La mayoría sindical pide a los partidos que voten contra la «ley Iceta» de empleo público
La ley que impulsó Miquel Iceta como ministro español de Función Pública ha suscitado el rechazo de la mayoría de los sindicatos de la CAV, que reclaman a instituciones y partidos que se sumen a su lucha para reducir la temporalidad en el empleo público.
Representantes de ELA, LAB, Satse, Steilas y ESK se han concentrado este viernes, al mediodía, en Bilbo para pedir al Gobierno de Lakua y los partidos políticos que expresen su rechazo al decreto ley sobre el empleo público que se votará la próxima semana en Madrid.
«De no ser así, estarían actuando contra nuestro marco de negociación y avalando el despido de miles trabajadores y trabajadoras del sector público vasco», han advertido.
En los últimos meses, estos sindicatos están llevando a cabo una dinámica de movilizaciones en el sector público de la CAV «con un objetivo claro», que no es otro que «exigir a los diferentes gobiernos, instituciones y partidos políticos que den todos los pasos necesarios para consolidar a más de 60.000 trabajadoras y trabajadores del sector público que sufren la precariedad de la contratación temporal, crear empleo público y poner fin a las privatizaciones».
Más del 40% de temporalidad
En este contexto, la denominada «ley Iceta», aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez con el aval de CCOO, UGT y CSIF, apuesta, según los sindicatos vascos, por «medidas que perpetúan la situación actual», marcada por una temporalidad de más del 40% y la precarización de las personas trabajadoras «como paso previo a la subcontratación y la privatización del sector público».
En la movilización de Bilbo, los sindicatos han resaltado que el voto de los grupos vascos en el Parlamento español «puede ser decisivo para que este real decreto no se convalide y con ello no se de cobertura al despido de miles de personas trabajadoras del sector público de la CAPV».
Y, como han añadido, además «así se pondría freno a una nueva agresión por parte del Estado». En este sentido, han instado al Gobierno de Iñigo Urkullu a que adopte las medidas oportunas para «poder crear un marco legal que permita la consolidación de las personas interinas en abuso» y que, en caso de que el Gobierno del Estado lo apruebe por la vía del real decreto ley, lo recurra.