La «campaña agraria» estatal aflora un gran volumen de fraude laboral

La «campaña agraria» que impulsó la ministra española Yolanda Díaz arroja infracciones en el 42,1% de los sitios con multas por 18 millones de euros. Casi un tercio de los casos incluía irregularidades con trabajadores extranjeros.

El año pasado, cuando la ministra española de Trabajo y ahora vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, anunciaba la denominada «campaña agraria» para combatir las condiciones de «esclavitud» que a veces se detectaban en algunos campos y latifundios, las patronales agrarias salieron en tromba a cuestionar el tono del mensaje y expresaron su «estupor». Los resultados de las inspecciones acabaron siendo un bumerán.

La semana pasada, el Ministerio de Trabajo dio a conocer los resultados de las inspecciones de los primeros cinco meses del año, en los que por cuestiones de la estacionalidad de la producción agraria ya se ha realizado el 71 por ciento del total. De las 7.137 inspecciones o expedientes finalizados entre el primero de enero y el primero de junio, en 3.004 «se han detectado infracciones».

Según la cartera laboral, esto ha implicado un importe de sanciones de multa de 17.963.783 euros y de dichas infracciones, 874 son sanciones por trabajo irregular de personas extranjeras, es decir, el 29,1% del total. Además, los funcionarios de la Inspección de Trabajo Y Seguridad Social han extendido expedientes liquidatorios por un importe de 3.205.304 euros y se han tramitado 847 altas de oficio.

En un comunicado, Trabajo ha subrayado que la Campaña Agraria «tiene como objetivo principal luchar contra la economía irregular, tanto de personas trabajadoras nacionales como inmigrantes, así como garantizar el respeto a sus condiciones laborales y de seguridad y salud». Además, señala que la situación de crisis sanitaria provocada por el covid-19 «determinó la intensificación» de la estrategia comenzada en 2020, «en atención a las especiales circunstancias y en particular al cumplimiento del RDL 13/2020».

Este real decreto que menciona es el del 7 de abril del año pasado y fueron los primeros ruidos entre el Ministerio de Trabajo y las patronales agrarias. En aquel momento y con motivo de la sanción del 13/2020, la cartera que dirige Díaz había dicho que procuraría que sus inspectores persigan las condiciones de «esclavitud laboral o prácticas similares» y «malos tratos» a las que algunos productores someten a sus jornaleros. Los propietarios dijeron sentirse «estigmatizados».

«Incredulidad, estupor e indignación» se leía en uno de los comunicados de aquel entonces de la patronal Asociación Agraria de Jóvenes Productores (Asaja), que hasta llegó a pedir la dimisión de Díaz en algunas de sus seccionales andaluzas, escandalizadas porque los formularios de los inspectores incorporaron opciones en sus folios para detectar si «el trabajador presenta magulladuras» o si «están encerrados en el lugar de trabajo» con «signos visibles que indiquen que no puede abandonar el lugar de trabajo, como alambradas».

El debate se mezcló con el enfado patronal por la subida del salario mínimo y provocó la intervención de los líderes de UGT y CCOO, que pidieron no dejarse llevar por las manifestaciones «de la derecha terrateniente, carca» que intenta mantener una situación en el campo «de sumisión» y «miseria salarial».

Leve caída de la explotación

Los datos de situaciones de infracción laboral son una paradoja del enfado de patronales como Asaja y COAG, ya que tan sólo en la inspección de cinco meses se han encontrado más de tres mil violaciones a la normativa de derechos laborales. Sin embargo, a pesar de la gravedad de la situación, los números han mejorado con respecto a las revisiones de 2020.

Según los datos del Ministerio de Trabajo y Econosmia Social, entre mayo y diciembre de 2020 se detectaron infracciones en 1.178 de un total de 1.647 inspecciones finalizadas, es decir, el 72 por ciento, con sanciones que superaron los siete millones de euros. Los registros oficiales de lo que va de este año dados por la cartera laboral en esta última semana exhiben una caída al 42,1 por ciento del total. Si bien este año la campaña ha sido más amplia, la proporción ha bajado a casi la mitad del total.

Fuentes del Ministerio de Trabajo preguntadas por GARA explicaron que las inspecciones «se hacen en serie y por regiones», y que se han focalizado particularmente en las provincias andaluzas porque «es la temporada de cosecha en las zonas de frutos rojos (fresas, frambuesas, arándanos, etc)», fuertemente concentrado en Huelva.

Las mismas fuentes afirman que las inspecciones actualmente se están focalizando  donde se lleva a cabo la cosecha de fruta de hueso (extendida no sólo en Andalucía sino también Extremadura, el Pais Valencià, Aragón y Catalunya). Aseguran que cuentan en sus revisiones con la colaboración de fuerzas de seguridad estatales y que «se han incrementado las inspecciones y reforzado en recursos y dotación».

Según la información suministrada, restan finalizar y procesar los datos de más de 2.900 inspecciones realizadas antes del 1 de junio pasado, lo que actualizará las cifras actuales.