín y Belfast han advertido directamente al Gobierno de Boris Johnson de que no admitirán medidas unilaterales sobre la resolución del conflicto norirlandés. La polémica ha saltado en torno a una «amnistía encubierta».
Los gobiernos de la República de Irlanda y del norte de Irlanda han subrayado este viernes que no aceptarán una decisión unilateral sobre una propuesta de Londres encaminada a que prescriban los crímenes cometidos por las fuerzas de seguridad británicas durante el conflicto político norirlandés.
De hecho, al hacerse pública la propuesta de Londres, las reacciones de repudio fueron casi unánimes en Irlanda, ya que unionistas y republicanos se mostraron contrarios al plan británico de establecer una legislación que evite investigar las muertes ocurridas en los 30 años de conflicto.
La estrategia diseñada por el Ejecutivo de Boris Johnson tampoco satisface a los grupos de víctimas del conflicto, que ven esta solución como una «amnistía encubierta» y desean participar en un diálogo con todas las partes.
«Creen fervientemente que no se debe cerrar la posibilidad de que las víctimas y las familias obtengan justicia (en los tribunales)», ha declarado Jeffrey Donaldson, líder del Partido Democrático Unionista (DUP).
Sinn Féin, por su parte, ha acusado a Londres de actuar de «mala fe» al «fabricar un proceso» encaminado a «tapar la implicación del Estado británico» en los sucesos más oscuros del conflicto.
Reunión virtual a tres bandas
El DUP y Sinn Féin, así como los otros tres partidos que forman el Gobierno norirlandés de poder compartido, han tomado parte este viernes en una reunión virtual junto al ministro irlandés de Asuntos Exteriores, Simon Coveney, y el ministro británico para el norte de Irlanda, Brandon Lewis.
Lewis anunció el miércoles en el Parlamento de Londres que impulsará una legislación que planteará un plazo para que prescriban los crímenes cometidos durante el conflicto, una medida que se aplicaría en principio tanto a las Fuerzas Armadas británicas como a los paramilitares unionistas y republicanos.
El proyecto de ley, que Londres prevé tramitar en otoño, impediría a la Justicia procesar a miembros de las fuerzas de seguridad y paramilitares por crímenes cometidos antes de la firma del acuerdo del Viernes Santo, el texto acordado en 1988.
«Algunos han querido dar la impresión de que la posición del Gobierno británico es un hecho consumado. No hay hechos consumados», ha precisado al término de la reunión Coveney, dejando entrever que Dublín no aceptará una decisión unilateral.
Ha explicado que Londres «ha presentado un esbozo» sobre su «posición y perspectivas», el cual debe ahora «incorporarse a un proceso» de diálogo para «tratar de lograr un consenso sobre el camino a seguir» en las próximas semanas.
Y ha añadido que cualquier intento de Londres por «mantener su postura» y seguir «adelante en otoño», sin la implicación de todas las partes, causaría «graves problemas».