Tres puntos básicos para el debate otoñal del Nuevo Estatus

Se están tratando de forjar cimientos para el futuro debate otoñal del Nuevo Estatus, que no siempre están en coincidencia con el mandato parlamentario mayoritario de ajustarse a las bases aprobadas.

Para otoño se anuncia una reactivación del debate parlamentario sobre el Nuevo Estatus y tanto el lehendakari, Iñigo Urkullu, como el presidente del EBB, Andoni Ortuzar, van fijando unas bases que no son del todo acordes con lo que el Parlamento acordó en su día. Hay que recordar que, hoy por hoy, lo que queda es la redacción de un texto articulado que, teóricamente, sería una reforma del Estatuto de 1979, aunque formalmente –si se cumple lo previsto– debería tener alguna alteración, como la inclusión de una «consulta habilitante» que haría que el nuevo texto aprobado en el Parlamento, antes de ser remitido al Congreso de los Diputados, tuviera que ser sometido el refrendo de la población.

Tres son los puntos fundamentales a tener en cuenta antes de acometer el debate. El primero, la columna vertebral, es que el 12 de setiembre de 2018 la Ponencia de Autogobierno del Parlamento Vasco aprobó con los votos de PNV, EH Bildu y Elkarrekin Podemos –no se olvide esta suma– que la propuesta de texto articulado debía hacerse «en congruencia y de conformidad con las Bases y Principios aprobados». Y añadía que las posibilidades de ensanchar esos acuerdos básicos deberían hacerse «desde el respeto y salvaguarda de las bases consensuadas».

Un segundo punto es que, si como dice estar dispuesto a hacer, el PNV decide presentar su propia proposición de ley de reforma estatutaria, tendrá que tomar decisiones y concretar, porque una propuesta de este tipo no puede tener votos particulares como el documento presentado por el experto jeltzale y los de PSE y Elkarrekin Podemos.

Y tercero y último, que, pese a lo que se pretende vender, el texto articulado presentado por el experto que representaba a EH Bildu no proponía en ningún caso un salto a la independencia, sino un proceso gradual y garantista para un estatus de bilateralidad e igualdad de carácter confederal con el Estado español.

El pasado miércoles y ante los participantes en el Curso de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales de Gasteiz, Iñigo Urkullu habló del «Modelo de Autogobierno Vasco» y les explicó que «estamos planteando un Nuevo Estatus de Autogobierno para Euskadi y, desde el punto de vista del marco jurídico y político, destaco dos premisas», la primera de las cuales es «reconocer la singularidad de la nación vasca y asumir el elemento legitimador de los Derechos Históricos» y la segunda, «establecer una relación bilateral con el Estado que, desde el reconocimiento mutuo, extienda la experiencia del Concierto Económico a la relación política; incluyendo un sistema efectivo de garantías para el cumplimiento de lo pactado».

También hizo mención el lehendakari a que el nuevo marco se debe adecuar a la legalidad que, según precisó, «se puede cambiar y debe evolucionar adaptándose a las nuevas realidades porque el respeto a la voluntad popular debe encontrar siempre un cauce de aplicación y entronque en el ordenamiento jurídico».

Unos días antes, Andoni Ortuzar, afirmó en una entrevista en Euskadi Irratia que el «reconocimiento nacional, la relación de bilateralidad con el Estado y un sistema de garantías para resolver los conflictos son los tres hitos que indican el camino de Euskadi hacia un Nuevo Estatus».

Como ya se ha señalado, la redacción del Nuevo Estatus, por exigencia del propio Parlamento, debe atenerse a las bases aprobadas por la Ponencia de Autogobierno. Esto supone, textualmente, «reconocer el derecho y la capacidad de los vascos y las vascas para decidir, expresar y ejercer su voluntad colectiva de cara a la consecución de fórmulas de convivencia acordadas voluntariamente y de establecer mecanismos que garanticen que los compromisos alcanzados serán respetados». Es decir, el Nuevo Estatus tiene que recoger el derecho a decidir.

La Ponencia de Autogobierno tiene ya quemadas todas las etapas previas a la redacción de un texto articulado. Comenzó sus trabajos hace ocho años y por allí pasaron representantes políticos, sindicales y expertos cuyas propuestas se recogieron por escrito. En la pasada legislatura, por la llegada de Elkarrekin Podemos al Parlamento, se abrió un nuevo turno de audiencias. Luego se pasó a la fase de redacción de las bases, que se aprobaron con los votos de PNV y EH Bildu y, en ocasiones, con el apoyo de Elkarrekin Podemos. Finalmente, los tres grupos acordaron que un equipo de expertos redactara el texto respetando los fundamentos acordados mayoritariamente.

Los expertos, como cabía esperar, no llegaron a ningún consenso. Los elegidos por PNV, PSE y Elkarrekin Podemos presentaron un documento conjunto, pero con desacuerdos internos sobre cuestiones fundamentales, como el referido derecho a decidir e incluso el propio nombre de la comunidad a la que iba dirigido el proyecto. El experto propuesto por EH Bildu entregó su propio texto articulado, al considerar que el mayoritario no se atenía al mandato parlamentario de respetar las bases de la Ponencia. Sin embargo, luego explicó que si se le hubiera permitido presentar votos particulares, como habían hecho PNV, PSE y EP, podría haber utilizado esa vía. El PP eligió para la comisión al navarro Jaime Ignacio del Burgo, lo que por una parte se podía entender como una admisión de la territorialidad de Hego Euskal Herria, pero como era previsible se convirtió en una especie de sabotaje a todo intento de buscar un Nuevo Estatus.

La ponencia acabó con el adelanto electoral de Urkullu y el trabajo de esta legislatura debe ser la redacción del texto articulado que tiene que partir de una proposición de ley. El PNV dice que, sin querer patrimonializar el proceso, si no hay un trabajo común está dispuesto a ser el redactor de la proposición y que el resto de grupos parlamentarios lo enmienden y, a partir de ahí, comience el debate.

Cuando el presidente del EBB aboga por «contrastar con otros grupos» el camino a seguir, en realidad está pidiendo un salvavidas. Porque después de todo el trámite, el PNV tiene un problema: pese a todo lo dicho, no hay un texto articulado de los expertos que tenga un apoyo mayoritario, en este caso junto a PSE y Elkarrekin Podemos. Hay cuestiones básicas, como el derecho a decidir, que Mikel Legarda, experto jeltzale, colocó en una disposición adicional segunda que recogía que «la plena realización de los Derechos Históricos del Pueblo Vasco, como manifestación institucional de su autogobierno, se exterioriza a través del derecho a decidir de su ciudadanía libre y democráticamente expresado, siendo su ejercicio pactado con el Estado». Algo que no comparten ni PSE ni Elkarrekin Podemos.

Y no es una cuestión de todo o nada o, como dice Andoni Ortuzar, de que «lo que no puede pretender Bildu es que, como no podemos quedarnos con la luna, no tengamos nada». Contrariamente a la idea que se pretende imponer, el texto firmado por Iñigo Urrutia no es una declaración de independencia, puesto que EH Bildu ya dejó claro que su documento era una aportación para el acuerdo, no lo que le gustaría como proyecto propio. Recoge claramente en su artículo 170 todo un proceso muy gradual por el que la revisión de las relaciones entre la Comunidad y el Estado debe hacerse de «común acuerdo».

Estos son tres puntos sustanciales para tener en cuenta cuando en octubre, después del pleno de política general de finales de setiembre, pueda reactivarse el debate sobre la concreción del Nuevo Estatus.