UGT afirma que las condiciones de Lakua invitan al personal penitenciario a irse
El sindicato mayoritario de prisiones, Acaip-UGT, ha criticado las condiciones laborales planteadas por Lakua con la transferencia de prisiones y ha indicado que «parecen una invitación al personal» a que abandone las cárceles de la CAV.
El presidente del sindicato mayoritario de prisiones, Acaip-UGT, José Ramón López, ha afirmado este martes que la condiciones laborales que plantea el Gobierno de Lakua para los trabajadores penitenciarios en las negociaciones que mantiene con las centrales para la asunción de la transferencia de prisiones (desde el 1 de octubre) «parecen una invitación al personal a que abandone Euskadi».
«Hay que empezar de cero y crear una estructura nueva, que incluya una relación de puestos de trabajo», ha destacado en una rueda de prensa en Bilbo. En este punto ha centrado sus críticas al Ejecutivo: «No han calibrado bien los aspectos técnicos de la competencia», «hay mucho desconocimiento de cómo funciona un centro penitenciario y de sus necesidades», «se nota una gran falta de previsión» o «es una competencia muy deseada, pero muy poco trabajada y desarrollada técnicamente», ha citado.
Junto al secretario general de UGT-Euskadi, Raúl Arza, López ha expuesto las «líneas rojas» que como sindicato se plantean en dicha negociación, que afecta a cerca de 700 trabajadores de los tres centros penitenciarios de la CAV, que pasarán a depender de la administración autonómica el próximo 1 de octubre.
A favor de la transferencia
Tras defender el traspaso de la competencia y matizar que dicho traspaso debe hacerse en las mejores condiciones para los trabajadores «y no a su costa», López ha expuesto que las condiciones laborales que plantea Lakua «no recogen» derechos adquiridos de los empleados públicos en materia de retribuciones, complementos, horarios o permisos porque, en la mayoría de los casos, no figuran ni se aplican en las instituciones, pero suponen cantidades económicas «importantes», ha precisado.
«Le hemos dicho al Gobierno Vasco que si no rectifica aconsejaremos a los trabajadores que se presenten al concurso de provisión de puestos de trabajo previsto para el próximo mes de marzo y se puede encontrar con un 40-50 % menos de plantilla, que se sumaría a las 90 plazas vacantes que existen en este momento», ha dicho, y ha recalcado que esto afecta al servicio que se presta y crearía «un gran problema».
La solución es crear una estructura nueva y con una nueva relación de puestos de trabajo, pero es «un proceso muy largo», ha admitido, por lo que UGT aboga porque el Ejecutivo Autonómico cree una bolsa de empleo interino hasta entonces.
También ha reclamado la regulación de una segunda actividad a partir de una edad, ya que la media de los trabajadores oscila entre los 48 a los 54 años, cuando la población reclusa es cada vez más joven. «Esto es muy importante y afecta a la salud laboral, pero el Gobierno Vasco no quiere saber nada. La pelota está en su tejado», ha sentenciado.
El acuerdo, a día de hoy «está lejos», según ha reconocido y tras remarcar que ejecutar el traspaso de la competencia sin el acuerdo de los sindicatos «sería un grave error», ha criticado también que en las reuniones con el Ejecutivo únicamente tratan temas técnicos y que en este momento, lo sindicatos desconocen cuál es el «modelo vasco penitenciario».
Concentración de ELA en Lakua
Por su parte, el sindicato ELA realizará este miércoles una concentración en Lakua de 11.00 a 12.00, coincidiendo con la reunión entre sindicatos y Gobierno, «para exigir un sistema penitenciario vasco más democrático y social, y defender unas condiciones laborales dignas».
Según han explicado, «ELA considera que Euskal Herria necesita un modelo que tenga como objetivo la integración social de las y los encarcelados y que sea público, moderno y humano». Asimismo, el sindicato considera que «dicho sistema debe respetar todos los derechos de los presos y presas, prestando especial atención a las mujeres presas, y garantizar unas condiciones laborales dignas para los trabajadores y trabajadoras de prisiones», aunque lamentan que «las negociaciones no van en esa dirección».