El Gobierno español y el de Ceuta acuerdan el regreso de los menores a Marruecos

Los presidentes del Gobierno español y de Ceuta, Pedro Sánchez y Juan José Vivas, han llegado a un acuerdo para un «regreso seguro y ordenado» a Marruecos de los menores que permanecen en la ciudad autónoma desde mayo.

El acuerdo, fruto de la reunión que ambos han mantenido este miércoles en la Moncloa, ha sido rechazada de inmediato por la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado, que ha criticado el «abandono» de ambos ejecutivos «en explorar otras vías humanitarias para dar solución y respeto a los derechos de los más de 700 menores que desde hace meses malviven en instalaciones insalubres e inadecuadas para su acogida».

Por su parte, aunque sin referirse en concreto a lo anunciado tras la reunión, fuentes de Podemos han subrayado que «es imprescindible que la repatriación de los menores respete el procedimiento y garantías establecidas en la normativa interna en defensa del superior interés del menor».

Según ha informado el Gobierno español en una nota, Sánchez ha anunciado a Vivas, en la reunión de alrededor de una hora que han mantenido en Madrid, un «triple refuerzo para un regreso seguro y ordenado de los menores», con «tres ejes: el de las capacidades, el administrativo y el diplomático».

El Ejecutivo ha afirmado que «ambos presidentes han coincidido en la necesidad de favorecer este regreso seguro y ordenado de los menores a su país de origen, especialmente con ocasión del comienzo del curso escolar, ya que su permanencia en Ceuta puede perjudicar enormemente su desarrollo educativo y aumentar su desarraigo familiar».

En este sentido, ha añadido que «el interés de los menores aconseja poner fin a una situación extraordinaria que tuvo como origen una crisis diplomática ya resuelta, pero que sigue suponiendo un desafío a los servicios públicos de la ciudad y al bienestar de los menores afectados, lo cual obliga a las administraciones públicas a encontrar una solución efectiva».

Regresos paralizados por los jueces

El presidente de Ceuta, por su parte, ha reiterado, en una rueda de prensa tras la reunión, que los «retornos» actualmente paralizados por la Justicia se habían llevado a cabo «de manera conjunta y coordinada entre los dos gobiernos», cada uno tomando sus respectivas decisiones «en su propio ámbito» y pensando que se estaba «actuando de manera correcta», aplicando el acuerdo suscrito en su día con Marruecos a estos efectos.

Sin embargo, ahora, tras el auto del martes del Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 1 de Ceuta que ratificó la paralización de nueve traslados de menores a Marruecos, se van a tramitar de acuerdo al Reglamento de la Ley de Extranjería, porque «las decisiones judiciales se acatan se respetan y se aplican», ha subrayado Vivas.

Para el presidente ceutí, el auto ha provocado la paralización de los retornos «en las condiciones en que se estaban produciendo», pero «no ha dicho que los retornos no sean posibles».

Vivas ha expresado su «agradecimiento y reconocimiento al presidente del Gobierno por la rapidez en la respuesta» y por su «implicación personal»; ha evitado cualquier declaración que pudiera sonar a discrepancia con el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, del que ha llegado a decir que «lleva razón»; y ha dicho que no ve «ninguna contradicción» entre su discurso y el de la dirección del PP y, en concreto, el del presidente de su partido, Pablo Casado.

«Pacto PSOE-PP»

Por su parte, la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado ha lamentado que en lugar de «explorar un nuevo reparto territorial», «se comprometen medios humanos y recursos económicos solo para garantizar la expulsión de los menores, lo que no mejorará, mientras dure ese proceso de instrucción, ninguna de las necesidades educativas, asistenciales y terapéuticas de los menores actualmente tutelados o en situación de tránsito».

A juicio de la Red, este «pacto –como lo ha calificado– entre el PSOE y el Partido Popular» solo supone «un acuerdo para la expulsión que cumple con las expectativas de la extrema derecha y que viene a atacar a los menores migrantes y vulnera sus necesidades inmediatas».

A su vez, fuentes de Podemos han insistido, en la línea de la carta que la ministra de Asuntos Sociales, Ione Belarra, envió al titular de Interior, que «es necesario definir adecuadamente un protocolo que proteja a los menores» y establezca que los que deseen volver con sus familias puedan hacerlo «en condiciones de seguridad» y que los que no deseen regresar «se queden en España en condiciones de acogida dignas».

Para los socios de Gobierno de Sánchez, los menores no acompañados que entran en en el Estado español «deben ser protegidos tal y como establece la Convención Internacional de los Derechos de la Infancia, lo que dice nuestra ley de infancia y adolescencia y lo que dice la legalidad que debemos cumplir», además de que «el acuerdo con Marruecos, un país que vulnera sistemáticamente los derechos humanos, no está por encima de los derechos de la infancia y así lo confirma el auto».

Suspicacias de todas las ONGs

Entretanto, Amnistía Internacional (AI) ha advertido al Gobierno español que «no pueden volver a producirse devoluciones colectivas de menores no acompañados sin garantías por ser contrario a la ley», y ha exigido que se examine en cada caso qué es lo mejor para el menor atendiendo a su interés y bienestar.

«Les recordamos que la paralización de las devoluciones confirmada por la Justicia se debe a la consideración de que son contrarias a la normativa española y vulneran el derecho a la tutela judicial efectiva reconocida en la Constitución española», ha manifestado el director de AI, Esteban Beltrán.

La organización también han pedido que cualquier medida que se tome sobre los menores debe ser «garantizando sus derechos humanos, así como la legalidad nacional e internacional» y ha alabado la suspensión por parte de los tribunales de estas devoluciones: «es una buena noticia».

Por otro lado, nueve organizaciones de infancia entre las que se encuentran Save The Children, Unicef o Plataforma de Infancia se han sumado a la preocupación por los menores migrantes ante la «única solución» planteada por el Ejecutivo español: las repatriaciones.

Además, inciden en que es necesaria una evaluación «individual y específica» de cada menor para determinar cuál es «la solución duradera que mejor responde a sus necesidades y a su bienestar, la integración en el país de acogida, reasentamiento en un tercer país o retorno al país de origen con su familia o al sistema de protección de dicho país».